La selva amazónica albergará, si las movilizaciones no lo impiden, la tercera mayor central hidroeléctrica del mundo, sólo por detrás de la china de Tres Gargantas y de Itaipú, en la frontera de Brasil y Paraguay. El pasado martes, después de una larga y compleja batalla judicial, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva conseguía sacar adelante la licitación de la central de Belo Monte, que, con una inversión de 19.000 millones de reales (unos 8.000 millones de euros), comenzará a funcionar en 2015.
Los ecologistas y las comunidades indígenas que se verán afectadas por las alteraciones del río Xingu, uno de los más importantes de la Amazonia, llevan tiempo alertando de los riesgos de un proyecto que se concibió hace 30 años, durante la dictadura militar, y fue retomado por Lula, en el marco de su ambicioso Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). "La presa de Belo Monte implicará construir dos grandes canales más largos que el Canal de Panamá y provocará el desplazamiento de 50.000 personas", resume Iuri Charles Paulinho, del Movimiento de Afectados por las Presas (MAB, en sus siglas en portugués). Según esta y otras ONG, el proyecto modificará el nivel del río Xingú y de uno de sus principales afluentes, el Bacajá, y afectará directamente a, al menos, dos reservas indígenas.
"Belo Monte es un caso emblemático dentro de un modelo depredador", sostiene Paulinho. "La central afectará a 50.000 personas que perderán su modo de vida, que depende del Xingú. El río dejará de ser navegable y la pesca estará comprometida", añade. Según un estudio de la Universidad de São Paulo, la obra interrumpirá el curso del Xingú en 100 kilómetros, lo que conllevará "una reducción drástica de la oferta de agua de esa región inmensa".
Esta obra faraónica ha suscitado la atención de celebridades como Sting y James Cameron, director de Avatar, que se desplazó recientemente a la zona y comparó la lucha indígena contra la presa con la de sus navi en la película. Pero Belo Monte no sólo es cuestionada por sus posibles consecuencias medioambientales, sino también por su ineficiencia.
Aunque el proyecto prevé una capacidad instalada de 11.233 megavatios, la oferta media de energía no pasará de 4.500, debido a las oscilaciones del nivel del río a lo largo del año. Según diversos estudios, la planta producirá una media anual del 39% de su capacidad, esto es, una de las peores relaciones entre potencia y energía en el sistema eléctrico brasileño.
Pese a la firme oposición contra el proyecto, el Gobierno ha conseguido hasta ahora sacarlo adelante. El Ejecutivo presionó a los órganos ambientalistas para acelerar la concesión de la licencia previa y se esforzó por garantizar al menos dos consorcios empresariales en la disputa. Cuando las empresas Odebrecht y Camargo Corrêa desistieron de presentarse, Lula dijo que, si fuera necesario, el Estado la construiría. Y en cierta medida es lo que ha pasado: los dos consorcios a concurso cuentan con la participación de empresas subsidiarias de la estatal Eletrobras con un mínimo del 50% de participación.
Comunidades afectadas
La licitación de la obra se complicó cuando, por segunda vez en una semana, un juez federal de Pará (el Estado amazónico donde se construirá la presa) suspendió el concurso, atendiendo a la acción presentada por el Ministerio Público Federal de Pará. El Gobierno de Lula consiguió finalmente dar vía libre al proyecto, que se llevó el consorcio de nueve empresas liderado por la estatal Chesf. Sin embargo, Belo Monte tendrá todavía que enfrentar otros dos obstáculos jurídicos: otra acción del Ministerio Público y una de la ONG ecologista Amigos da Terra.La mayoría de las comunidades afectadas son indígenas. Y esta vez, los pueblos originarios han optado por la resistencia. Alentados por el apoyo de celebridades y la atención internacional brindada al caso, los líderes de trece tribus tomaron una decisión: hacer ruido. Preparan la invasión del área que ocupará la presa, en Volta Grande. Dicen que se movilizarán al menos 140 indígenas, y podrían provocarle un quebradero de cabeza al Gobierno, que se vería en la incómoda tesitura de tener que desalojarlos cuando las obras se inicien.
Protección constitucional
Los líderes indígenas argumentan que se ha obrado en contra de la ley al aprobar el proyecto, pues la Constitución de 1988 garantiza la protección de los pueblos indígenas. Por el momento, la Justicia se ha apoyado en la idea de que "no hay peligro inminente para la comunidad indígena" porque el concurso público "no implica la inmediata construcción" de la presa. Pero la movilización puede tener el efecto de colocar este asunto en la agenda del debate electoral, que ya está agitado ante las elecciones de octubre.
Iuri Charles Paulinho no es muy optimista con respecto a los resultados de la elección. Si no se producen grandes sorpresas, la presidencia será para la candidata del Partido de los Trabajadores de Lula, Dilma Rousseff, o bien para el socialdemócrata José Serra. "Lula siguió el modelo de Cardoso, y Dilma lo continuará", sostiene el activista.
Protección constitucional
Los líderes indígenas argumentan que se ha obrado en contra de la ley al aprobar el proyecto, pues la Constitución de 1988 garantiza la protección de los pueblos indígenas. Por el momento, la Justicia se ha apoyado en la idea de que "no hay peligro inminente para la comunidad indígena" porque el concurso público "no implica la inmediata construcción" de la presa. Pero la movilización puede tener el efecto de colocar este asunto en la agenda del debate electoral, que ya está agitado ante las elecciones de octubre.
Iuri Charles Paulinho no es muy optimista con respecto a los resultados de la elección. Si no se producen grandes sorpresas, la presidencia será para la candidata del Partido de los Trabajadores de Lula, Dilma Rousseff, o bien para el socialdemócrata José Serra. "Lula siguió el modelo de Cardoso, y Dilma lo continuará", sostiene el activista.
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