La construcción de la presa de Belo Monte, llamada a ser la tercera mayor central hidroeléctrica del mundo, tendrá que esperar. Un juez del Tribunal Federal del Estado brasileño de Pará ha ordenado la suspensión de la licencia que autorizaba el comienzo de las obras en plena selva amazónica. La Fiscalía había denunciado que se incumplían reglas para la concesión de la licencia ambiental y que se manipularon los números presentados en el proyecto.
La decisión suspende la licencia ambiental que, otorgada por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) el pasado 26 de enero, permitía la deforestación de 238 hectáreas de bosque para la construcción de la obra, cuyo coste total se estima en más de 10.000 millones de dólares. El magistrado argumentó que el proyecto incumplía 29 condiciones, entre ellas las medidas para garantizar la navegabilidad de los ríos, las acciones para la recuperación de zonas degradadas y los programas de apoyo a las poblaciones afectadas. El juez prohibió además que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que aportará el 80% de los recursos, siga financiando el proyecto.
La presa ha sido muy criticada por grupos ecologistas, que temen que se interrumpa el flujo del río Xingú, uno de los principales afluentes del Amazonas. También preocupan los efectos sobre la población indígena local: unas 50.000 personas podrían ser desplazadas por la inundación de 500 kilómetros cuadrados de tierras. Sin embargo, Belo Monte es una pieza clave para la política energética de la presidenta Dilma Rousseff, como lo fue para su antecesor, Lula da Silva. El Gobierno argumenta que la central creará 18.700 puestos de trabajo y generará electricidad para satisfacer las necesidades de 23 millones de hogares.
La batalla por Belo Monte ha sido larga. El proceso de licitación se detuvo tres veces por cuestiones ambientales y los indígenas llegaron a acudir al Congreso Nacional en Brasilia para protestar. La polémica cobró visibilidad internacional por la militancia de figuras como el cantante Sting, la actriz Sigourney Weaver y el cineasta James Cameron.
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La decisión suspende la licencia ambiental que, otorgada por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) el pasado 26 de enero, permitía la deforestación de 238 hectáreas de bosque para la construcción de la obra, cuyo coste total se estima en más de 10.000 millones de dólares. El magistrado argumentó que el proyecto incumplía 29 condiciones, entre ellas las medidas para garantizar la navegabilidad de los ríos, las acciones para la recuperación de zonas degradadas y los programas de apoyo a las poblaciones afectadas. El juez prohibió además que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que aportará el 80% de los recursos, siga financiando el proyecto.
La presa ha sido muy criticada por grupos ecologistas, que temen que se interrumpa el flujo del río Xingú, uno de los principales afluentes del Amazonas. También preocupan los efectos sobre la población indígena local: unas 50.000 personas podrían ser desplazadas por la inundación de 500 kilómetros cuadrados de tierras. Sin embargo, Belo Monte es una pieza clave para la política energética de la presidenta Dilma Rousseff, como lo fue para su antecesor, Lula da Silva. El Gobierno argumenta que la central creará 18.700 puestos de trabajo y generará electricidad para satisfacer las necesidades de 23 millones de hogares.
La batalla por Belo Monte ha sido larga. El proceso de licitación se detuvo tres veces por cuestiones ambientales y los indígenas llegaron a acudir al Congreso Nacional en Brasilia para protestar. La polémica cobró visibilidad internacional por la militancia de figuras como el cantante Sting, la actriz Sigourney Weaver y el cineasta James Cameron.
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