El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ha anunciado que "a final de mes" se presentará al Parlamento Europeo un informe con las conclusiones de la consulta pública sobre neutralidad de la Red realizada a nivel europeo entre el 30 de junio y el 30 de septiembre.
Almunia ha fijado esta fecha en la inauguración del III Encuentro Internacional de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que se celebra en la sede del organismo regulador.
La fecha prevista para conocer los resultados tras la consulta era finales de 2010, pero a principios de octubre Lorena Boix, la jefa de gabinete adjunta de la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de la Agenda Digital, Neelie Kroes, explicó que el calendario se podía retrasar hasta 2011.
Con la consulta, todas las partes interesadas (operadores, proveedores de servicios y de contenidos, consumidores, empresas e investigadores) han podido enviar sus opiniones al Ejecutivo comunitario. Tras analizar las respuestas, la Comisión presentará una comunicación sobre la neutralidad de la Red, documento que definirá la opinión de la Comisión sobre la necesidad de nuevas iniciativas o directrices.
La consulta ha abordado asuntos como si se debe permitir que los proveedores de Internet adopten determinadas prácticas de gestión del tráfico, dando prioridad a una clase de tráfico sobre otra, si tales prácticas de gestión pueden crear problemas y repercutir injustamente en los usuarios, si el grado de competencia entre los diversos proveedores de servicios de Internet y los requisitos de transparencia del nuevo marco de las telecomunicaciones pueden ser suficientes y si la UE tiene que intervenir en mayor medida para garantizar la imparcialidad en el mercado de Internet o si el sector debe tomar la iniciativa.
Bruselas avala, en principio, que los operadores de telecomunicaciones discriminen entre los contenidos y servicios en Internet para gestionar el tráfico en sus redes, pero reclama que informen a sus clientes de estas diferencias de trato y les faciliten el cambio de operador si no están de acuerdo con estas prácticas.
En su respuesta a la consulta pública convocada por Bruselas sobre neutralidad de la Red, el Gobierno español defendió que "este principio no debe entenderse de modo estricto en el sentido de que todos los usuarios deban recibir idéntico tipo de servicio", sino que debe utilizarse para evitar "discriminaciones indebidas" por parte de los operadores.
Por su parte, Telefónica ha avisado de que "cualquier limitación impuesta por la regulación de la neutralidad de la Red a la capacidad de los operadores para realizar una gestión del tráfico adecuada y justa sería muy perjudicial y afectaría a la sostenibilidad económica, la innovación, la inversión futura y la experiencia de los usuarios en Internet".
En este sentido, ha puesto como ejemplo que el desarrollo de la banda ancha en Europa supone una inversión 850.000 millones de euros entre 2006 y 2015, lo que se traduce en la generación de un millón de empleos.
En el caso de España, el consejero delegado de Yoigo, Johan Andsjö, ha lamentado que "falta regulación" y en menor grado velocidad de conexión para desarrollar las comunicaciones móviles 4G. Ha considerado que hay voluntad de invertir, demanda y terminales suficientes entre 2011 y 2012, pero que la falta del 'refarming' está retrasando el despliegue.
"Hemos parado proyectos e inversiones" hasta que no se aclaren las cuestiones técnicas y de regulación pendientes, ha explicado. También ha alertado de la falta de capacidad en fibra óptica para conectar estaciones base móviles, lo que puede reducir la velocidad de las redes móviles a medio plazo.
El consejero delegado de Jazztel, José Miguel García, ha tildado de "fundamental que haya una competencia sostenible y viable", así como una regulación clara para el desarrollo de la banda ancha.
El director general de operadores y regulación de Orange, Julio Gómez, ha puntualizado que se ha llegado a un "acuerdo técnico pero no económico" para la compartición de la red de fibra óptica en España, y que sin acuerdo económico es difícil la aplicación de los pactos entre operadores.
Por su parte, el director de servicios jurídicos de Vodafone, Pedro Peña, ha visto "muy discutible" la recomendación de la Comisión Europea del 20 de septiembre sobre el acceso regulado a las redes de nueva generación, porque a su parecer no armoniza y por tanto no incentiva las inversiones.
En el mismo foro, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, ha recordado que el Gobierno está preparando normativas para que se adecuen los edificios de nueva construcción para acoger servicios de telecomunicaciones de acceso ultrarápido, y para la obligación de que las nuevas obras viarias y ferroviarias incorporen las canalizaciones para las redes de comunicaciones electrónicas y espacios para estaciones base de comunicaciones móviles.
También ha destacado los créditos blandos disponibles con un presupuesto de más de 200 millones euros para extender los servicios de telecomunicaciones a territorios del país menos rentables.
El Mundo
Almunia ha fijado esta fecha en la inauguración del III Encuentro Internacional de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que se celebra en la sede del organismo regulador.
La fecha prevista para conocer los resultados tras la consulta era finales de 2010, pero a principios de octubre Lorena Boix, la jefa de gabinete adjunta de la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de la Agenda Digital, Neelie Kroes, explicó que el calendario se podía retrasar hasta 2011.
Con la consulta, todas las partes interesadas (operadores, proveedores de servicios y de contenidos, consumidores, empresas e investigadores) han podido enviar sus opiniones al Ejecutivo comunitario. Tras analizar las respuestas, la Comisión presentará una comunicación sobre la neutralidad de la Red, documento que definirá la opinión de la Comisión sobre la necesidad de nuevas iniciativas o directrices.
La consulta ha abordado asuntos como si se debe permitir que los proveedores de Internet adopten determinadas prácticas de gestión del tráfico, dando prioridad a una clase de tráfico sobre otra, si tales prácticas de gestión pueden crear problemas y repercutir injustamente en los usuarios, si el grado de competencia entre los diversos proveedores de servicios de Internet y los requisitos de transparencia del nuevo marco de las telecomunicaciones pueden ser suficientes y si la UE tiene que intervenir en mayor medida para garantizar la imparcialidad en el mercado de Internet o si el sector debe tomar la iniciativa.
Bruselas avala, en principio, que los operadores de telecomunicaciones discriminen entre los contenidos y servicios en Internet para gestionar el tráfico en sus redes, pero reclama que informen a sus clientes de estas diferencias de trato y les faciliten el cambio de operador si no están de acuerdo con estas prácticas.
En su respuesta a la consulta pública convocada por Bruselas sobre neutralidad de la Red, el Gobierno español defendió que "este principio no debe entenderse de modo estricto en el sentido de que todos los usuarios deban recibir idéntico tipo de servicio", sino que debe utilizarse para evitar "discriminaciones indebidas" por parte de los operadores.
Por su parte, Telefónica ha avisado de que "cualquier limitación impuesta por la regulación de la neutralidad de la Red a la capacidad de los operadores para realizar una gestión del tráfico adecuada y justa sería muy perjudicial y afectaría a la sostenibilidad económica, la innovación, la inversión futura y la experiencia de los usuarios en Internet".
Coyuntura del sector y redes de nueva generación
Por otro lado, en el encuentro que ha tenido lugar en Barcelona, Almunia ha defendido que "la crisis no puede ser un obstáculo para seguir avanzando" en telecomunicaciones, que con innovaciones tecnológicas pueden además contribuir a volver al crecimiento económico.En este sentido, ha puesto como ejemplo que el desarrollo de la banda ancha en Europa supone una inversión 850.000 millones de euros entre 2006 y 2015, lo que se traduce en la generación de un millón de empleos.
En el caso de España, el consejero delegado de Yoigo, Johan Andsjö, ha lamentado que "falta regulación" y en menor grado velocidad de conexión para desarrollar las comunicaciones móviles 4G. Ha considerado que hay voluntad de invertir, demanda y terminales suficientes entre 2011 y 2012, pero que la falta del 'refarming' está retrasando el despliegue.
"Hemos parado proyectos e inversiones" hasta que no se aclaren las cuestiones técnicas y de regulación pendientes, ha explicado. También ha alertado de la falta de capacidad en fibra óptica para conectar estaciones base móviles, lo que puede reducir la velocidad de las redes móviles a medio plazo.
El consejero delegado de Jazztel, José Miguel García, ha tildado de "fundamental que haya una competencia sostenible y viable", así como una regulación clara para el desarrollo de la banda ancha.
El director general de operadores y regulación de Orange, Julio Gómez, ha puntualizado que se ha llegado a un "acuerdo técnico pero no económico" para la compartición de la red de fibra óptica en España, y que sin acuerdo económico es difícil la aplicación de los pactos entre operadores.
Por su parte, el director de servicios jurídicos de Vodafone, Pedro Peña, ha visto "muy discutible" la recomendación de la Comisión Europea del 20 de septiembre sobre el acceso regulado a las redes de nueva generación, porque a su parecer no armoniza y por tanto no incentiva las inversiones.
En el mismo foro, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, ha recordado que el Gobierno está preparando normativas para que se adecuen los edificios de nueva construcción para acoger servicios de telecomunicaciones de acceso ultrarápido, y para la obligación de que las nuevas obras viarias y ferroviarias incorporen las canalizaciones para las redes de comunicaciones electrónicas y espacios para estaciones base de comunicaciones móviles.
También ha destacado los créditos blandos disponibles con un presupuesto de más de 200 millones euros para extender los servicios de telecomunicaciones a territorios del país menos rentables.
El Mundo
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