Fuente: La Voz de Asturias.
La Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual podrá solicitar la retirada de un prestador de servicios de la sociedad de la información, siempre y cuando incurra en ánimo de lucro "directo o indirecto". Los juzgados centrales de lo contencioso administrativo decidirán el cierre tras reunir a las partes en un máximo de cuatro días.
En su última revisión, el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible establece que la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual podrá solicitar la retirada de un prestador de servicios de la sociedad de la información, siempre y cuando incurra en ánimo de lucro "directo o indirecto".
Dice el párrafo a tal efecto: "La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial. La ejecución de estas resoluciones, en cuanto puedan afectar a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución, requerirá de la previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosos Administrativa."
Así mismo, el anteproyecto también establece que "Corresponderá a los Juzgados Centrales de lo contencioso administrativo autorizar, mediante auto, la ejecución de la resoluciones adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, adoptadas en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información."
1 comentario:
Esta mecha que ha encendido el anteproyecto de ley de economía sostenible en la red, no debemos permitir que la apague o ningunee el poder y sus prosélitos, pues están en juego derechos fundamentales. La propiedad intelectual no lo es, por mucho que lo proclame a los cuatro vientos el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Se quiere (si la ciudadanía no lo impide, pues no podemos confiar en los políticos, ya sean de babor o estribor) hacer una ley ad hoc, para defender a un colectivo retrogrado en perjuicio de la colectividad, sin darse cuenta que lo que hoy les beneficia, mañana les puede perjudicar como simples ciudadanos.
No debemos quedar callados ante tamaña tropelía, tenemos que actual, mañana puede ser tarde.
Llamada de auxilio a la red
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