Las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) en España nos dan una sorpresa cada día. Si la semana pasada conocíamos que la agencia estadounidense había espiado a políticos y miembros del Gobierno español, hoy El Mundo ha revelado que la NSA espió 60,5 millones de llamadas en España en sólo un mes. Concretamente, entre primeros de diciembre de 2012 y principios de enero de este año.
La información parte de un gráfico de barras incluido en los documentos secretos del ex agente Edward Snowden. Con el título “Spain -last 30 days” (“España -últimos 30 días”), dicho gráfico muestra el flujo diario de llamadas, definidas con las siglas DNR, interceptadas entre el 10 de diciembre de 2012 y el 8 de enero de 2013.
Por ejemplo, el día de mayor trabajo para la NSA, el 11 de diciembre, la agencia espió más de 3,5 millones de llamadas realizadas en territorio español. En el extremo opuesto figuran los días 30 de diciembre, 1 y 2 de enero, en los que no aparecen llamadas en el gráfico. Este parón coincide con una bajada sustancial del tráfico de datos monitorizado durante las fechas de Navidad.
El espionaje de EEUU se limitaba a datos técnicos, sin registrar el contenido de las llamadas. El número de teléfono y las tarjetas SIM de los aparatos desde los que se realizaba la comunicación, el lugar donde se encontraban, el número de serie de los terminales y la duración de la llamada quedaban registrados por el software Boundless Informant. Este programa permite resumir y comprender automáticamente la información acumulada por los Sistemas de Inteligencia de Señales (SIGINT) mediante los que la NSA intercepta las comunicaciones, sin necesidad de que intervenga un agente.
El rastreo de comunicaciones por parte de la agencia estadounidense también se extendió a informaciones de carácter personal transmitidas a través del navegador de internet, el correo electrónico y redes sociales como Facebook o Twitter.
Este registro de datos realizado por la NSA está tipificado como delito en el Código Penal español. La Ley 25/2007 de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas y Redes Públicas de Comunicación protege la privacidad de este tipo de información.
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