Tras varias semanas de fuertes críticas y debates, el Congreso sancionó la ley que beneficia la producción de artículos electrónicos en Tierra del Fuego y deja en desventaja al resto de los empresarios que producen en otros distritos. ¿Qué zonas quedan indefensas y qué escenario se anticipa?
Como suele suceder, los cambios en las reglas de juego orientadas a beneficiar a un sector pueden resultar, al mismo tiempo, muy perjudiciales para otros. Más aún, cuando se trata de sancionar leyes que modifican el escenario en materia empresarial. Y el impuestazo tecnológico viene a ser uno de estos casos.
Sucede que la nueva norma pone en una situación muy crítica al resto de las empresas que, instaladas en otros distritos del país, hoy producen desde monitores hasta celulares y todo tipo de equipamiento de comunicaciones.
Si bien la “onda expansiva” de la nueva ley amenaza con propagarse a lo largo y ancho del país, hay cuatro territorios que aparecen como las primeros afectados. Son, precisamente, aquellos que acumulan más de 1.000 emprendimientos en materia de hardware nacional y emplean a miles de personas: nada más ni nada menos que Córdoba, Santa Fe, San Luis y Buenos Aires.
Beneficios “VIP” para Tierra del Fuego
La nueva normativa establece que aquellos dispositivos que no se produzcan en suelo fueguino sufrirán un aumento en el IVA (impuesto al valor Agregado), y la alícuota pasará del 10,5 al 21 por ciento. Además, elimina la exención de impuestos internos, que comprende un porcentaje del 26 por ciento.
La medida alcanza a:
- Teléfonos móviles
- Cámaras digitales
- Reproductores de música en formato MP3
- Monitores
- Televisores de pantalla plana
- Dispositivos GPS.
- Heladeras y Congeladores.
- Calentadores y estufas eléctricas.
- Microondas.
Vale decir: la combinación entre la quita de exenciones a aquellos empresarios que operen fuera del territorio austral por un lado y, por el otro, los mayores beneficios tributarios otorgados a quienes sí operen en ese lugar, abre una profunda grieta entre unos y otros con muy graves consecuencias para el sector.
Impacto
Como consecuencia de esta medida, aseguran desde entidades tales como la Cámara de Informática y Telecomunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), se perderían hasta 180.000 puestos de trabajo.
Además, desde las compañías aseguran que la concentración de la actividad, sólo en el sur, traerá aparejado un retraso estratégico en lo que hace al diseño de nuevas tecnologías.
Las quejas ante esta “protección fueguina” alzó las voces de varios empresarios, que eligieron tiempo atrás otras zonas del país para instalar sus fábricas y, tal como aseveran, tira por la borda un esfuerzo que se viene realizando desde hace años para potenciar la actividad.
Fuentes consultadas por iProfesional.com, que prefirieron reserva de identidad, enfatizaron que la sanción de la nueva norma los deja en total indefensión y desventaja. Además, mencionaron a modo de ejemplo, que desarticula el vínculo entre empresas y universidades que tanto tiempo costó hilvanar, fomentado por los sucesivos gobiernos de provincias tales como Córdoba y San Luis.
Las firmas ya dan por descontado que, como consecuencia de la menor producción, nuevamente volverá a profundizarse la falta de recursos humanos especializados en el desarrollo electrónico.
Corralito en Tierra del Fuego
Otras voces críticas, que también se hicieron escuchar, provinieron desde los distintos polos tecnológicos y parques informáticos que operan en distintos puntos del país, alejados de la provincia austral.
Sucede que muchas compañías podrían verse obligadas a migrar sus respectivas estructuras de producción, para así correr con iguales ventajas en materia tributaria.
Sin embargo, de intentar hacerlo, aparece otra cuestión clave y que encendiera la polémica entre los distintos actores del sector, tras un informe que diera a conocer iProfesional.com.
El mismo daba cuenta del delicado estado de situación de la provincia fueguina en materia de infraestructura y logística.
La falta de predios para la puesta en marcha de nuevas plantas, la ausencia de proveedores de insumos, la veda invernal, problemas jurídicos y alteraciones en los procesos productivos, entre otras cuestiones, fueron algunas de las dificultades que esgrimieron las propias firmas instaladas en ese territorio, a la hora de enumerar las trabas con las que se topaban para operar normalmente en el lugar (ver: Impuestazo: la verdad que esconde Tierra del Fuego y el "corralito" a las empresas)
Buenos Aires
Gustavo Vilches, de la compañía Sicsa –fabricante en el país de computadoras–, fue lapidario al referirse acerca de cómo complicará el impuestazo a la producción de tecnología, tanto en Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires.
“Vamos a dejar de existir, acá legislan para beneficiar a Tierra del Fuego”, enfatizó. En declaraciones a iProfesional.com, el ejecutivo, que además es presidente de la subcomisión de informática de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficinas, Comerciales y Afines (Camoca), afirmó días atrás que la ley no debía ser sancionada tal como fue presentada.
Vilches justificó la dura oposición del sector en la necesidad de luchar “por la preservación de una industria nacional de bienes informáticos que tenga carácter federal, por los puestos de trabajo que generan las empresas instaladas en las 21 provincias del país y por el acceso a estos bienes por parte de toda la población, evitando que el impuestazo aumente significativamente el precio final”.
En igual sentido, Adrián Lamandía, ejecutivo Novatech - fabricante de memorias para computadoras- definió a la aprobación del impuestazo como el lanzamiento de “una agenda de ábacos”.
Córdoba
“En Córdoba, en el caso de las empresas que integran nuestra cámara, se fabrican sistemas de telecomunicaciones para satélites, dispositivos para televisión e incluso estabilizadores de tensión para las computadoras. También tecnología de telefonía y elementos de electrónica médica. Al trasladarse todo esto a Tierra del Fuego, se perderá una parte importante de genuina tecnología argentina”, aseguró a iProfesional.com Jorge Berti, presidente de la Cámara de Industrias Informáticas y Electrónicas de Córdoba y Centro de la Argentina (CIIECA).
“Hoy la industria electrónica es la que más factura en el mundo. Incluso más que el petróleo. Si la Argentina pierde visión respecto de la importancia estratégica que tiene, entonces se está condenando a ser siempre un país del tercer mundo”, añadió.
La CIIECA integra a unas 100 empresas, con un área de desempeño que comprende a toda la provincia de Córdoba. “Nuestras compañías generan, entre empleo directo e indirecto, más de 6.000 puestos de trabajo. Eso se perderá en poco tiempo, de ahí que nos preocupe que en ningún momento se haya medido el impacto sistémico que acarrea este impuesto”, dijo.
Berti puso en duda, además, el valor agregado que se obtendrá por la producción de artículos electrónicos en Tierra del Fuego. “Es muy poco probable que se pase a fabricar de manera concreta, como se hace en Córdoba en este momento. De dedicarse al ensamblado, se habrá afectado otra vez la importancia y la evolución de nuestra industria”.
Las palabras del titular de CIIECA fueron compartidas por Juan Negrini, gerente operativo del Clúster Tecnológico Córdoba: “Este impuestazo obliga a las tecnológicas mediterráneas a replantear sus respectivas estrategias de costos y negocios”, alertó.
“En el clúster contamos con 16 empresas que elaboran hardware. Podría perderse la producción de componentes para celulares, equipos de GPS, terminales para agro-negocios y sistemas satelitales. Es decir, todo el dinero que se ha invertido en estos desarrollos”, expresó.
Los polémicos efectos de la nueva ley también fueron abordados por grandes firmas como Intel, que desarrolla software en territorio cordobés. En esa dirección, Esteban Galuzzi, gerente general de la compañía para el Cono Sur, calificó al nuevo marco de “inadecuado”. Y añadió: “No creemos que el camino para que se desarrolle una industria nacional sea por el lado de castigar al consumo”.
Santa Fe
El panorama futuro para la industria santafesina, adelantaron empresarios de esa provincia, no se diferenciará mucho del escenario porteño y cordobés.
En ese territorio operan unos 850 fabricantes de electrónica, y la actividad genera alrededor de 8.000 puestos de trabajo. El grueso de estos empleos, precisaron fuentes santafesinas, se perdería a raíz del “impuestazo”.
“Si bien son excluidas las computadoras portátiles, en la normativa se mantiene el problema de los monitores. Y tampoco se dice nada sobre cuáles son los teléfonos celulares que serán alcanzados por la ley. Producir en Santa Fe será más complejo”, comentó a iProfesional.com Fabiana Cereseto, titular de la Cámara de Empresas Informáticas del Litoral.
“Es indudable que habrá muchísimos aumentos y hoy ya hay representantes de cadenas de electrodomésticos que registran un faltante a nivel televisores y monitores LCD. Esto se profundizará con la nueva ley”, dijo.
Cereseto sostuvo que entre las afectadas por la medida también se ubican compañías “que hacen sistemas de comunicaciones y equipos médicos”. "El régimen de Tierra del Fuego debería desaparecer. Por más que se quiera, nunca vamos a poder pelearle el sitio a Manaos. Hace 37 años que existe, y contra eso no se podrá nunca competir”, expresó.
San Luis y sus computadoras subsidiadas
El encarecimiento de los productos también oprime los intentos por achicar la brecha digital. Y golpea de lleno a algunos gobiernos, como es el caso de San Luis.
Así, en el área puntana la administración provincial promueve un plan de alfabetización que comprende la entrega de computadoras en cuotas a la población.
La suba en los valores que ahora rige para este equipamiento complica el esquema de compras previsto.
“Nuestro plan establece que el Estado provincial se haga cargo del 50% del valor de las computadoras. A partir de ahora todos esos equipos nos costarán mucho más. La gente tendrá cada vez menos posibilidad de acceder a dispositivos que aseguren la inclusión”, aseguró a iProfesional.com Alicia Bañuelos, ex Ministra del Progreso de San Luis y actual rectora de la Universidad de La Punta (ULP).
Bañuelos sostuvo que nunca comprendió del todo cuál es el objetivo que persigue la concentración de la industria electrónica en Tierra del Fuego.
“Para que la Argentina avance en materia digital y se alcance a toda la población, necesitamos que los impuestos no existan o sean muy bajos. Con esto, se privilegiará la producción de ciertas cosas, y habrá tecnologías que lamentablemente dejarán de comprarse”, comentó.
En paralelo, la funcionaria deslizó la posibilidad de que la normativa aprobada inhiba la instalación de fabricantes de tecnología en San Luis.
“Hay varias empresas ya radicadas en nuestra provincia, pero a partir de ahora, no sabemos cómo evolucionarán las cosas”, concluyó.
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