Los ciudadanos de Islandia tendrán la última palabra en la que es vista como la decisión económica más importante de la historia del país: pagar o no los costos de la bancarrota de un banco de ese país.
Este martes, el presidente islandés, Olafur Grimsson, dijo que vetará la ley aprobada por el parlamento que obligaba al gobierno a pagar los más de US$5.000 millones de deuda. La segunda medida será llamar a un referendo.
"Es el deber del presidente de Islandia asegurarse que los deseos de la nación serán satisfechos", dijo Grimsson al anunciar la decisión que tomó por sorpresa a muchos.
Así, serán los ciudadanos los que decidirán si el gobierno islandés debe pagar a sus pares del Reino Unido y los Países Bajos una compensación ya que estos protegieron a los clientes del Icesave.
Ese banco y su casa madre, el Landsbanki, colapsó y fue nacionalizado en 2008 y miles de personas temieron por sus ahorros, pero el gobierno británico y el holandés intervinieron para asegurar los depósitos.
Oposición
Pero desde entonces, fue creciendo en Islandia la oposición popular al pago de esa deuda: según varios islandeses, se les está haciendo pagar a los contribuyentes del país por el mal manejo financiero del banco.Una encuesta de agosto pasado sugiere que 70% de los islandeses se oponen al pago de la compensación.
Una petición firmada por casi un cuarta parte de los votantes del país fue entregada al presidente el fin de semana, pidiéndole que llame a un referendo.
La consulta popular se llevará a cabo "apenas se pueda", dijo Grimsson.
Los gobiernos de los países afectados respondieron inmediatamente a la decisión.
Mientras que Londres dijo que "espera resolver este tema lo antes posible", Amsterdam fue más duro y dijo que estaba "extremadamente desilusionada".
Según el corresponsal de la BBC en Bruselas, Dominic Hughes, la decisión que tomen los islandeses en el referendo podría tener un impacto negativo en las posibilidades de que el país sea aceptado pronto en la Unión Europea.
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