La Unión Europea ha suscrito este jueves en Japón el Acuerdo Comercial Antipiratería (ACTA), un acuerdo internacional que busca combatir la piratería y las falsificaciones a nivel mundial. El acuerdo, al que se han suscrito 22 de los 27 todos los países de la UE -excepto Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania, que se espera que firmen el acuerdo más adelante- también ha contado con el apoyo de Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur.
¿Qué es el ACTA?
Conocido como ACTA, el texto ya lleva varios años en negociación. En abril de 2010 se dio a conocer un texto que no preveía cortes de acceso a Internet a los usuarios, solo obligaba a las operadoras a dar los datos de sus clientes si un juez lo ordenaba y, en teoría, no haría necesario modificar las legislaciones nacionales. En septiembre de 2010, un nuevo borrador quitaba aún más presión sobre los proveedores de Internet, a los que ya no se responsabilizaría de las descargas realizadas por sus clientes. En noviembre de ese mismo año surgían importantes dudas sobre los posibles beneficios de la ley.
¿Qué propone?
El objetivo principal de esta norma es el "Endurecimiento de Derechos de Propiedad Intelectual" (de hecho, así se titula uno de los capítulos) y el establecimiento de unos procedimientos mínimos que premitan a los países firmantes coordinarse y luchar de una forma más efectiva contra la piratería a nivel internacional. El ACTA prevé nuevas sanciones penales para obligar a los proveedores de Internet a vigilar los contenidos en Internet. También se prevén sanciones civiles, por daños y perjuicios, a los intermediarios; pero el actual borrador del proyecto es sumamente impreciso y no especifica qué medidas concretas se llevarán a cabo, qué tipo de penas se impondrán, cuál será su cuantía y qué organismo intervedndrán en el proceso y cómo.
"El tratado quiere garantizar que las organizaciones criminales sean perseguidas cuando roban la propiedad intelectual, dañando la innovación y destruyendo empleo", explicó el comisario de Comercio de la Unión Europea, Karel de Gucht, quien asegura que, a diferencia de lo propuesto en diversas leyes nacionales, no se restringirán libertades ni se censurarán páginas web. "Los ciudadanos podrán seguir usando las redes sociales como Facebook o Twitter igual que en el pasado", dijo.
¿Por qué es una medida polémica?
Las principales protestas contra el ACTA se refieren precisamente a la citada ambigüedad del texto, que da vía libre a múltiples interpretaciones y, por tanto, es susceptible de generar múltiples problemas. Aunque el texto especifica que los procedimientos que se pacten deben respetar la privacidad y la libertad de expresión, las voces críticas apuntan que el resto del proyecto no lo garantiza. La mayor preocupación es que los proveedores de Internet podrían convertirse en vigilantes de la Red que controlarían el tráfico de datos de sus clientes para evitar el intercambio de material protegido por derechos de autor. De llevarse a cabo, la monitorización ya supondría una violación de la privacidad.
Los promotores de la norma han insistido en que toda acción se llevará a cabo previa orden judicial, pero la escasa transparencia con la que se ha llevado a cabo la creación y evolución del ACTA hace que incluso muchos políticos se muestren reacios a la ley. Sorprende especialmente la ausencia de la palabra "Internet" en el borrador del proyecto. En su lugar, la ley se refiere siempre a "entornos digitales". También existe mucha incertidumbre sobre si esta ley afectará y cómo a las legislaciones nacionales. Muchos asguran que, al tratarse de un acuerdo internacional, el ACTA permitirá la intervención de un país en un negocio extranjero aplicando la legislación común y obviando la nacional.
¿En qué estado se encuentra?
El Consejo de la Unión Europea aprobó a mediados de diciembre de 2011 el ACTA, escondida entre legislación relacionada con asuntos pesqueros. El único paso que resta antes de la entrada en vigor del ACTA es la aprobación del texto por parte del Parlamento Europeo. Tras una larga serie de debates y votaciones, el momento más importante será durante la sesión plenaria de Estrasburgo del 11 al 14 de junio, donde la norma podría recibir el visto bueno definitivo.
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