El Gobierno está decidido a acabar con la alegalidad que, a día de hoy, supone el juego por Internet, una actividad cada vez más extendida y que supone, por un lado, un negocio a espaldas de la Hacienda Pública y, lo que es más peligroso, un camino para el blanqueo de dinero procedente de actividades ilegales.
Ante esta situación, el Ejecutivo reunió el pasado miércoles en la sede del Ministerio del Interior a representantes de todas las comunidades autónomas para entregarles un documento en el que se recogen las líneas generales de la política que quiere desarrollar. El documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, ha sido elaborado por la Secretaría de Estado de Hacienda, dependiente del Ministerio de Elena Salgado.
La filosofía de los planes del Gobierno es clara: 'Lo que no está permitido, está prohibido'. Así lo deja claro en diferentes puntos del documento, que lleva como título 'Regulación del juego. Visión general' y está fechado en enero de este mismo año.
El plan trasladado a las regiones pasa por tener lista en los próximos meses una ley estatal del juego, que obtenga el máximo consenso posible, y que regule toda actividad de juego "dirigida a todo el territorio del Estado o a más de una comunidad".
Licencias y poblicidad
Las apuestas 'online' van a estar mucho más vigiladas que hasta la fecha. Hoy, la falta de legislación permite operar a cualquier compañía. Con la nueva ley, esto acabará. "Cualquier modalidad de juego no autorizada estará prohibida". Y, de antemano, se elimina la posibilidad de desarrollar apuestas que atenten contra "derechos fundamentales, discriminatorios o atentatorios de la dignidad de la persona", aquellos que "se fundamenten en la comisión de hechos delictivos o infracciones administrativas" o los que "recaigan sobre eventos prohibidos".
Otro punto polémico es la publicidad, cada vez más habitual, de las casas de apuestas. El Gobierno se comprometió ante las regiones a pedir a los medios que, mientras no se apruebe la ley, sean prudentes a la hora de aceptar anuncios de esas empresas. La cuestión es cómo se hace, admiten en el Ejecutivo y en las regiones.
Cuando la norma sea una realidad, sólo podrán hacer publicidad las casas de apuestas o juego habilitadas, previa autorización del nuevo regulador que creará el Gobierno. Y será el Ejecutivo el que otorgue estos privilegios, que podrán requerir, además, del permiso de la comunidad autónoma de turno. Se garantizará un "procedimiento concurrencial y transparente" para la obtención de estas licencias. Cada modalidad de juego requerirá de "una licencia singular de explotación".
Documentación
En todo caso, se exigirá que el operador sea una empresa de España o de la UE y que cuente con un establecimiento permanente en España. Deberá depositar una especie de fianza, entendida como "garantía general de solvencia", y "garantías adicionales" por cada tipo de juego. Además, tendrán que presentar un plan operativo de la actividad.
Si pasados tres meses de solicitar una licencia no se recibe autorización, se entenderá que la petición ha sido denegada. En caso de autorización, será necesario haber contado con la homologación de los sistemas técnicos que vaya a emplear la empresa. Y se exigirá una unidad central de juegos conectada con el regulador que permita el registro de todas las actividades. Los servidores, además, deberán poder ser controlados desde España.
Se regularán, asimismo, sistemas de protección para menores y otras personas vulnerables al juego. Se arbitrará un procedimiento de reclamaciones ante el regulador. Este organismo velará por proteger al jugador de fenómenos de dependencia y por la "integridad, seguridad, fiabilidad y transparencia" del juego.
En el apartado de sanciones, podrán adoptarse medidas como el bloqueo de actividades ilegales, la paralización de transacciones financieras o la supresión de campañas publicitarias.
Faltas y sanciones
Este primer documento no detalla el importe de las sanciones, pero sí clasifica algunas actuaciones en función de su gravedad. Así, se entenderán como infracciones muy graves la realización o promoción del juego ilegal, la manipulación de los sistemas técnicos, la realización de préstamos a participantes, la manipulación de los resultados o facilitar soporte técnico a operadores no autorizados.
Será considerado infracción grave la falta de colaboración con la inspección, hacer publicidad no autorizada o la falta de información a los participantes, así como la no tramitación de sus reclamaciones.
Queda por determinar cuál será la regulación fiscal de estas medidas, pero fuentes conocedoras de los planes del Gobierno apuntan en una doble dirección: gravar las actividades de los promotores como los de cualquier otra empresa, y, en segundo término, que los beneficios obtenidos por los participantes pasen por Hacienda, algo que ahora no sucede. Se piensa en un modelo similar al de los rendimientos del capital. Una retención inicial en cada premio (el ahorro tributa desde enero a un mínimo del 19%) y la liquidación definitiva en la declaración de la renta.
De momento se trata del primer borrador, pero el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y del de Economía y Hacienda, ya apunta cuáles son sus intenciones sobre el negocio del juego y las apuestas a través de Internet.
Los deportistas, en el punto de mira
El borrador prohíbe taxativamente jugar a los menores o incapacitados, quienes hayan solicitado quedar excluidos, así como directivos y accionistas de los organizadores y familiares directos. Pero hay más, y esto entronca con el reciente escándalo relativo a apuestas en un partido de Segunda División entre Las Palmas y Rayo Vallecano. Con la ley no podrán jugar "personas relacionadas con el desarrollo de las actividades deportivas en que se basen apuestas".
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