El PS Jailbreak, a juicio

Sony presentó una demanda para parar la distribución de PS Jailbreak en España. El juzgado aceptó la demanda y estableció medidas cautelares que bloqueaban su venta. El viernes pasado se produjo la vista en el juzgado de lo mercantil número 8 de Barcelona y las dos partes esperan la decisión del juez.
En septiembre de este año Sony decidió iniciar acciones legales para parar la venta y distribución del PS Jailbreak. Este dispositivo consiste en una llave USB que se instala en la consola de Sony y permite ejecutar copias de los videojuegos.
En la vista celebrada el pasado viernes, las empresas demandadas –que no han trascendido– estuvieron representadas por el bufete Almeida, especialistas en la defensa de cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías. Dicho bufete narró el desarrollo del juicio a través de Twitter.
Según la transcripción del bufete, para Sony la finalidad del PS Jailbreak es la de piratear, que está destinado a eliminar medidas de seguridad de la consola para permitir el empleo de copias no originales. Además, la Playstation 3 se vende sólo para jugar a videojuegos, no como un PC, por lo que ampliar sus usos no está contemplado.
Según las empresas demandadas defienden que las medidas cautelares y la posible prohibición del PS Jailbreak vulneran el derecho de la producción técnica y científica por parte de los usuarios. Su defensa se basa en demostrar que el PS Jailbreak tiene múltiples usos, no solo el de vulnerar los sistemas de seguridad de Playstation 3.
Un perito declaró que efectivamente el dispositivo tiene múltiples utilidades. Basados en estas declaraciones, la defensa entiende que tanto las medidas cautelares establecidas, como el caso en general, deben archivarse de forma inmediata.
La vista finalizó con estos argumentos y estaría pendiente de una decisión por parte del juez. Por el momento ninguno de los abogados participantes en la causa se ha pronunciado. Desde Sony por el momento no han hecho ninguna declaración oficial. En el bufete Almeida han declarado que no quieren pronunciarse sobre el caso hasta que el juez emita un veredicto.

Libertad Digital