Lo que se sabe de las expropiaciones de Chávez

La Cámara de Comercio Internacional con sede en París ordenó al gobierno de Venezuela pagar US$908 millones a la petrolera Exxon Mobil por la nacionalización de unos de sus proyectos en 2007.

Sin embargo, la decisión del panel de arbitraje internacional (cuya decisión es vinculante) es visto como un triunfo para el país sudamericano, pues es menos de lo que la gigante petrolera pedía (US$10.000 millones), e incluso menor que los US$1.000 millones que el gobierno de Hugo Chávez había ofrecido en septiembre pasado.

Expropiar y nacionalizar ha sido una de las características de los casi 13 años de gobierno del presidente de Venezuela Hugo Chávez.
Pero, ¿exactamente qué ha hecho?
Intentar ahondar en la maraña de nacionalizaciones, estatizaciones y expropiaciones del Estado venezolano puede resultar una tarea extensa y casi imposible de cumplir al detalle por la abundancia de casos y la falta de información concreta en algunos casos.
BBC Mundo hace un repaso entonces por las aristas más notorias de las expropiaciones en el país.

QUÉ DICE LA LEY

El artículo 115 de la Constitución venezolana garantiza el derecho a la propiedad y señala que "sólo por casa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes".
Sin embargo, críticos del gobierno aseguran que las autoridades no cumplen fielmente la letra del artículo.
Y algunas leyes aprobadas en los últimos años han generado lo que algunos llaman "expropiaciones exprés", facilitando el proceso.

Arbitrajes

En el Ciadi Venezuela también mantiene arbitrajes con la minera canadiense Gold Reserve, la siderúrgica argentina Tenaris y el fabricante de vidrio estadounidense Owen Illinois, entre otros. El año pasado se solucionó uno de ellos: Venezuela acordó pagar US$600 millones a la cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, en compensación por la estatización de la filial local de la firma. Cemex esperaba recibir US$1.300 millones.

La Ley de Seguridad y Soberanía
La Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria establece la posibilidad de "proceder a la adquisición forzosa" de bienes y actividades relacionados con el sector "sin necesidad de obtener autorización por parte de la Asamblea Nacional".
Y una reforma de la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios permitió que todos los bienes puedan ser declarados de utilidad pública directamente por el Ejecutivo, con la condición de que "se consideren esenciales e indispensables para garantizar el derecho a la vida y la seguridad del Estado".
La Asamblea Nacional sancionó una reforma que permite al gobierno tomar en forma inmediata, mientras dure el proceso de expropiación, cualquier tipo de establecimiento comercial si ha incurrido en prácticas como especular, remarcar precios, "u otro ilícito que restrinja la libre circulación de bienes y servicios".

LOS COSTOS

Según algunas estimaciones, el gobierno destinó, entre 2007 y 2009, más fondos para pagar expropiaciones y nacionalizaciones que para la producción de la petrolera estatal Pdvsa (US$23.377 millones contra US$21.931 millones).
Se trata de más recursos que los que destinó Pdvsa a gasto social entre 2001 y 2009.
Y esta cifra no incluye los más de 20 casos en los cuales el Estado no ha logrado un acuerdo económico con las empresas nacionalizadas –la mayoría de ellas, petroleras, mineras y cementeras– y ahora están sometidas a arbitraje internacional.
Entre ellos se destacan los que mantiene con dos petroleras estadounidenses ante Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.
Además de la decisión de la Cámara de Comercio Internacional conocida el sábado sobre el litigio con Exxon Mobil, ConocoPhillips busca una indemnización de US$31.000 millones.
Este último es el arbitraje más oneroso al que se enfrenta Venezuela.
El martes el presidente Chávez dijo que está dispuesto a buscar clic "un acuerdo amistoso" con estas petroleras.

EMPRESAS

El "Plan de desarrollo económico y social de la nación" para los años comprendidos entre 2007 y 2013 contempla la nacionalización de todos los sectores estratégicos de la economía nacional.
El Estado –dice este plan– debe conservar "el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país (…) Esto conlleva identificar cuál modo de propiedad de los medios de producción está mayormente al servicio de los ciudadanos y quiénes la tendrán bajo su pertenencia".
De esta forma a partir de 2007 el Estado comenzó a tomar el poder en los sectores hasta ese entonces privatizados de las telecomunicaciones, electricidad y grandes industrias.
Nacionalizó la mayor telefónica del país, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la filial telefonía celular Movilnet, que estaban controladas por la empresa estadounidense Verizon.
Y también se hizo con el control de Electricidad de Caracas, en manos de la estadounidense AES, en dos de los casos más emblemáticos.
De acuerdo a cifras de gremios empresariales y organizaciones no gubernamentales, el gobierno ha expropiado o intervenido de forma forzosa 1.087 empresas desde 2003, 497 este año.
"No hay información de que existan compensaciones importantes, el porcentaje es mínimo", le dice a BBC Mundo, Carlos Larrazábal, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
Entre ellas se incluyen complejos hoteleros, fábricas de vidrios y fertilizantes, compañías de lubricantes para automóviles, fábricas de envases de aluminio, cartón y ferretería, supermercados, cadenas alimentarias, y una planta de taladros petroleros.
La lista, y los ejemplos, podrían seguir.
En 2007, las empresas extranjeras que trabajaban en la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo del mundo, fueron intimadas a aceptar los términos impuestos por el Estado y permanecer como socios minoritarios.
ExxonMobil y ConocoPhillips no lo aceptaron y de ahí surgieron los arbitrajes ante el Ciadi.
En el sector petrolero no se trata sólo de las grandes multinacionales, sino también de compañías del ramo, que suministran transporte de personal y materiales, muelles y puertos e inyección de agua y gas, entre otros servicios.
En ese sentido son alrededor de 80 las empresas afectadas.
En 2010, a través de su tradicional programa de televisión Aló Presidente, ordenó la expropiación de Sidetur, la mayor empresa siderúrgica privada del país.
Una semana antes había hecho lo mismo con la fábrica de envases de vidrio propiedad de la empresa estadounidense Owens-Illinois.
Este año expropió la compañía Conferry –que presta servicios de transporte de pasajeros y de carga principalmente hacia la isla Margarita– para garantizar, dijeron las las autoridades, la seguridad ante la falta de mantenimiento de las embarcaciones.
Meses atrás el gobierno también nacionalizó los yacimientos de oro en el país.
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VIVIENDAS

En 2011, el Estado expropió al menos 179 edificaciones, viviendas, desarrollos habitaciones y estacionamientos.
Entre 2005 y 2010, esa cifra fue de 285.
Pero Felipe Benites, director del Observatorio de los Derechos de Propiedad Privadad, prefiere no hablar de expropiaciones.
"Son intervenciones –le dice a BBC Mundo–. No cumplen con los parámetros de expropiaciones, con las garantías expropiatorias del pago justo y oportuno".
En el Observatorio de los Derechos de Propiedad Privadad estiman que en el 5% de los casos se ha pagado una indemnización.
En cuanto a viviendas el ultimo anuncio de Chávez –aún no concretado– tiene que ver con la intención de expropiar residencias privadas en el archipiélago de Los Roques, en el Caribe venezolano.
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TIERRAS

Aunque hay confusión en las cifras, según el gobierno, más de 3 millones de hectáreas han sido expropiadas, unos 30.000 kilómetros cuadrados de extensión.
Representan 838 "rescates de tierras" como los denomina el gobierno.
"A nivel de tierras no ha habido indemnización –dice Benites–, parten de la premisa de que la Nación nunca se desprendió de esas tierras. Ahí El Estado dice: 'Yo no tengo que pagar nada'".
El plan masivo de expropiaciones comenzó en 2007, luego de que Chávez fuera reelecto en las presidenciales de 2006.
En el caso de las tierras se aseguraba que aquellas que eran improductivas debían destinarse a fomentar la "seguridad y soberanía alimentaria", en un país que importa alrededor 70% de los alimentos que consume.
Sin embargo, la situación en cuanto a la importación de productos alimenticios permanece igual.
También el gobierno expropia cuando considera que las tierras no están repartidas de forma justa.
En 2010, por ejemplo, se tomaron 47 fundos en la zona sur del Lago de Maracaibo, conocida por la producción de carne, leche y plátano porque –dijeron las autoridades– el 50% de las tierras de la zona estaban en manos de un 4% de dueños, lo cual muestra un "sistema totalmente inequitativo".