El Consejo Constitucional francés zancadilleó seriamente el martes por la noche las pretensiones de Nicolas Sarkozy de autoproclamarse líder de una revolución ecológica. Los expertos constitucionalistas censuraron y anularon, por injusta, la nueva tasa de carbono, también llamada Contribución Clima Energía, que debía entrar en vigor en Francia el 1 de enero. La bofetada compromete los planes de Sarkozy de exportar este impuesto al resto de Europa.
El dictamen desautoriza a Sarkozy al estimar que la tasa al CO2 es "contraria al objetivo de lucha contra el calentamiento y crea una ruptura en el principio de igualdad ante las costas públicas". El Consejo subraya que, a causa de las exenciones previstas, se gravaba "menos de la mitad de las emisiones".
Los puntos que el Constitucional francés colocó sobre las íes merecen atención. Sarkozy optó por un impuesto indirecto que gravaría todos los combustibles fósiles, no la electricidad, en el momento del consumo por particulares o empresas. Las empresas podrían repercutirlo en sus precios de venta, pero no así los hogares. Para el ciudadano, Sarkozy preveía un sistema transitorio de compensaciones parciales.
Los grandes, exentos
Además, los ganadores eran los grandes contaminantes. La tasa dejaba fuera en torno al 90% de las emisiones industriales: centrales térmicas, refinerías de petróleo, grandes consumidores de electricidad e industrias de altas emisiones como el cemento, aluminio o vidrio. La energía nuclear el 80% de la energía en Francia no era gravada por estimarse "poco contaminante".
El Gobierno reaccionó con rapidez este miércoles y el primer ministro François Fillon dijo que el 20 de enero ya tendrá una nueva versión conforme a las exigencias del Constitucional. No obstante, Nicolas Sarkozy se encuentra ahora en un laberinto, ya que la tasa se enmarcaba en un big bang fiscal anunciado por el presidente para 2010.
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