Las diversas medidas que adopta la industria discográfica para evitar la "piratería" digital y los servicios brindan plataformas como Flickr o Spotify podrían servir de experiencia para otros sectores como los medios de comunicación.
James Harding ha dicho basta. El director de The Times está cansado de que los lectores digitales lean sus noticias sin pasar por caja. Por lo que a partir de la próxima primavera su edición online será de pago. "Vamos a atacar la cultura de lo gratis", advirtió Harding la semana pasada en una reunión de directores de periódicos en Londres. Son palabras que resumen el punto de inflexión al que se acerca el consumo de información y bienes culturales en la Red.
Nunca se había accedido a tanta cultura pero nadie parece encontrar la fórmula para rentabilizar ese volumen de potenciales clientes. De momento, la búsqueda de nuevos modelos de negocio se combina con la coerción. Por un lado, proliferan las medidas de control de Internet.
El Parlamento Europeo ratificó el martes casi por unanimidad la directiva que permite desconectar a los usuarios que se descarguen archivos con copyright sin necesidad de una orden judicial previa. Francia y Reino Unido elaboran legislaciones para sancionar con desconexiones a internautas y Estados Unidos impulsa un acuerdo internacional para que se pueda perseguir a los proveedores de Internet -ISP- que permitan el intercambio de archivos protegidos.
Mientras tanto, el magnate Rupert Murdoch planea hacer de pago las ediciones digitales de sus diarios -como The Times-. Por otro lado, nacen alternativas comerciales a la piratería.
Todos miran a la industria musical, la que primero y más profundamente sufrió el impacto de Internet. Hay varias tentativas y una de las más destacadas es Spotify , el servicio online de música gratuita en streaming -sin descargarla-, que es legal y se financia con publicidad y suscripciones. Parte de un acuerdo con las grandes majors.
De momento, es un éxito moderado. Tiene cerca de cinco millones de usuarios, según sus creadores, y sólo está disponible en Suecia, Noruega, Finlandia, Reino Unido, Francia y España. Su modelo podría servir de ejemplo para otras industrias, según indica The Economist.
Eso sí, los analistas advierten de que es necesario aumentar las suscripciones para que sea rentable de verdad. Otras vía de negocio proponen que las operadoras ofrezcan contratos de banda ancha y de consumo de música juntos.
La danesa TDC, por ejemplo, ofrece un extenso catálogo de canciones con los contratos. Los temas desaparecen cuando el cliente se da de baja. La operadora estadounidense Comcast planea adquirir NBC, por lo que también podría ofrecer contenidos con sus contratos. En España, la industria cultural junto a los grandes estudios de EE UU preparan para mayo de 2010 una macroweb que ofrezca descargas autorizadas de música y cine. Nadie parece tener la fórmula definitiva pero estas son iniciativas que apuntan hacia un camino viable.
"Cierto, los ingresos serán menores que los de las ventas de CD, pero es mucho mejor que nada. La industria discográfica se reducirá mucho, pero no desaparecerá", augura The Economist. La cuestión es determinar si se puede imponer algún tipo de pago a cambio de acceder a contenidos que están disponibles virtualmente gratis.
"El modelo en la Red tiende a la gratuidad o hacia la percepción de gratuidad por parte del usuario", sostiene Fernando Garrido, del Observatorio para la Cibersociedad. El de Spotify es un modelo de negocio similar a otros como Flickr, Facebook o Fotolog, que aparentemente son gratuitos, añade. "Es un gratis con muchas comillas, porque se consigue ganar dinero de forma indirecta -a través de publicidad o similares-, por medio de la venta de otros contenidos de pago o con la venta de servicios premium".
Con todo, algunos expertos discrepan de que la gratuidad sea viable. "La música no puede ser totalmente gratis pero hay que asumir que la industria discográfica ha tocado techo y hay que buscar otro modelo´, sostiene José Luis Campos, profesor de comunicación de la Universidad de Sevilla y autor del ensayo Cuando la música cruzó la frontera digital. "Hay que dar un valor añadido a los productos; como que un CD adjunte una entrada a un concierto, que es donde los artistas pueden obtener grandes beneficios".
Y eso que lo gratis en la Red es relativo, ironiza Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. "Lo de consumir sin pagar es muy discutible, porque en España pagamos el ADSL más caro y lento de Europa".
A la industria le urge hallar un modelo de negocio viable. Las cifras apremian. Las descargas en la web holandesa Mininova, la segunda más popular, ya ha superado los diez mil millones de descargas. "Pueden intentar cerrar estas webs, pero serán reemplazadas inmediatamente por otras", prevé Ernesto, seudónimo bajo el que se oculta el autor del blog Torrentfreak, una de las mayores referencias en las noticias sobre redes p2p.
"Esto ya ha sucedido en el pasado y mientras no haya -buenas- alternativas legales, los consumidores seguirán compartiendo archivos. La gente quiere disfrutar de acceso ilimitado a la música y al cine y tener televisión a la carta, así que corresponde a la industria desarrollar un servicio que satisfaga la demanda". Son atractivas zanahorias para el internauta que se alternan con los palos administrativos.
El último proviene de la Eurocámara. La directiva aprobada ayer permite restringir el acceso a Internet sin necesidad de una orden judicial previa, aunque la última palabra la tiene la legislación de cada Estado. El texto es algo ambiguo porque por un lado contempla la posibilidad de sancionar al usuario y por el otro le defiende otorgándole el derecho a "una revisión judicial efectiva y oportuna".
Unos lo interpretan como un reconocimiento, aunque a posteriori, del derecho a la privacidad de los usuarios y otros, como un respaldo a las nuevas leyes, tanto la versión francesa como británica, que permiten desconectar a los clientes que hagan descargas masivas tras enviarles tres avisos. La aprobación ha sido recibida por los internautas como un retroceso.
El texto modifica la enmienda original, que impedía cualquier restricción indebida del acceso "sin una orden judicial previa". Bruselas, sin embargo, sigue abogando por la defensa de los derechos fundamentales de los internautas.
La protección de la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad serán prioritarios en la normativa europea, dijo Viviane Reding, comisaria europea para la Sociedad de la Información, en un encuentro internacional en Barcelona. "La represión no va a detener la piratería en Internet, incluso puede provocar el efecto contrario", advirtió. Y anunció que la Comisión preparará una ley europea sobre copyright para acabar con la fragmentación legislativa de los 23 miembros.
De hecho, los cortes del servicio no son sencillos. Sobre todo para las compañías de ISP, que sería las encargadas de desconectar a los clientes. "Es posible llevar controles pero causará problemas a las operadoras". Un usuario, por ejemplo, puede estar descargándose cientos de vídeos a través de eMule y ser localizado como un navegante intensivo.Pero ¿y si el material que se descarga no tiene copyright y por lo tanto no está prohibido?, se pregunta Gonzalo Álvarez Marañón, ingeniero de Telecomunicación y científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas -CSIC-. "Perseguir las redes p2p es imposible, sería como intentar cerrar los terminales de todos los usuarios", subraya. "Además, el internauta siempre puede cifrar el material, de manera que las operadoras sólo saben quién se está conectando a dónde pero no qué se está descargando". Y además hay que tener en cuenta los inconvenientes comerciales. "El atractivo de muchos contratos con grandes anchos de banda es precisamente la posibilidad de descargarse contenidos", añade Álvarez Marañón, autor del manual Cómo protegernos de los peligros de Internet.
A este nuevo marco de regulación europeo -los Estados miembros tienen de plazo hasta mediados de 2011 para adaptar sus legislaciones a la directiva- se añade el Acuerdo Comercial contra la Falsificación - ACTA -, un gran pacto internacional propuesto por EE UU -incluye a Japón, Corea del Sur, Canadá y la propia UE- para permitir que los propietarios de derechos de autor -discográficas o productoras, por ejemplo- puedan perseguir judicialmente a los proveedores de Internet por dejar que sus clientes intercambien archivos protegidos.
"Muchas son medidas desproporcionadas para causar temor e intentar disuadir a los internautas", añade Álvarez Marañón. "Tecnológicamente pueden llegar a controlar las descargas pero a costa de eliminar las libertades civiles, como el derecho al secreto de las comunicaciones", agrega. Un panorama difícil de importar a España, según reflexiona Víctor Domingo. "Para aplicar algo así tendrían que cambiar la ley para ilegalizar el p2p y para permitir espiar las comunicaciones sin una orden judicial´. E Insiste: "lo que está en juego aquí son los derechos fundamentales".
En España, las descargas son legales si no hay ánimo de lucro y para interrumpir el servicio a Internet se necesita una orden judicial previa, puesto que de momento no hay ninguna legislación específica sobre la materia. La industria cultural y las operadoras intentaron consensuar una autorregulación, pero las negociaciones fracasaron. Entre otras razones, la industria proponía sancionar con desconexiones a los usuarios, pero las operadoras se negaron.
"Esa no es la solución", subrayan desde Redtel, que agrupa a Telefónica, Vodafone, Orange y Ono. Ahora corresponde al Gobierno regular el sector. Una comisión interministerial está elaborando un informe sobre derechos de propiedad intelectual en Internet que presentará al Gobierno el 10 de diciembre para que sea elevado al Consejo de Ministros antes de fin de mes.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ya ha avanzado que no se perseguirán a los usuarios sino a los concentradores -webs que alojan o enlazan a archivos p2p, como BitTorrent, Ares, Mininova-. El objetivo cuenta con la aprobación de la industria cultural, representada por la Coalición de Creadores, que agrupa a las patronales del cine, la música, el software y las sociedades de gestión como SGAE.
"La cobertura jurídica que hay en toda actividad económica no se ha trasladado a Internet", se queja Joan Navarro, director de la Coalición. Hay que poner coto a los concentradores que, según Navarro, se lucran con los enlaces. "Una de estas webs, con 160.000 usuarios obtiene un millón de euros al año, según nuestros cálculos". Y rechaza la idea del lucro cesante, es decir contar cada descarga como un beneficio perdido. "La relación no es directa, pero el efecto de la piratería es que la industria musical ha perdido 5000 millones de euros en los últimos cinco años".
Cazar a los concentradores, sin embargo, tampoco es la panacea, según algunos expertos. "Muchas de esas páginas no alojan contenidos sino que enlazan a usuarios, y todas las sentencias en España dicen hasta ahora que compartir enlaces no es delito", considera Javier Pedreira, coautor del blog especializado en tecnología Microsiervos. "Si quieren perseguir concentradores, el mayor enlazador de contenidos es Google", ironiza Domingo.
Con todo, la página sueca The Pirate Bay, quizá la más utilizada del mundo, fue condenada en abril por "posibilitar" que los usuarios compartieran archivos. Sus administradores recibieron una multa de 2,7 millones de euros, aunque han recurrido. A las grandes medidas de control se añade la del magnate Murdoch, dueño de News Corp, que anunció su intención de hacer pagar a los usuarios por leer sus ediciones digitales.
"No hay suficientes anuncios en el mundo para hacer que todas esas webs sean rentables", ha avisado. "Preferimos tener menos gente que visite nuestras webs, pero pagando". Murdoch, además, ya ha dado un nuevo golpe de timón. Planea retirar todos sus contenidos de Google y alojarlos en Bing , el buscador rival, propiedad de Microsoft.
El magnate ya negocia para que el gigante del software le pague por ofrecer sus contenidos en Bing. Las cabeceras de Murdoch podrían obtener nuevas visitas y el buscador le comería cuota de mercado a Google.Lo sorprendente es que los usuarios podrían estar dando la razón a Murdoch. Sobre todo en Europa. En torno al 60 por ciento de los lectores de Finlandia, un 63 por ciento en Alemania y un 62 por ciento en Italia estarían dispuestos a pagar unos euros al mes por noticias online.
Por su parte, en Estados Unidos y Reino Unido la cifra baja al 48 por ciento, según un estudio de Boston Consulting Group. La mayoría pagaría entre 4 y 6 dólares por el acceso a las noticias online. Dispuestos a pagar, pero poco. Los usuarios desembolsarían por el contenido online un 62 por ciento de lo que pagarían por la misma información en formato impreso, según un estudio de PriceWaterhouseCoopers.
La mayoría de expertos aprueban alguna forma de pago, más viable en el entretenimiento y menos en la información. Eso sí, todos coinciden en que la industria discográfica ha llegado al límite.
El cambio es radical. No es sólo una modificación del consumo de música o cine, sino una transformación completa del modo en que accedemos a la cultura y al conocimiento en la Red, subraya José Luis Campos García. Ya lo ha vaticinado el director de The Times: "La forma de los medios de comunicación (y de la cultura, se podría añadir) en 2020 se decidirá por lo que estamos haciendo ahora".
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