Las ocho entidades de gestión de derechos de autor existentes en España (SGAE, Dama, Cedro, Vegap, Agedi, Egeda, AIE y Aisge) "que se han especializado en la gestión de un determinado conjunto de derechos que nadie más gestiona", según el informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), recibieron ayer un varapalo del organismo que preside Luis Berenguer.
El informe concluye que estas entidades mantienen una posición monopolística lo que, además de reducir sus incentivos a operar de modo eficiente, "facilita el establecimiento de tarifas inequitativas y/o discriminatorias".
La CNC considera que estas entidades se escudan en la falta de claridad de la Ley de Propiedad Intelectual, que el organismo propone modificar ya que favorece las barreras de entrada a nuevos actores en el mercado. A estas barreras de entrada se unen, según el informe, otras de carácter estratégico "que las entidades de gestión han establecido en un entorno regulatorio que no contrarresta su elevado poder de mercado".
La CNC considera que es posible un modelo más favorable a la competencia, "donde las entidades enfrenten mayor presión competitiva en la prestación de servicios a titulares y usuarios y los mecanismos de mercado puedan organizar esta actividad, dictando cuántas entidades deben existir, qué categorías de derechos deben gestionar y cómo deben gestionarlos".
El informe apunta que la necesaria introducción de competencia en el mercado de las entidades de gestión requiere reforzar la capacidad de elección de los titulares y de los usuarios.
A pesar de la crítica que la CNC hace a la Ley de Propiedad Intelectual, también recuerda que hasta 1987 en España sólo existía la SGAE, que gestionaba todo tipo de derechos en régimen de monopolio. Tras la aprobación de la norma surgieron nuevas entidades que no compiten en la gestión de los mismos derechos, sino que, a pesar de que la ley no lo imponía, cada una se ha especializado en la gestión de un tipo de derechos.
La reforma de la ley
La CNC cree que debe modificarse la Ley de Propiedad Intelectual para derribar algunas barreras de entrada a la gestión de derechos. Opina que debe eliminarse la obligatoriedad de la gestión colectiva a través de entidades de gestión, "con la excepción de cuando dicha obligatoriedad venga impuesta por una directiva europea". Apuesta por sustituir el actual sistema de autorización administrativa por un simple registro y por que las entidades puedan adoptar cualquier forma jurídica.
Dinero recaudado y no repartido
El informe de la CNC revela que las entidades de gestión de derechos generan montantes de cantidades recaudadas y no repartidas a ningún titular. "Es decir, recaudan dinero por un titular y después el titular no lo recibe", explica el documento en el que la CNC añade que la información sobre este tema es bastante escasa, y toda la que existe proviene de las propias entidades y de sus memorias.
Por ejemplo, en el caso de la SGAE y, según su Balance de Situación al cierre del ejercicio 2008, los derechos pendientes de reparto ascendían a 164,3 millones de euros.
El especialista en Derecho de la Competencia de Uría Menéndez, Antonio Guerra, opina sobre el informe de la CNC que es "de extraordinaria relevancia y necesidad, dada la elevada litigiosidad a que ha dado lugar esta materia en la última década". Este experto añade que la CNC ha sido valiente al entrar a analizar en detalle este mercado, desde todas las perspectivas posibles, "sin prejuicios y sin miedos"
Antonio Guerra opina que ahora es muy importante que el Gobierno siga las recomendaciones de modificaciones regulatorias que se contienen en el informe "para que el esfuerzo realizado por la Comisión Nacional de la Competencia no caiga en saco roto."
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