Las redes sociales vuelven de nuevo al punto de mira de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo presidente, Artemi Rallo, se queja de la "deficiente" información que ofrecen a los usuarios sobre cómo van a ser utilizados sus datos personales. No obstante, rallo reconocie que se están realizando mejoras.
Durante un desayuno informativo al hilo de la publicación del Barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el que se incluyen apartados relativos a la protección de datos y privacidad, Rallo instó a los proveedores de servicios de todos los ámbitos a que mejoren sus políticas informativas y de privacidad, e incrementen las garantías que ofrecen a sus usuarios.
En concreto, y en referencia a las redes sociales, mostró su preocupación ante el acceso de menores, sobre todo, de los que tienen menos de 14 años. Así, Rallo recalcó que se encuentan en conversaciones con las dos principales compañías del sector y que alguna de ellas está realizando labores de comprobación de edades para depurar aquellos perfiles que no deban aparecer.
Asimismo, reclamó la necesidad de que exista un compromiso de las autoridades educativas para que sea incorporado en los planes de estudio la educación de los menores en el uso seguro de las nuevas tecnologías.
Sobre el barómentro del CIS, el director de la AEPD destacó la creciente preocupación de los ciudadanos por la protección de datos y el uso de su información personal, así como valoró que más de la mitad de la población conozca la existencia del organismo que dirige.
Desconfianza
Por otra parte, y sobre la desconfianza de los españoles a facilitar los datos bancarios en Internet, Artemi Rallo indicó que esta circunstancia "pone importantes trabas" al desarrollo del comercio electrónico en España.
En este sentido, indicó que el desarrollo e implantación de sistemas de identificación tales como del DNI electrónico contribuirán a generar confianza en los consumidores.
Entre otras preocupaciones, citó la presencia incontrolada de menores en la Red, y, por ello, reclamó un compromiso real y activo tanto de padres, autoridades educativas y proveedores de servicios. Sobre estos últimos, dijo que el cumplimiento de su obligación legal de protección de los menores es "hoy por hoy poco satisfactorio".
Finalmente, sobre la instalación de cámaras de videovigilancia, Ralló dijo que el estudio del CIS revela que los ciudadanos son favorables a estos dispositivos cuando se trata de evitar actuaciones delictivas, pero no lo son tanto cuando afecta a su vida cotidiana y de ocio.
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