La Unión Europea ha firmado el tratado comercial ACTA, contra la falsificación y para proteger la propiedad intelectual, que debe ratificar el Parlamento Europeo. Pero este proceso no será plácido. El principal ponente del tratado en el Parlamento, el eurodiputado Kader Arif, ha presentado su dimisión como tal. Considera que el proceso es una “mascarada”.
En un comunicado, Arif explica que debe denunciar el proceso que ha conducido a la firma del acuerdo “sin participación de la sociedad civil, con falta de transparencia dese el inicio de las negociaciones, sucesivas firmas del texto sin explicaciones y descartando las reivindicaciones del Parlamento expresadas en muchas resoluciones”.
Como ponente del texto, asegura, ha sido testigo de “maniobras inéditas de la derecha" de este Parlamento· para imponer un calendario acelerado intentado validar el tratado antes de que la opinión pública fuera alertada de su contenido, “privando de hecho al Parlamento de su derecho de expresión y de emplear las herramientas a su disposición para incorporar las reivindicaciones legítimas de los ciudadanos”.
Para Arif, el tratado tiene un impacto en las libertades civiles por las responsabilidades con que carga a los proveedores de acceso a Internet y tiene consecuencias en otros ámbitos como la fabricación de medicamentos genéricos. Se trata, concluye, de una situación inaceptable.
Cuatro comisiones del Parlamento deben proponer sus comentarios en las próximas semanas a la Comisión de Comercio Internacional (INTA) sobre el contenido del tratado. INTA es la comsión de referencia en el Parlamento en esta cuestión. Arif que pertenece a la misma, debía basarse en estos comentarios para elaborar su propio informe. El trabajo de estas comisiones ha sido acelerado y se espera que el Parlamento debata la ratificación del tratado en junio.
Ayer, la 22 países de la Unión Europea, entre ellos España, lo firmaron. En Polonia ya se han producido movilizaciones en contra de que su país respalde este acuerdo comercial que intenta combatir la falsificación y la vulneración de la propiedad intelectual. Los contrarios a su redactado, que inicialmente fue negociado en secreto por varios países, entre ellos Estados Unidos y Japón, consideran que su ambiguo articulado permite la implantación de medidas que obliguen a los proveedores de acceso a Internet a actuar de policías de los contenidos y que se instauren prácticas de bloqueo sin intervención judicial. La UE manifestó ayer que las leyes que se deriven del citado tratado siempre observarán la obligación de una intervención judicial en la UE.
En un comunicado, Arif explica que debe denunciar el proceso que ha conducido a la firma del acuerdo “sin participación de la sociedad civil, con falta de transparencia dese el inicio de las negociaciones, sucesivas firmas del texto sin explicaciones y descartando las reivindicaciones del Parlamento expresadas en muchas resoluciones”.
Como ponente del texto, asegura, ha sido testigo de “maniobras inéditas de la derecha" de este Parlamento· para imponer un calendario acelerado intentado validar el tratado antes de que la opinión pública fuera alertada de su contenido, “privando de hecho al Parlamento de su derecho de expresión y de emplear las herramientas a su disposición para incorporar las reivindicaciones legítimas de los ciudadanos”.
Para Arif, el tratado tiene un impacto en las libertades civiles por las responsabilidades con que carga a los proveedores de acceso a Internet y tiene consecuencias en otros ámbitos como la fabricación de medicamentos genéricos. Se trata, concluye, de una situación inaceptable.
Cuatro comisiones del Parlamento deben proponer sus comentarios en las próximas semanas a la Comisión de Comercio Internacional (INTA) sobre el contenido del tratado. INTA es la comsión de referencia en el Parlamento en esta cuestión. Arif que pertenece a la misma, debía basarse en estos comentarios para elaborar su propio informe. El trabajo de estas comisiones ha sido acelerado y se espera que el Parlamento debata la ratificación del tratado en junio.
Ayer, la 22 países de la Unión Europea, entre ellos España, lo firmaron. En Polonia ya se han producido movilizaciones en contra de que su país respalde este acuerdo comercial que intenta combatir la falsificación y la vulneración de la propiedad intelectual. Los contrarios a su redactado, que inicialmente fue negociado en secreto por varios países, entre ellos Estados Unidos y Japón, consideran que su ambiguo articulado permite la implantación de medidas que obliguen a los proveedores de acceso a Internet a actuar de policías de los contenidos y que se instauren prácticas de bloqueo sin intervención judicial. La UE manifestó ayer que las leyes que se deriven del citado tratado siempre observarán la obligación de una intervención judicial en la UE.
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