Tuiteros peruanos confunden a cantante venezolano Pedro Castillo con presidente Pedro Castillo

A raiz de 2 tuits nos enteramos que grupos de tuiteros peruanos han etiquetado, visitado y comentado en el perfil del cantante venezolano Pedro Castillo (@pedrocastillo) creyendo que se trataba de la cuenta del presidente de la República del Perú, Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe).

El venezolano Pedro Castillo, afectado por la homonimia.

El Presidente de Perú, Pedro Castillo.

El artista Pedro Castillo lo ha tomado con sentido del humor, como se ve en 2 de sus tuits:

Primer tuit, deja en claro que es músico, no político.

Segundo tuit, parece que hay peruanos que insisten en confundirlo.

Pedro Castillo es un conocido artista venezolano cuya página web Pedro Castillo Online contiene información sobre sobre su producción discográfica, sus grabaciones inéditas, su galería de fotos, algunos vídeos de sus conciertos y grabaciones.

Página web de Pedro Castillo

También pueden visitarlo en sus redes sociales de Youtube, Facebook y Bandcamp.

Vale la pena escucharlo cantar. Aquí Pedro Castillo cantando "Tiempo" con la Orquesta Sinfónica de Venezuela.

Un acústico de Algo Eléctrico

No te pueden apagar, con Aditus

Perdiendo altura, también con Aditus

https://www.youtube.com/watch?v=y6Qcly1BNiY

Venezuela: ¿Pdvsa abre la puerta a la privatización?

¿Quiere Hugo Chávez privatizar parte de Pdvsa? Aunque descartado por el gobierno –pues, de ser cierto, sería inconstitucional– algunos anuncios realizados por las autoridades días atrás conformarían en la práctica una especie de privatización de la petrolera estatal venezolana, de acuerdo a especialistas de la industria.

Dos semanas atrás la petrolera y la firma China International Trust and Investment Corporation (Citic) suscribieron un acuerdo para evaluar la participación de la empresa venezolana en la bolsa de Hong Kong.

Era la concreción de un memorando de entendimiento que un año atrás habían firmado ambas compañías y que, entre otras cosas, tenía como fin asesorar a Pdvsa en materia financiera con el objetivo de identificar recursos financieros para el desarrollo de proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Con ese acuerdo se espera que Pdvsa reduzca su participación de 70% a 60% en la empresa mixta Petropiar (cuyo 30% corresponde a la estadounidense Chevron) y que venda ese 10% a Citic.

Privatizar o no privatizar

¿Iba Pdvsa a vender acciones? La pregunta empezó a correr por la blogósfera luego de que un funcionario de la petrolera estatal le dijera a la agencia Bloomberg que la empresa consideraba vender parte de sus acciones en la Faja Petrolífera del Orinoco en un intercambio privado en la Bolsa de Hong Kong.
A pesar de ser una venta a una empresa extranjera, esta operación –aseguró esta fuente– no se consideraría una privatización pues se haría creando una cartera de asociación entre la estatal y otras empresas mixtas.
Pero el rumor cobró fuerza y las preguntas comenzaron a surgir por lo que el ministro de Energía y Petróleo, y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, salió a desmentir la noticia de que Pdvsa iba a vender acciones, sino que la operación iba a ser con bonos.

De concretarse, nada sería más contrario a la política de "Plena Soberanía Petrolera" que el presidente Chávez impulsa desde 2004.
"Esta línea estratégica –se lee en el sitio web de la petrolera–, orientada a concretar una auténtica nacionalización petrolera, pasa por la reafirmación de la propiedad de los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo de la nación y el rescate del control de la actividad petrolera, tanto desde el punto de vista del régimen tributario y legal como en el total dominio de la industria petrolera nacional".
"Lo que estarían vendiendo no son acciones de Pdvsa, entonces es difícil hablar de una privatización de Pdvsa, sino de una empresa mixta donde el Estado es mayoría y eso no es inconstitucional. Pero es una absoluta contradicción con la 'Plena Soberanía Petrolera'", le dice a BBC Mundo José Toro Hardy, exdirector de Pdvsa, quien trabajó en la petrolera entre 1995 y 2000.
"No objeto la idea –agrega– pero es una jugada difícil de entender. No son acciones de Pdvsa, sino de esa empresa mixta. Algún mecanismo de privatización hay, pero las empresas siguen estando en condiciones minoritarias. La gran sorpresa es que ahora parecieran quedar excluidos los venezolanos. Yo no entiendo el interés del gobierno en hacerlo así, podrían ser condiciones que impone Citic", asegura Toro Hardy quien cuestiona que esto no se haga mediante una licitación: "Esto carece de transparencia".
Para el economista Fernando Travieso, coordinador del Observatorio Socialista Petrolero, lo que va a haber "es una recomposición accionaria en concordancia con las leyes nacionales. La empresa china tiene que pagar por su incorporación, recibe el 10% de participación. Hay un mínimo de 60% de participación nacional, que en ningún momento se pone en juego".
"Pdvsa requiere financiamiento fresco para ampliar la capacidad de producción. Privatizar es cuando tú vendes parte de Pdvsa. Esto no es una privatización, es una empresa mixta, acá se cumple con el estamento legal", agrega.
Por su parte, Diego González, ingeniero de petróleo y consultor de Energía del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), opina que "en la práctica sería una privatización porque Pdvsa está cediendo participación".

¿Contradicciones?

La discusión sobre la defensa de la soberanía al tiempo que se le abre la puerta a empresas extranjeras tampoco es nueva.
"Si bien la Ley de Hidrocarburos esclareció la política petrolera del país, en busca de una mayor participación del Estado en las actividades que la industria había estado compartiendo con el capital privado, mantuvo la posibilidad de la participación privada en calidad de socios minoritarios para la explotación de hidrocarburos líquidos. Así, su aplicación siempre ha sido objeto de opiniones polarizadas", escribe Mariana Párraga en su libro "Oro rojo. Desentrañando el misterio de la Pdvsa revolucionaria".
Es que pese al discurso nacionalista, una veintena de petroleras extranjeras operan en Venezuela. Ellas hacen su negocio y Pdvsa las necesita: requiere de su tecnología, su conocimiento y su dinero.
En 2007, las empresas extranjeras que trabajaban en la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo -de díficil extracción- del mundo, fueron intimadas a aceptar los términos impuestos por el Estado venezolano y permanecer como socios minoritarios.
Estas empresas mixtas están conformadas en al menos un 60% por Pdvsa y el porcenajte restante lo componen firmas de distintos países, entre ellos Alemania, Bielorrusia, China, Estados Unidos, Francia, India, Irán, Italia, Noruega y Rusia.
Éstas generan alrededor del 30% de la producción de crudo del país que se ubica, según Pdvsa, en 2,9 millones de barriles diarios.
Para Travieso no hay contradicciones y señala que "lo que ha hecho el gobierno es una estrategia que permite la preservación de la soberanía pero dando participación a empresas occidentales y orientales. La entrada de capital es importante para el aumento de los niveles de producción".

"Los términos de ahora no facilitan que vengan capitales y que vengan inversiones. El socio, que va a ser minoritario, está sujeto a leyes y prácticas del Estado, entonces la inversión, el arbitraje, la contraloría no está garantizada. A ellos no les importa ser minoritarios, pero quieren que Pdvsa los deje trabajar con su tecnología, sus recursos humanos y que puedan comercializar lo que producen", considera el ingeniero González.
La presencia de empresas extranjeras tiene una larga historia pero las autoridades actuales critican la llamada "apertura petrolera" de los años 1992-1998, se cuestiona esa época en la que Pdvsa "se alejó de los intereses nacionales y respondió a los intereses capitalistas", "entregó a terceros las actividades de exploración y producción" y "privatizó sus actividades de producción de petróleo".
Cuando Chávez llegó al poder las regalías eran -excepcional y temporalmente- del 1% -en lugar del 16 2/3% tradicional- y decidido a cambiar eso aumentó la presión fiscal sobre las petroleras e impulsó una nueva normativa en el área petrolera lo que, entre otras cosas, llevó a que las regalías se ubiquen actualmente en 30%.
"Había menos impuestos y menos regalías pero el precio del petróleo era el 10% de lo que es ahora, no se podía aspirar a las condiciones que hay hoy. Cuando subieron los precios era más fácil subir los impuestos y las regalías", se defiende Toro Hardy.
Con los años Pdvsa aumentó su recaudación y comenzó a diversificar sus tareas. Ya no sólo era una petrolera sino que empezó a cumplir un rol social: destinó en 2010 a los programas sociales del gobierno el doble de dinero que a la inversión en el sector del crudo.
Y pasó de 53.000 empleados en 2006 a 100.000 cuatro años más tarde.
Algunos analistas advierten del peligro de la diversificación en una empresa responsable de más del 90% de lo que ingresa al país por concepto de exportaciones y que sostiene la mitad del gasto público.
Los problemas de caja de Pdvsa se deben en gran parte a la clic diversificación de actividades que ha tenido que asumir en los últimos años.
"Pdvsa se ha transformado en un Estado paralelo, buena parte del gasto público lo ejecuta Pdvsa: importa alimentos, fabrica neveras, construye casas, esas son funciones del Estado. Debería hacer lo que siempre hizo con la mayor eficiencia posible", señala Toro Hardy.
Y Pdvsa comenzó también, ya en 2007, una estrategia de clic endeudamiento -en los últimos 13 años los pasivos de la compañía crecieron 383%- que para algunos demuestra que el estado financiero y la capacidad de inversión de la compañía no pasan por su mejor momento, mientras que hay una búsqueda de mercados alternativos y el reflejo de que para ciertos trabajos complejos en el sector Venezuela no puede sola.

La polémica por las cifras de producción

Las cifras en esta materia son motivo de polémica pues desde 2004 hay diferencias en cuanto al nivel de producción de PDVSA entre lo que dice Venezuela y lo que asegura la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), de la cual el país forma parte. Mientras el gobierno da cuenta de 2,9 millones de barriles diarios, la OPEP coloca la cifra en unos 600.000 barriles menos por día. Críticos del gobierno y anteriores autoridades de Pdvsa aseguran que antes de la llegada del presidente Hugo Chávez Venezuela producía más de 3,3 millones de barriles diarios. Y aseguran que la disminución se debe a la falta de inversión en el sector. Las promesas del gobierno en cuanto a los niveles de producción no han sido cumplidas. Ahora el ministro Ramírez asegura que Pdvsa alcanzará los cuatro millones diarios en 2014 y los seis en 2019. "Eso es una falacia, porque con esta política no hay forma", dice el ingeniero González. Este año el gobierno espera llegar a los 3,5 millones. En 2005, el presidente Chávez dijo que en 2012 Venezuela estaría produciendo 5,8 millones.

Miami: temen consecuencias por cierre de consulado de Venezuela

Muchos venezolanos residentes en el sureste de Estados Unidos se preguntan con preocupación cómo les afectará el cierre del consulado de Miami, ordenado por el presidente Hugo Chávez. Algunos auguran graves consecuencias económicas.

No se trata de una legación diplomática cualquiera. Se estima que la sede consular de Miami presta servicios a unos 170.000 venezolanos de los estados de Florida, Georgia y las dos Carolinas, lo que la convierte en la más importante de Estados Unidos.

El gobierno de Venezuela aún no ha aclarado qué medidas adoptará para paliar las consecuencias del cierre. Trámites como la renovación de pasaportes o la solicitación de permisos para exportar a Venezuela deben hacerse ante la ventanilla de la sede diplomática.
Algunos venezolanos del sur de Florida temen que en adelante tendrán que realizar grandes desplazamientos por carretera hasta Houston, para cumplir con este tipo de gestiones.
Además, a los consulados les compete organizar conjuntamente con la oposición el voto de los residentes en el extranjero.
Tampoco se conoce cuánto tiempo permanecerá cerrado el edificio. Chávez anunció que la medida tiene carácter temporal mientras se investigan las amenazas de las que supuestamente fueron objeto los funcionarios consulares, y que según el gobierno han motivado la clausura.
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¿Amenazas o represalia?

El gobierno alega que la medida tiene por fin proteger al personal y culpó de las amenazas a grupos "terroristas" y "prófugos de la Justicia venezolana".
El canciller Nicolás Maduro señaló que las amenazas fueron proferidas tras la emisión de un reportaje de investigación por la cadena estadounidense de televisión en español Univision que vincula a la excónsul Livia Acosta con un complot para atacar centrales nucleares en EE.UU.
El anuncio por Chávez el viernes del cierre del consulado se produjo solo cinco días después de que Washington revelara que había expulsado a Acosta, sin revelar los motivos por cuestión de seguridad.
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Los representantes de la opositora Mesa para la Unidad Democrática (MUD) en Miami creen que la medida es una represalia por la expulsión de Acosta que, en lugar de apuntar contra Washington, apunta contra los propios venezolanos en el extranjero.
Pedro Mena, director ejecutivo de MUD, calificó el cierre en conversación con BBC Mundo como una decisión electoralista.
"Miami es el centro electoral más importante fuera de Venezuela", señaló Mena, quien calcula que el derecho al voto de unos 20.000 venezolanos podría verse afectado si el cierre continúa en las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
Los venezolanos en el extranjero no pueden votar por correo y deben desplazarse en persona hasta el centro de votación.
Mena recordó que la votación en Miami en las elecciones primarias de la oposición el 12 de febrero no se verán afectadas.

Consecuencias económicas

El cierre del consulado también podría tener graves consecuencias económicas, según la Cámara de Comercio Venezolano-Americana.
Los productos estadounidenses que son enviados desde Estados Unidos a Venezuela necesitan una autorización que se tramita en el consulado.
En 2011, se registraron en el consulado de Miami más de 64.000 documentos de certificación de origen para exportación, según la Cámara, que recuerda la importancia del tráfico comercial entre Florida y Venezuela.
La presidenta de la Cámara, Lesly Simon, que es directora de la aerolínea Santa Bárbara Airlines, teme que el cierre afecte negativamente a su negocio y al de muchos otros empresarios.
"Me temo que cada vez que necesite obtener uno de esos certificados tendré que trasladarme por carretera hasta el consulado más próximo y eso puede suponer un costo adicional para mis exportaciones".
La MUD advierte que la medida podría ser sentida también por los venezolanos que viven en Venezuela.
"Florida es el origen de una fuerte corriente comercial y financiera que satisface importantes necesidades de la gente", señaló este domingo en un comunicado.
"Al no existir, contribuirá en forma importante al encarecimiento desmedido adicional de todos los suministros (medicinas, alimentos, que hoy en día se suministran desde el Puerto y el Aeropuerto de Miami)".

El secreto de Venezuela en su lucha contra la pobreza

Para los partidarios de Hugo Chávez, probablemente sea uno de los datos más halagadores.

Venezuela es el segundo país de América Latina donde más se ha reducido la pobreza en los últimos 12 años, detrás de Ecuador, que entre 1991 y 2010 la redujo en 26,4%.

La tendencia regional registró los niveles más bajos de pobreza e indigencia en dos décadas, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El 27,8% de los 29 millones de venezolanos viven por debajo de la línea de pobreza. Cuando el presidente Chávez llegó al poder en 1999, era el 49,4%.
Las cifras concuerdan con el discurso de "justicial social" de Chávez pero, contrariamente a lo que se podría pensar, no son consecuencia directa de las llamadas "misiones" (programas sociales).
"A lo que más se atribuye la disminución de la pobreza (en Venezuela) –le dice a BBC Mundo Martín Hopenhayn, director de la División de Desarrollo Social de la Cepal– es al aumento de los ingresos laborales, mucho más que a los programas de transferencias".
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Las razones

Detrás del caso venezolano hay beneficios extraordinarios por los precios del petróleo, mejoría en los ingresos laborales y mayor distribución de las rentas.
A diferencia de otros países, donde se atribuye al crecimiento económico las mejoras en los niveles de pobreza, en Venezuela la distribución cobró mayor protagonismo.
Mientras que en Argentina el 80% de la variación se debió al crecimiento y el 20% a la distribución, esos porcentajes alcanzaron en Venezuela el 45% y el 55% respectivamente, una de las más altas en la región.
Para el gobierno venezolano la clave pasa por las "misiones", con las que aspiran a tener "en la próxima década cero pobreza", según el vicepresidente Elías Jaua.
Desde que empezaron en 2003, están dirigidas a proveer asistencia médica básica gratuita, alimentos subsidiados y educación primaria y secundaria.
Hay misiones destinadas a reducir el déficit de dos millones de hogares, así como dar asignaciones mensuales a las mujeres embarazadas, familias con niños en pobreza extrema, y ancianos pobres sin pensión, con las que el gobierno se propone reducir la indigencia del 10,7% al 3% de la población.
Pero no todos creen que esa sea la solución a la pobreza en el país.
"Es posible que los ingresos de los hogares puedan mejorar sin que la economía sea más productiva", dice a BBC Mundo el sociólogo Luis Pedro España del "Proyecto Pobreza" de la Universidad Católica Andrés Bello.
"Un ingreso petrolero alto hace que a través del gasto público y los subsidios mejore el ingreso de los hogares, pero una medición de la pobreza sustentada sólo en el ingreso corre el riesgo de verse distorsionada, ¿qué pasa con el acceso a servicios públicos, salud, educación?".
"Con cualquier otro gobierno hubiera ocurrido igual. No se generan las condiciones estructurales, se depende del precio del petróleo", opina el sociólogo.
Hopenhayn asegura que para que esta mejoría sea sustentable en el tiempo, se necesita un "alto nivel de crecimiento económico sostenido y que las transferencias no sean un incentivo negativo para que los beneficiarios se inserten en el mercado laboral".
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Menos desigualdad

El gobierno también destaca que Venezuela es ahora el país menos desigual -o con menor concentración del ingreso- de la región, históricamente caracterizada por ser clic la más desigual del mundo.
Esta situación también mejoró en la región y en Venezuela específicamente pasó de 0,498 a 0,394, medida por el coeficiente de Gini, utilizado para establecer la desigualdad en un país.
Un valor de 0 expresa igualdad total y un valor de 1, una desigualdad máxima.
Guatemala, el más desigual de la región, tiene un índice de 0,585.
Ayudas públicas, incrementos en el salario mínimo, acceso a la educación básica y cambios en la estructura tributaria son políticas para disminuir la desigualdad a corto y mediano plazo.
Hopenhayn asegura que a largo plazo para América Latina "las claves son mejorar la fiscalidad, reducir la brecha en los años de escolaridad y reducir las brechas de productividad", ya que más de la mitad de los empleados se encuentran en el sector informal o microempresas y es en el estrato de las grandes empresas por donde pasa el 67% del Producto Interno Bruto regional.
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Avances en el Índice de Desarrollo Humano

En el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Venezuela también muestra avances, siendo uno de los tres países que más ha escalado en los últimos cinco años. El IDH es un número entre 0 y 1, que incluye promedio de ingresos personales, esperanza de vida y acceso a la educación.El IDH de Venezuela es 0.735, lo que la coloca en el puesto 14 de las 33 naciones de América Latina y el Caribe, por encima de Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. El gobierno disputa eso, pues asegura que la ONU no usa las cifras correctas en materia de escolaridad lo que, según las autoridades, pondría a Venezuela en el puesto 65 a nivel global y no en el 73.

                      

¿Con quién se enfrenta Venezuela en tribunales internacionales?

Tras la decisión de la Cámara de Comercio Internacional de que Venezuela pague clic a la petrolera ExxonMobil por la nacionalización de unos de sus proyectos en 2007, el Estado venezolano aún enfrenta varias demandas similares en distintos tribunales de arbitraje.

A mediados de diciembre el gobierno de Hugo Chávez había solucionado un diferendo similar que mantenía desde hacía más de tres años con la cementera mexicana Cemex.

En ese caso clic Venezuela pagó US$600 millones.
Cemex, al igual que otras compañías, había recurrido al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias por Inversiones (Ciadi), un tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial.
Estos son los casos a los que se enfrenta Venezuela:

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PETRÓLEO

• CONOCOPHILIPS: La firma estadounidense ha interpuesto la mayor demanda contra Venezuela en el Ciadi. Busca una indemnización de US$31.000 millones por la nacionalización de dos proyectos en la faja petrolífera del Orinoco –la mayor reserva de crudo del planeta– y otros dos convenios de exploración.

Esta disputa se originó en 2007 cuando el presidente Hugo Chávez nacionalizó los proyectos en la zona. Hasta ese entonces había 13 empresas extranjeras involucrada en la explotación de los campos petrolíferos.
La mayoría de las compañías aceptaron los términos impuestos por el Estado y permanecieron como socios minoritarios.

• Las estadounidenses EXXONMOBIL y ConocoPhillips se retiraron e iniciaron procesos de arbitraje internacional.

Aunque en el caso de ExxonMobil se resolvió una demanda en la Cámara de Comercio Internacional por US$908 millones, el caso ante el Ciadi aún está en disputa.
El ministro de Energía y presidente de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, Rafael Ramírez, dijo el año pasado que Venezuela estimaba pagar un máximo de US$2.500 millones por ambos arbitrajes.

La disputa con Exxon ha sido tensa al punto que la compañía logró en 2008 que tribunales internacionales congelaran temporalmente US$12.000 millones en activos de Pdvsa.

• La compañía TIDEWATER, dedicada a proveer servicios marítimos a proyectos petroleros, demanda a Venezuela por la expropiación de 76 empresas en mayo de 2009.

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La firma estadounidense busca recuperar el valor de su flota de embarcaciones, estimado en unos US$45 millones, estima la agencia Reuters.
Esas nacionalizaciones en el sector petrolero de 2009 también generaron que la compañía UNIVERSAL COMPRESSION INTERNATIONAL HOLDINGS recurriera un año después al arbitraje internacional por US$400 millones, al igual que la petrolera OPIC KARIMUM.

MINERÍA

• La canadiense GOLD RESERVE acudió al tribunal en 2009 por la revocatoria de dos proyectos. La demanda actualmente es por US$2.100 millones.

• VANESSA VENTURES, reclama desde 2004 por sus proyectos de oro y cobre por un valor de US$1.000 millones, mientras que CRYSTALLEX -también de Canadá- lo hizo en 2011 por US$3.8000 millones.

• También por concesiones mineras, a principios del año pasado HIGHBURY INTERNATIONAL y RAMMSTEIN TRADING también acudieron al Ciadi.

OTROS

• Las siderúrgicas TENARIS y TALTA, en manos del grupo argentino Techint, solicitaron arbitraje por la nacionalización de una de sus filiales en 2009.

• La fabricante estadounidense de envases de vidrio OWENS-ILLINOIS recurrió al arbitraje por la clic expropiación de sus dos plantas en 2010.

• NOVA SCOTIA POWER INCORPORATED presentó una demanda en 2011 por un acuerdo de suministro de carbón.

• La empresa holanda LONGBEEF INVESTMENTS, accionista de la procesadora de café Fama de América, acudió al Ciadi por una expropiación de 2009.

• La empresa suiza FLUGHAFEN ZÜRICH AG y la chilena GESTIÓN E INGENIERÍA solicitaron un arbitraje por la operación del aeropuerto en la Isla de Margarita, que estas compañías acordaron operar en 2004 por 20 años, un procedimiento que luego las autoridades venezolanas declararon nulo.

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Lo que se sabe de las expropiaciones de Chávez

La Cámara de Comercio Internacional con sede en París ordenó al gobierno de Venezuela pagar US$908 millones a la petrolera Exxon Mobil por la nacionalización de unos de sus proyectos en 2007.

Sin embargo, la decisión del panel de arbitraje internacional (cuya decisión es vinculante) es visto como un triunfo para el país sudamericano, pues es menos de lo que la gigante petrolera pedía (US$10.000 millones), e incluso menor que los US$1.000 millones que el gobierno de Hugo Chávez había ofrecido en septiembre pasado.

Expropiar y nacionalizar ha sido una de las características de los casi 13 años de gobierno del presidente de Venezuela Hugo Chávez.
Pero, ¿exactamente qué ha hecho?
Intentar ahondar en la maraña de nacionalizaciones, estatizaciones y expropiaciones del Estado venezolano puede resultar una tarea extensa y casi imposible de cumplir al detalle por la abundancia de casos y la falta de información concreta en algunos casos.
BBC Mundo hace un repaso entonces por las aristas más notorias de las expropiaciones en el país.

QUÉ DICE LA LEY

El artículo 115 de la Constitución venezolana garantiza el derecho a la propiedad y señala que "sólo por casa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes".
Sin embargo, críticos del gobierno aseguran que las autoridades no cumplen fielmente la letra del artículo.
Y algunas leyes aprobadas en los últimos años han generado lo que algunos llaman "expropiaciones exprés", facilitando el proceso.

Arbitrajes

En el Ciadi Venezuela también mantiene arbitrajes con la minera canadiense Gold Reserve, la siderúrgica argentina Tenaris y el fabricante de vidrio estadounidense Owen Illinois, entre otros. El año pasado se solucionó uno de ellos: Venezuela acordó pagar US$600 millones a la cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, en compensación por la estatización de la filial local de la firma. Cemex esperaba recibir US$1.300 millones.

La Ley de Seguridad y Soberanía
La Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria establece la posibilidad de "proceder a la adquisición forzosa" de bienes y actividades relacionados con el sector "sin necesidad de obtener autorización por parte de la Asamblea Nacional".
Y una reforma de la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios permitió que todos los bienes puedan ser declarados de utilidad pública directamente por el Ejecutivo, con la condición de que "se consideren esenciales e indispensables para garantizar el derecho a la vida y la seguridad del Estado".
La Asamblea Nacional sancionó una reforma que permite al gobierno tomar en forma inmediata, mientras dure el proceso de expropiación, cualquier tipo de establecimiento comercial si ha incurrido en prácticas como especular, remarcar precios, "u otro ilícito que restrinja la libre circulación de bienes y servicios".

LOS COSTOS

Según algunas estimaciones, el gobierno destinó, entre 2007 y 2009, más fondos para pagar expropiaciones y nacionalizaciones que para la producción de la petrolera estatal Pdvsa (US$23.377 millones contra US$21.931 millones).
Se trata de más recursos que los que destinó Pdvsa a gasto social entre 2001 y 2009.
Y esta cifra no incluye los más de 20 casos en los cuales el Estado no ha logrado un acuerdo económico con las empresas nacionalizadas –la mayoría de ellas, petroleras, mineras y cementeras– y ahora están sometidas a arbitraje internacional.
Entre ellos se destacan los que mantiene con dos petroleras estadounidenses ante Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.
Además de la decisión de la Cámara de Comercio Internacional conocida el sábado sobre el litigio con Exxon Mobil, ConocoPhillips busca una indemnización de US$31.000 millones.
Este último es el arbitraje más oneroso al que se enfrenta Venezuela.
El martes el presidente Chávez dijo que está dispuesto a buscar clic "un acuerdo amistoso" con estas petroleras.

EMPRESAS

El "Plan de desarrollo económico y social de la nación" para los años comprendidos entre 2007 y 2013 contempla la nacionalización de todos los sectores estratégicos de la economía nacional.
El Estado –dice este plan– debe conservar "el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país (…) Esto conlleva identificar cuál modo de propiedad de los medios de producción está mayormente al servicio de los ciudadanos y quiénes la tendrán bajo su pertenencia".
De esta forma a partir de 2007 el Estado comenzó a tomar el poder en los sectores hasta ese entonces privatizados de las telecomunicaciones, electricidad y grandes industrias.
Nacionalizó la mayor telefónica del país, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la filial telefonía celular Movilnet, que estaban controladas por la empresa estadounidense Verizon.
Y también se hizo con el control de Electricidad de Caracas, en manos de la estadounidense AES, en dos de los casos más emblemáticos.
De acuerdo a cifras de gremios empresariales y organizaciones no gubernamentales, el gobierno ha expropiado o intervenido de forma forzosa 1.087 empresas desde 2003, 497 este año.
"No hay información de que existan compensaciones importantes, el porcentaje es mínimo", le dice a BBC Mundo, Carlos Larrazábal, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
Entre ellas se incluyen complejos hoteleros, fábricas de vidrios y fertilizantes, compañías de lubricantes para automóviles, fábricas de envases de aluminio, cartón y ferretería, supermercados, cadenas alimentarias, y una planta de taladros petroleros.
La lista, y los ejemplos, podrían seguir.
En 2007, las empresas extranjeras que trabajaban en la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo del mundo, fueron intimadas a aceptar los términos impuestos por el Estado y permanecer como socios minoritarios.
ExxonMobil y ConocoPhillips no lo aceptaron y de ahí surgieron los arbitrajes ante el Ciadi.
En el sector petrolero no se trata sólo de las grandes multinacionales, sino también de compañías del ramo, que suministran transporte de personal y materiales, muelles y puertos e inyección de agua y gas, entre otros servicios.
En ese sentido son alrededor de 80 las empresas afectadas.
En 2010, a través de su tradicional programa de televisión Aló Presidente, ordenó la expropiación de Sidetur, la mayor empresa siderúrgica privada del país.
Una semana antes había hecho lo mismo con la fábrica de envases de vidrio propiedad de la empresa estadounidense Owens-Illinois.
Este año expropió la compañía Conferry –que presta servicios de transporte de pasajeros y de carga principalmente hacia la isla Margarita– para garantizar, dijeron las las autoridades, la seguridad ante la falta de mantenimiento de las embarcaciones.
Meses atrás el gobierno también nacionalizó los yacimientos de oro en el país.
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VIVIENDAS

En 2011, el Estado expropió al menos 179 edificaciones, viviendas, desarrollos habitaciones y estacionamientos.
Entre 2005 y 2010, esa cifra fue de 285.
Pero Felipe Benites, director del Observatorio de los Derechos de Propiedad Privadad, prefiere no hablar de expropiaciones.
"Son intervenciones –le dice a BBC Mundo–. No cumplen con los parámetros de expropiaciones, con las garantías expropiatorias del pago justo y oportuno".
En el Observatorio de los Derechos de Propiedad Privadad estiman que en el 5% de los casos se ha pagado una indemnización.
En cuanto a viviendas el ultimo anuncio de Chávez –aún no concretado– tiene que ver con la intención de expropiar residencias privadas en el archipiélago de Los Roques, en el Caribe venezolano.
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TIERRAS

Aunque hay confusión en las cifras, según el gobierno, más de 3 millones de hectáreas han sido expropiadas, unos 30.000 kilómetros cuadrados de extensión.
Representan 838 "rescates de tierras" como los denomina el gobierno.
"A nivel de tierras no ha habido indemnización –dice Benites–, parten de la premisa de que la Nación nunca se desprendió de esas tierras. Ahí El Estado dice: 'Yo no tengo que pagar nada'".
El plan masivo de expropiaciones comenzó en 2007, luego de que Chávez fuera reelecto en las presidenciales de 2006.
En el caso de las tierras se aseguraba que aquellas que eran improductivas debían destinarse a fomentar la "seguridad y soberanía alimentaria", en un país que importa alrededor 70% de los alimentos que consume.
Sin embargo, la situación en cuanto a la importación de productos alimenticios permanece igual.
También el gobierno expropia cuando considera que las tierras no están repartidas de forma justa.
En 2010, por ejemplo, se tomaron 47 fundos en la zona sur del Lago de Maracaibo, conocida por la producción de carne, leche y plátano porque –dijeron las autoridades– el 50% de las tierras de la zona estaban en manos de un 4% de dueños, lo cual muestra un "sistema totalmente inequitativo".

"Ingreso forzado" de Venezuela al Mercosur podría acabar con el grupo

"Ya Venezuela se va a la próxima cumbre del Mercosur en diciembre como socio pleno". Seis años después de haberlas pronunciado, las palabras del presidente Hugo Chávez siguen sin concretarse, aunque este martes los presidentes del bloque podrían dar un paso fundamental y polémico para destrabar la compleja adhesión de Venezuela al Mercado Común del Sur.

Reunidos en Montevideo, los mandatarios del bloque (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) buscan mediante una "decisión política" encontrar una "fórmula jurídica" y hasta decidir una "admisión temporaria" de Caracas, una acción controversial que violaría el propio Tratado constitutivo del Mercosur.

Es que en el bloque comercial no hay unanimidad sobre su ingreso. ¿El problema? El rechazo a Hugo Chávez.
En diciembre de 2005 Venezuela dio el primer paso para adherirse al bloque regional y al año siguiente firmó el Protocolo de Adhesión.
Uruguay y Argentina dieron el visto bueno rápidamente, y en Brasil encontró resistencias en el Senado –lo que generó que Chávez tildara de "loros del imperio" a los parlamentarios de ese país y amenazara con retirar la solicitud de adhesión– pero finalmente aprobó el ingreso dos años atrás.
En Paraguay las discusiones siguen enredadas, pues el Senado –con mayoría opositora al presidente Fernando Lugo– rechaza la presencia de Venezuela en el bloque pues consideran que en ese país no hay una "democracia plena".

Presión uruguaya

El que más se ha movido en las últimas semanas para lograr el ingreso como miembro pleno de Venezuela ha sido el presidente uruguayo José Mujica, pues considera que "contribuirá a mitigar las notorias asimetrías de los países socios".
Ve allí una oportunidad para los socios menores del Mercado Común del Sur, que pese a ser el principal grupo de integración comercial de América Latina no ha logrado cumplir del todo las metas fundamentales que se impuso tras su creación, en 1991: formar un área de libre circulación de bienes y adoptar un arancel externo común para todos los productos que ingresen al bloque.
Las asimetrías entre los gigantes del Mercosur (Argentina y Brasil) frente a los pequeños (Paraguay y Uruguay), las trabas comerciales y las actitudes proteccionistas han minado el potencial del bloque.
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"La incorporación de Venezuela al Mercosur favorece a los más pequeños, a Paraguay y Uruguay. Este es un tema de mucha importancia para la unión de Suramérica”, dijo Chávez el lunes antes de partir a Montevideo, en lo que constituye su primer viaje oficial tras ser operado de un tumor cancerígeno en junio.
Mujica propuso entonces reformar las normas de ingreso para que sean los Jefes de Estado únicamente los que tengan la potestad de admitir a nuevos miembros sin necesidad de obtener la luz verde parlamentaria, algo que tendría el apoyo de las presidentas de Argentina, Cristina Fernández, y de Brasil, Dilma Rousseff.

¿Violación al Tratado?

Para el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle, quien suscribió en 1991 el Tratado de Asunción que creó el bloque, "esta reunión del Mercosur puede señalar el comienzo del fin de esta organización porque pretende forzar la entrada de Venezuela violando el propio tratado y terminar jurídicamente con la asociación".

"Representa una agresión a la soberanía del Paraguay, cuyo Parlamento tiene todo el derecho de votar, no votar o demorar", le dijo a la agencia de noticias EFE.
Lacalle, al igual que parlamentarios paraguayos, aseguran que los presidentes que avalen esto podrían exponerse a un "juicio político" por violar la Constitución.
Y en Paraguay los parlamentarios consideran que cambiar las reglas del Mercosur para que Venezuela ingrese es "una medida de presión" al Congreso paraguayo.
La Cancillería uruguaya ha rechazado las críticas a la propuesta y aseguró que la "formula" respeta la "vigencia" del Tratado de Asunción y las normas de consenso en el bloque.
Ese tratado asegura que "la aprobación de las solicitudes será objeto de decisión unánime de los Estados partes (Ejecutivo y Legislativo)".
Sin embargo, el analista venezolano Julián Rivas considera que "más allá del Tratado original" los "términos en los cuales se concibió el Mercosur ya no son los de hoy (...) Los marcos jurídicos cambian en cuanto hay otras necesidades", le dijo a BBC Mundo.
Rivas considera que algunos sectores de la derecha y conservadores de Sudamérica "sin ningún elemento de fondo" tienen un "deseo de sabotear a Chávez y no ven el objetivo sincero de la naturaleza de la posición venezolana".
Pese a la discusión y las diversas posturas, el propio Chávez al llegar a Montevideo aseguró que "hoy (por este martes) no se dará el ingreso pleno".
Sea cual sea el resultado de la cumbre, en Paraguay ya advierten sobre las consecuencias de una posible decisión favorable a Caracas.
"No sé qué hermenéutica utilizarán para forzar el ingreso de Venezuela, pero que intente entrar por la ventana y no por la puerta grande va a crear una crisis muy peligrosa en la región", le dijo el senador paraguayo Miguel Abdón Saguier a la prensa de Uruguay.

Chávez abre la caja con fondos polémicos

"Deficitario, discrecional y opaco".

Así define Transparencia Venezuela, filial de la organización Transparencia Internacional, a la propuesta que hizo el gobierno del presidente Hugo Chávez para el presupuesto de 2012, que es 45,6% superior al que se había previsto para este año.

Sin embargo, en el presupuesto se dejan afuera recursos para cosas tan básicas como la organización de las elecciones presidenciales del año próximo.
El dinero para los comicios, así como para algunas misiones consideradas claves para el gobierno, saldría de los llamados "créditos adicionales", "un mecanismo extraordinario que existe para superar renglones mal planificados o imprevistos", advierte Transparencia.
Por ejemplo, el presupuesto para este año se terminó incrementando 67% por vía de los créditos adicionales.
Es que en la práctica existe un presupuesto paralelo que ha registrado US$113.000 millones desde 2005.
Son recursos que no se ingresan al presupuesto formal pero que llegan a manos del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden), el Fondo Chino y el Fondo Gran Volumen.
A través de ellos se han gestionado 350 grandes proyectos, asegura Transparencia, de los cuales "no se tienen metas, indicadores ni rendición de cuentas".
El propio presidente Chávez ha rechazado los cuestionamientos al presupuesto y dijo que se hacía con "transparencia".

Gracias al petróleo...

Críticos de la gestión del mandatario también hacen hincapié en los ingresos que el Estado venezolano obtiene del petróleo y quedan por fuera del presupuesto nacional.
Los ingresos petroleros representan, en promedio, el 45% de los ingresos totales del gobierno central.
Pero el presupuesto nacional se realiza con una estimación conservadora del precio del barril, US$50 (fue de US$40 para 2011).
Actualmente se encuentra levemente por encima de US$100 y los analistas esperan que mantenga esa tendencia el año próximo.
Es decir, por cada barril de petróleo, el Estado obtiene un excedente para gastar por fuera del presupuesto.
En abril Chávez firmó un decreto-ley por el cual se establecieron "contribuciones especiales por precios extraordinarios y exorbitantes del petróleo".
Según esta normativa, se fijaron alícuotas de entre el 80% y el 95% del precio del barril del petróleo, recursos que se destinan directamente al Fonden, que aprueba recursos con autorización del ministro de Finanzas, previo visto bueno del presidente.
El Fonden también recibe recursos directamente del Banco Central de Venezuela.
En promedio, este fondo ha ejecutado el 17% del gasto primario del gobierno central.
"Los fondos especiales tienen un manejo muy poco transparente, no hay estados financieros, o se los publica con retrasos o inconsistencias", le dice a BBC Mundo Boris Segura, analista para Venezuela de Nomura Securities, un banco de inversión con sede en Nueva York.
"No hay barreras entre gobierno central, Pdvsa, Fonden, Banco Central... porque todo responde al presidente y preocupa porque es muy difícil hacer análisis", dice Alejandro Grisanti, economista del banco de inversión Barclays Capital para América Latina.
"La herramienta presupuestaria en Venezuela no es creíble –agrega–, no indica lo que va a gastar el gobierno. Hay subestimación de ingresos para disminuir las transferencias a gobernaciones y alcaldías".
Los gobernadores de la oposición se quejan de que no reciben los recursos suficientes de parte del gobierno central.
Dos de ellos, Henrique Capriles Radonski (Miranda) y Pablo Pérez (Zulia), son los favoritos según las encuestas para ganar la primaria opositora y enfrentarse a Chávez en las presidenciales de octubre.

Gasto social

En el presupuesto previsto para el próximo año se incrementa un 27% el gasto en sectores sociales, algo que la oposición considera que el gobierno planea usar para fines políticos de cara a las elecciones presidenciales de octubre.
Pasará de 91.000 millones de bolívares (US$21.000 millones) en el presupuesto de 2011 a 115.717 millones (US$27.000 millones) en 2012.
Desde el gobierno se defiende el incremento pues se asegura que se necesita para ampliar los programas sociales, construir viviendas y realizar otros proyectos de infraestructura.
"El presupuesto –dijo Chávez semanas atrás– es una palanca para el desarrollo, una palanca para la justicia social, una palanca para la redistribución de la riqueza".
"Esta oposición irresponsable no reconoce nada de eso (...) todo se hace con transparencia".
Sin embargo, en septiembre de 2010 el gobierno dejó de publicar sus balances fiscales mensuales, lo que sumado a los fondos especiales, dificulta el análisis de las cuentas fiscales venezolanas, advierte Segura.

"Un problema comunicacional"

Pero algunos cuestionamientos no sólo llegan desde sectores críticos del presidente.
Para el economista Víctor Martínez, ministro de Industria entre 2005 y 2007, el gobierno debería informar con "más rigor qué se está haciendo con esos recursos".
"Es un problema comunicacional, cuando no hay información da la impresión de que no hay transparencia. Se asignan los recursos pero no hay información", le dice a BBC Mundo, aunque asegura que "todos los fondos están monitoreados por la Asamblea Nacional".
"Discrecionalidad del gasto siempre hay, eso no es extraño", señala el exministro.
"Hay un manejo opaco de las finanzas", le dice a BBC Mundo Richard Obuchi, economista y profesor del Centro de Políticas Públicas del Instituto de Estudios Superiores de Administración, en Caracas.
"Se ha utilizado la mayoría (oficialista) en la Asamblea Nacional para el incremento de los 'créditos adicionales', hay ausencia de escrutinio y dificílmente se pueda hacer una evaluación real del estado de las finanzas públicas", asegura.
Ayudas para quienes tengan hijos en situación de pobreza extrema, pago retroactivo de prestaciones sociales, de bonos atrasados, de pensiones y de jubilaciones: en las últimas semanas Chávez anunció una serie de beneficios para algunos sectores claves de cara a la campaña electoral.
El viernes pasado viernes, sin ir más lejos, anunció la creación de la Gran Misión Hijos de mi Pueblo Venezuela, que atenderá a 800.000 embarazadas y más de un millón de menores de 18 años.
A este programa social, dijo el presidente, se le destinarán el año próximo US$2.300 millones.

¿Por qué Venezuela necesita préstamos de China para producir petróleo?

Cuando una empresa como la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) busca financiamiento del exterior para aumentar su producción, se disparan muchas preguntas entre conocedores de la industria.

Para algunos demuestra que el estado financiero y la capacidad de inversión de la compañía no pasan por su mejor momento.

Otros, en cambio, prefieren ver una búsqueda de mercados alternativos y el reflejo de que para algunos trabajos complejos en el sector petrolífero Venezuela no puede sola.
China acordó este miércoles otorgarle a Venezuela un crédito, de US$4.000 millones, para los proyectos petroleros que tienen en común en la llamada Faja del Orinoco, con el objetivo de que la petrolera aumente la producción.
Estas empresas mixtas planean producir 1,1 millones de barriles por día (bpd) para 2014, diez veces la producción actual, aseguró el ministro de Energía y Petróleo, y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.
El acuerdo se enmarca dentro de la cada vez más estrecha relación entre ambos países que tiene como principal elemento un polémico "Fondo chino-venezolano", un mecanismo de financiamiento de proyectos conjuntos que comenzó a operar en 2007.

El "Fondo chino"

Gracias a los planes del Fondo binacional, China se convirtió en el principal acreedor de Venezuela con créditos de US$32.000 millones que Caracas cancela con envíos de 400.000 barriles diarios, que representan el 15% de la producción de Pdvsa.
Las inversiones petroleras entre ambos países alcanzan US$30.000 millones: entre ellas se destacan los trabajos en la Faja del Orinoco, la mayor reserva de crudo pesado –de compleja extracción– del mundo, y un proyecto para construir una refinería en China.
Algunos especialistas y, en general los opositores al gobierno, aseguran que Pekín recibe un trato preferencial en el precio del crudo que recibe de Venezuela lo que afectaría a PDVSA, algo desmentido por las autoridades venezolanas.
"Es un acuerdo perfectamente transparente donde nosotros pagamos con cargamentos de petróleo (...) hechos a precio de mercado, no hay manera que nosotros apliquemos descuentos", aseguró el presidente de PDVSA.
El experto petrolero Carlos Mendoza Potellá señala que la estrategia del gobierno pasa por una "búsqueda de una alternancia a mercados financieros de Occidente, es menor dependencia y mayor soberanía".
Aunque reconoce que esta forma de financiamiento podría tener un "costo, quizá más caro, menos favorable, sobre la base de precios anticipados modestos".
Sin embargo, el exdirector de PDVSA, Alfredo Toro Hardy, opina que el hecho de que se recurra a la financiación china demuestra que "la empresa no tiene recursos para hacer sus propias inversiones".

Problemas de caja

En 2010 las ganancias netas de la petrolera venezolana disminuyeron por segundo año consecutivo –el año pasado un 28%– y lo destinado a proyectos de inversión también se resintió, en este caso un 12%.
Los problemas de caja de PDVSA se deben en gran parte a la diversificación de actividades que ha tenido que asumir en los últimos años.
La petrolera estatal destinó en 2010 a los programas sociales del gobierno el doble de dinero que a la inversión en el sector del crudo.
"En lugar de financiar su programa de inversiones con fondos propios debe financiar programas sociales, y hay dudas de si está invirtiendo lo suficiente", le dice a BBC Mundo Boris Segura, analista para Venezuela de Nomura Securities, un banco de inversión con sede en Nueva York.
Y ello es un riesgo, consideran los expertos, pues la petrolera es la empresa responsable de más del 90% de lo que ingresa al país por concepto de exportaciones y sostiene la mitad del gasto público.
"La situación financiera de Pdvsa está terriblemente comprometida", afirmó a BBC Mundo Toro Hardy, quien estuvo en la petrolera entre 1995 y 2000.
Otro de los aspectos que genera preocupación en algunos sectores es la llamada venta de petróleo a futuro que se realiza con China a cambio de financiamiento.
El propio Chávez le ha garantizado a Pekín el suministro de petróleo.
"Todo el petróleo que China pueda necesitar de nosotros para reafirmarse como una gran potencia, aquí estará ese petróleo", aseguró el mandatario el año pasado.

La oposición a Chávez denunció esta semana que tenía en su poder documentos oficiales que, aseguran, prueban que el gobierno venezolano está dispuesto a endeudarse con China hasta por US$160.000 millones cuyo pago se haría en un plazo de diez años mediante el envío de barriles de petróleo.
El presidente desestimó este jueves los cuestionamientos al "Fondo chino" y aseguró que "los apátridas critican esta relación con China porque siguen instrucciones del Pentágono y de la Casa Blanca".

Producción e inversión

Además, la compañía todavía estaría sufriendo las consecuencias del desmantelamiento de parte de la administración despedida por el presidente Chávez tras el paro petrolero del 2002.
Críticos de la gestión de Pdvsa no sólo hacen hincapié en esto, sino en cómo la compañía ha reducido la producción de barriles de petróleo diarios.
Las cifras en esta materia son motivo de polémica pues desde 2004 hay diferencias en cuanto al nivel de producción de PDVSA entre lo que dice Venezuela y lo que asegura la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), de la cual el país forma parte.
En septiembre, el ministro Ramírez aseguró que Venezuela busca pasar de los tres millones bdp que se producen actualmente a cuatro millones bdp en 2014.

En el caso de la Faja se trata de petróleo pesado, que requiere de complejos procesos para hacerlo utilizable.
Y la petrolera estatal venezolana ha sufrido un problema de adecuación tecnológica e inversión que ha afectado su desempeño en años recientes.
"En la faja (del Orinoco) hay retos tecnológicos y financieros que no los puede asumir solamente el Estado", reconoce Mendoza Potellá, de ahí la necesidad del préstamo chino.
Pero el plan de expandir la producción con dineros del Fondo es considerado un "cuento chino" por el exdirector de PDVSA, José Toro Hardy.
"Eso sólo puede creerlo quien no entienda las complejidades de la faja del Orinoco", le aseguró Toro Hardy a BBC Mundo.
En ese entonces, dice el experto, se realizó una inversión de US$14.000 millones y tras cinco años la producción aumentó en 650.000 bdp.

Venezuela: incertidumbre y dudas por control de precios

Con incertidumbre y dudas entre comerciantes y consumidores, Venezuela aplica desde este martes una cuestionada Ley de Costos y Precios Justos que busca hacerle frente a la inflación y es defendida por el gobierno "para la construcción de la economía socialista".
Como primera medida, el gobierno anunció la congelación de los precios de 18 productos.

Entre ellos se incluyen el agua mineral, jugo de fruta, cloro, jabón, lavaplatos líquidos, limpiadores, champú, desodorantes, papel higiénico y los pañales (ver aparte lista completa).
La normativa busca establecer un sistema que regule los precios de venta al público y establezca los márgenes de ganancia, además de sancionar a los comerciantes que "especulen".
Aquellos que vendan a un precio considerado "elevado" deberán rebajarlo, pero aún no se sabe qué se considera un margen de ganancia "excesivo".
El vicepresidente Elías Jaua aseguró que la medida que afecta a 18 productos se extenderá hasta el 15 de diciembre.
Hasta ese entonces se realizarán auditorías "para ver si los precios se corresponden con la estructura de costos”, luego el gobierno informará a las empresas el precio máximo de venta a público que deberán regir a partir del 15 de enero.

"Ojo con la Coca-Cola"

La puesta en marcha de la ley vino acompañada de una cadena de radio y television de la que el presidente Hugo Chávez, quien se recupera de un cáncer, participó a través del teléfono.

El mandatario ha dicho que esta Ley de Costos y Precios Justos constituye un nuevo mecanismo en la "transición al socialismo" que busca acabar con los "vicios del capitalismo".
"Métanle bien el ojo", dijo este martes a los nuevos inspectores de precios y mencionó a multinacionales como Colgate, Palmolive, Pepsi-Cola, Nestlé, Jonhson & Johnson, Coca-Cola, Unilever Andina y a la compañía Alimentos Polar, el mayor grupo de alimentación de Venezuela.
El objetivo, aseguran las autoridades, es combatir la especulación y la inflación, que alcanza el 23% y es la más alta de América Latina – y una de las más altas del mundo.
Los empresarios la ven con desconfianza y aseguran que fomentará la escasez de algunos productos.
Incluso algunos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez reconocen que la norma debe ser bien aplicada o podría convertirse en un "boomerang".

Más controles

Desde el 2003 el gobierno aplica un control de precios a productos considerados de primera necesidad, como aceite para cocinar y arroz.

Pero la medida no ha logrado detener la inflación y ha generado que haya desabastecimiento de algunos productos regulados.
Con la nueva normativa, en teoría, se amplía el control a todos los sectores de la economía, con excepción de la banca, algo considerado "inaplicable" por críticos de la ley.
En las primeras etapas, el control de precios comenzará a regir en cinco sectores: alimentos, productos de higiene personal y de limpieza del hogar, medicinas y servicios de atención médica, materiales de construcción y repuestos de vehículos.
Además, el gobierno tendrá mayores potestades para ejecutarla y sancionar a quienes la violen (ver recuadro).
La ley crea un sistema de administración de precios de venta (Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios) y márgenes de ganancia.
Uno de los objetivos de la normativa es "establecer mecanismos de control previos a aquellas empresas cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras de costo”.
Los empresarios deberán informar, a través de un registro electrónico, la estructura de costos de sus productos y los precios que cubran esos costos.
Estos critican que no se tengan en cuenta los "costos indirectos" de producir un bien.

Entre las "dudas" y los "beneficios"

El presidente del principal gremio empresarial, Fedecámaras, Jorge Botti, asegura que la ley "va a generar más dudas y más incertidumbre de las que ya teníamos".
Críticos de la normativa sostienen que con este tipo de acciones se infunde temor en inversionistas y se puede ocasionar desabastecimiento de productos, porque consideran que los fabricantes se ven desestimulados a aumentar la producción.
"Esta ley es más de lo mismo. Tenemos una economía con ocho años de controles de precios y lo que hemos visto es desabastecimiento, inflación y una desaceleración del aparato productivo", dice a BBC Mundo el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parrilli.
"Si se congela el precio del producto, obviamente el empresario va a ir a pérdida y el producto va a desaparecer. El perjudicado es el consumidor", agrega.
Consumidores y comerciantes consultados por BBC Mundo destacan algunos elementos positivos de la nueva normativa, aunque también encuentran aspectos nocivos.
"Es algo negativo para el país, todo lo que son controles, lo que son restricciones representan un atraso, porque además es muy difícil mantener un control de precios", opina Marisol Fernández, mientras compra en un supermercado en Los Palos Grandes, una urbanización de Caracas.
Por su parte, Guillermo Alcalá, comerciante de un mercado de la popular zona de Petare, considera que se trata de algo "positivo para las clases bajas, para el pueblo, porque consigue más barato, pero no para las clases ricas porque escasean las cosas".
La responsable de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos, Karlin Granadillo, ve con optimismo la aplicación de la ley.
"La estabilidad económica y de precios nos va a beneficiar a todos. Tanto a las personas que reciben los productos y servicios, como para el sector empresarial", aseguró en la prensa local.
Los empresarios, dijo, "cubrirán sus costos y el margen de ganancias (será suficiente) para sostener sus empresas".

Efecto "boomerang"

Sin embargo, el director del Banco Central, Armando León, consideró que la normativa debe ser "evaluada y aplicada muy bien".
De lo contrario, dijo León, "puede convertirse en un boomerang".
El funcionario agregó que "sólo unos sectores muy claves los que van a ser monitoreados de manera permanente".
"Para que tengan una idea hay alrededor de 500 mil productos y el Banco Central monitorea, o recoge mensualmente junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE) unos 300 mil costos de la economía. Eso es un trabajo muy arduo", aseguró en declaraciones reseñadas por el diario El Universal.

Chávez le pone el ojo al paraíso "privatizado" de Los Roques

El paraíso natural del archipiélago de Los Roques, en el Caribe venezolano, está bajo la lupa del gobierno. El sábado pasado, el presidente de Venezuela firmó un decreto de ley para crear Estados insulares en el Caribe venezolano. Semanas atrás había anunciado su intención de comenzar a expropiar residencias en las islas.

Lo hizo a través de la llamada ley habilitante, aprobada tras la emergencia por las lluvias a fines de 2010, que le permite evitar que las leyes pasen por la Asamblea Nacional.

"¿Qué pasa con la burguesía? ¿Por qué ellos se niegan a todo esto?, porque saben que detrás de esta Ley vamos a comenzar a ejercer el poder nacional hasta en el más pequeño islote de ese inmenso Caribe", dijo el presidente quien aseguró que se trataba de la "nueva geopolítica nacional".
Chávez dijo que buena parte de ese mar "está privatizado, está escualidizado (de escuálido, como Chávez denomina a la oposición), está en manos, algunas veces incluso, del jet set internacional. Los Roques, por ejemplo, mucha gente habla en Europa como si Los Roques fuera un país".
Es que el presidente, afecto a las expropiaciones y nacionalizaciones, había declarado semanas atrás que expropiaría casas en Los Roques, ubicado a 160km de la costa venezolana (40 minutos de vuelo), donde viven unas 1.500 personas.

"Turismo social"

Los Roques, parque nacional desde 1972, es un conjunto de 42 islas –varias de ellas deshabitadas, a las que se suman unos 250 islotes que no tienen ni nombre–, playas casi vírgenes y arrecifes coralinos.
En el archipiélago, de 2.200 kilómetros cuadrados, hay 62 posadas y algunas residencias particulares.

Entre ellas, el gobierno identificó 11 que, asegura, fueron construidas de forma ilegal.
Ahora las autoridades quieren tomar los terrenos y crear centros vacacionales "para el pueblo" en un lugar, visitado usualmente por personas de alto nivel económico, con precios prohibitivos para la gran mayoría de los venezolanos.
Pasar un fin de semana en Los Roques, con alojamiento, comidas y vuelos para dos personas, puede rondar los 10.000 bolívares (unos US$2.300). Un día en el archipiélago puede costar US$500.
Chávez también anunció la expropiación de embarcaciones de "banqueros fugitivos" para que los venezolanos puedan desplazarse entre los cayos del archipiélago y realizar recorridos "rutas turísticas sociales".
Los dueños de posadas, quienes algunos señalan se podrían ver afectados por las medidas, están a la espera.
"Esperemos que no nos afecte, por ahora no hay preocupación", le dice a BBC Mundo, Andrea de posada La Lagunita.
"Se habló de las expropiaciones, pero nosotros no tenemos ninguna información", asegura Gregorio Romero, de la Posada Gremary. "Se ha comentado lo del 'turismo social' pero no se ha concretado nada, no sabemos qué va a pasar", agrega.
"Eso –dice Andrea– no cambiaría nada, no sería una molestia ni un beneficio".

Proyectos

El nuevo territorio insular se llamará Miranda, comprende las islas Los Roques, que será su capital, la Orchila y el archipiélago de islas Aves de Barlovento, entre otros islotes.
Para demostrar que los planes van en serio la nueva entidad ya tiene jefe político, el almirante (R) Armando Laguna.
Entre los primeros proyectos que se debaten está la creación de una procesadora de pescado.
En Los Roques, dijo Laguna, ya se realizan "mesas de trabajo y parlamentarismo de calle" para debatir las necesidades básicas de la comunidad.
"La burguesía tenía secuestrado estos espacios. Sin embargo, se harán evaluaciones legales para recuperar estas infraestructuras y fortalecer el turismo social", aseguró Laguna, quien anunció que ya se habló con la aerolínea estatal Conviasa para ampliar la pista del único aeropuerto en Los Roques que tiene capacidad para siete aviones.
La propiedad de esta zona, que se caracteriza por su rico ecosistema marino –hay 280 especies de peces– , permite que el territorio nacional se extienda hasta las 200 millas náuticas en el mar Caribe.

Ecuador tras los pasos de Venezuela en la CAN

¿Seguirá Ecuador los pasos de Venezuela, que en 2006 dejó la Comunidad Andina (CAN)? La pregunta se ha repetido en las últimas horas en la región tras el anuncio de la Cancillería ecuatoriana de un posible abandono de la CAN antes de fin de año si los países miembros del ente subregional no atienden sus quejas comerciales.

La advertencia la lanzó el pasado miércoles el vicecanciller ecuatoriano Kintto Lucas y este jueves el canciller Ricardo Patiño reiteró el pedido de su gobierno de una reunión urgente de jefes de Estado de la CAN para "encontrar una solución definitiva" a los problemas comerciales que inquietan al país.

"El Ecuador está muy preocupado por algunas acciones, no de gobiernos, sino de empresas privadas y transportistas que están impidiendo el cumplimiento de normas andinas que afectan el libre tránsito de productos y de personas entre nuestros países", dijo Patiño durante la visita que realiza a Alemania, según reportó la agencia EFE.
Previamente, Lucas había señalado en Quito que si continúan los bloqueos de los transportistas colombianos al transporte de carga desde Ecuador, su gobierno analizaría su salida de la CAN, entidad de la cual manifestó que "lamentablemente no está cumpliendo su papel".
Los transportistas colombianos denuncian, de su lado, una competencia desleal, al alegar que sus colegas ecuatorianos tienen beneficios al disponer de combustible más barato subsidiado por su gobierno.
Pero este tema no sería el único punto de conflicto para Ecuador. La Cancillería ecuatoriana habla de "inequidad en el comercio regional". "El país tiene un déficit con Colombia que supera los US$1.000 millones al año. No podemos seguir soportando, sin buscar soluciones a mediano y corto plazo", manifestó el subsecretario de Comercio Inclusivo, Pablo Piedra.
Junto con ello, a Ecuador le preocupan medidas fitosanitarias implementadas por algunos países de la CAN, las cuales dificultarían el ingreso de sus productos.

"Suicidio económico"

No obstante, a pesar a la advertencia emitida por la Cancillería ecuatoriana, analistas consultados por BBC Mundo dijeron que esperan que una salida de Ecuador de la CAN finalmente no sea el camino que adopte el presidente Rafael Correa, y coincidieron en que seguir los pasos de Venezuela en ese sentido sería negativo para el país.
El director del Observatorio de Comercio Exterior, Manuel Chiriboga, dijo que "sería un paso muy problemático para Ecuador el salir de la CAN", dado que la Comunidad Andina está entre los mayores socios comerciales de Ecuador, junto con Estados Unidos y la Unión Europea.
"Sería un suicidio desde el punto de vista económico para un país como Ecuador el seguir los pasos de Venezuela en la CAN, pues Ecuador tiene una estructura económica bastante diferente a la de Venezuela", señaló Chiriboga a BBC Mundo.
De su parte, el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Roberto Aspiazu, manifestó su expectativa de que el tema del eventual retiro de la CAN sea reconsiderado en el gobierno de Ecuador.
"Me parece absolutamente exagerada esta reacción de que a cuenta de problemas muy puntuales, como los de carácter fitosanitario, estemos con este discurso de que nos vamos a retirar de la CAN", expresó Aspiazu.

Diversas visiones

La advertencia de Ecuador de dejar la CAN se produce en un contexto de tensiones entre los miembros de dicho organismo por el establecimiento de acuerdos de libre comercio con terceros, como Estados Unidos y la Unión Europea.
A decir del analista Chiriboga, desde 2006, cuando Venezuela dejó la CAN porque no estaba de acuerdo con las negociaciones comerciales de Perú y Colombia con Estados Unidos, se evidenció que los países del bloque subregional tienen diversas visiones sobre el papel del comercio internacional en el desarrollo.
No obstante, Chiriboga señaló que a pesar de los desencuentros entre los miembros de la CAN, el intercambio comercial entre Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia se mantiene muy activo.
"La gran duda es si los países miembros van a querer fortalecer los aspectos positivos de la Comunidad Andina o si dejarán al organismo en un letargo", concluyó el experto.

Chávez promete autos "buenos, bonitos y baratos"

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, espera que dentro de un par de meses los venezolanos puedan comprar autos "buenos, bonitos y baratos" gracias a un proyecto con Chery, la principal automotriz privada china.

Los modelos Arauca y Orinoco -bautizados así por el propio Chávez- costarían entre un 40% y un 50% menos que sus competidores en el mercado venezolano y comenzaron a ser ensamblados la semana pasada.

El gobierno prevé que para este año sean producidos 5.000 vehículos en una planta en Aragua, en el norte del país, y para el próximo, año electoral, más de 18.000.
En Venezuela, donde los precios de la mayoría de los autos son dos o tres veces mayores que en Europa o Estados Unidos, el objetivo es que estos estén disponibles para una mayor cantidad de venezolanos.
Al mismo tiempo, el gobierno de Chávez quiere reactivar la anémica fabricación de autos en Venezuela, un país donde lo usual era la vitalidad de este negocio gracias en buena parte a que cuenta con la gasolina más barata del mundo.
Venezuela, que era en 2007 el cuarto mayor vendedor de autos de América Latina -tras Brasil, México y Argentina- ocupa ahora el octavo puesto, al haber caído el negocio por debajo del de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, según las cifras de la revista venezolana Guía del Motor.
Raúl Álvarez, director de esa revista, atribuye ese desplome a la política nacionalista que inició ese año el gobierno -más impuestos a la importación y obligación de usar componentes fabricados en Venezuela- y al estricto control de divisas, que "asfixia al sector privado".
"El mercado de automóviles está en coma", diagnostica en conversación con BBC Mundo.
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Dudas

Arauca y Orinoco comenzaron a ser ensamblados la semana pasada por una empresa compuesta por capital estatal y la privada ZGT, que obra bajo licencia de Chery.
El más pequeño Arauca, un modelo con dos o cuatro puertas, tendrá un motor con capacidad de 1,3 litros y se espera que su precio ronde los US$20.000. En cuanto al Orinoco, un modelo sedán, costaría unos US$28.000.
A pesar de la importancia que el gobierno le ha dado al proyecto, los conocedores de la industria del automóvil en Venezuela albergan dudas respecto al posible éxito de la iniciativa.
Hace cinco años, el gobierno creó Venirán, una alianza con una empresa iraní para producir autos "socialistas", los Venirauto, que usaban tecnología considerada desfasada y que no alcanzó los objetivos de producción previstos.
El reto para esta nueva alianza con la empresa china no es que en Venezuela haya poca demanda, ya que ésta no falta, sino que la fábrica sea capaz de producir con los obstáculos existentes en el país, valora el editor del venezolano Diario Automotriz, Julián Afonso.
Las grandes empresas automotrices instaladas en el país, como Toyota, General Motors o Ford, tienen que fabricar sus partes en el extranjero para luego ensamblarlas en Venezuela.
"La importación de vehículos está reducida a su mínima expresión", continúa Afonso quien precisa que algunas marcas como Kia, Renault y Peugeot han conseguido que Venezuela acepte la venta de sus vehículos ensamblados en algunos países regidos por gobiernos próximos al de Venezuela, como Argentina o Ecuador.
Los analistas advierten que algunas grandes empresas extranjeras están teniendo serios problemas en Venezuela a causa de estas restricciones.
"La política automotriz que inició el gobierno en 2007 ha sido una equivocación y el precio que se ha pagado es muy grande", opina el director de Guía del Motor, Raúl Álvarez. "Fue entonces cuando comenzó la destrucción de la industria y el negocio automotriz en Venezuela".

Otra mano en la economía venezolana

El Estado venezolano se mete cada vez más en la economía. Con la nueva ley de Costos y Precios Justos, que para el gobierno de Hugo Chávez constituye un nuevo mecanismo en la "transición al socialismo", las autoridades tendrán la potestad de fijar los precios de productos y servicios en todos los sectores de la economía con excepción de la banca.

El objetivo, aseguran las autoridades, es combatir la especulación y la inflación, que alcanza el 26% y es la más alta de América Latina –y una de las más altas del mundo.

El decreto, con fuerza de ley, fue aprobado el mes pasado por Chávez en el marco de los poderes especiales que obtuvo en diciembre pasado a raíz de las emergencias por las lluvias.
Los empresarios aseguran que la normativa, que entrará en vigor en octubre, representa un peligro para la economía, no servirá para combatir la inflación y aumentará el desabastecimiento ya existente de algunos productos.
Algunos analistas consultados por BBC Mundo la consideran sencillamente "inaplicable".

Control y sanción

La ley prevé la creación de un sistema de administración de precios de venta (Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios) y márgenes de ganancia, que busca promover el "uso de la planificación y el control de los costos empresariales".

También se establece una Superintendencia adjunta a la vicepresidencia que sancionará a los "especuladores" con penas que van desde multas hasta el cierre temporal.
Este organismo evaluará los costos y las ganancias y fijará los precios máximos de sectores como alimentos, salud, medicamentos, materiales de construcción y vivienda, educación y textiles.
El presidente Chávez dice que la ley dará "herramientas al Estado y al pueblo venezolano para derrotar la especulación, el acaparamiento y la voracidad del mercado y de la burguesía".
"Los empresarios y comerciantes privados que no tengan como práctica la usura, la especulación y el aprovechamiento no tienen que tener ningún temor", asegura el vicepresidente Elías Jaua.
Los sectores en los que el gobierno tiene mayor interés en regular son los de medicamentos, alimentos y útiles escolares, aunque no se fiscalizarán cigarrillos ni alcohol, según Jaua.

Más controles

La medida es vista con escepticismo desde algunos sectores.
Ya en los años ochenta del siglo pasado existió una Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios que intentó algo similar y fracasó.
Y desde 2003 el gobierno aplica un control de precios a productos considerados de primera necesidad.
Sin embargo, la medida no ha logrado detener la inflación y ha generado que haya desabastecimiento de algunos productos regulados.
Venezuela importa el 70% de los alimentos y con un tipo de cambio regulado los comerciantes se quejan de que algunos productos llevan hasta cinco años con el mismo precio de venta cuando el costo se ha elevado.
El aceite y la leche en polvo, por ejemplo, son difíciles de conseguir. Y cuando llegan a los anaqueles de los supermercados, vuelan.
Mientras el gobierno considera que la inflación se debe a la especulación y a los abusos del modelo capitalista, desde el sector empresarial se la considera una consecuencia de vivir bajo una economía centralizada y regulada por el Estado.
El principal gremio empresarial, Fedecámaras, estima que la ley trancará la economía y acentuará la escasez.

"Beneficio al consumidor"

Los defensores de esta ley aseguran que gracias a ella se establecerán mecanismos de control de precios a aquellas empresas cuyas ganancias son excesivas en proporción a sus costos.

"En Venezuela es necesario reformar un marco legal y un entorno institucional para tratar de controlar la especulación sobre todo, más que la inflación. Eso lo hace cualquier país del mundo", le dice a BBC Mundo el economista Víctor Martínez, ministros de Industria entre 2005 y 2007.
Pero reconoce que "si la ley no se aplica con dinamismo y agilidad, los costos van a ser más altos que el precio de venta y en esas condiciones el desestímulo para producir puede generar el fenómeno de la escasez".
Martínez considera que el gran beneficiado por la ley será el consumidor.
Y señala que esta normativa debe complementarse "con una política industrial y tecnológica para aumentar la productividad, la calidad y la competencia acompañada de una política para reindustrializar el país".
Martínez recuerda que hay 0,25 establecimientos industriales por cada 1.000 habitantes, mientras que Colombia y México tienen 1,2 y 1,7 respectivamente.
El economista Jesús Casique coincide.
"Venezuela tiene un problema fuerte de productividad, se requiere más oferta de bienes y servicios. El gobierno tiene que fortalecer el sector de manufacturas y el comercio".
Para el economista José Guerra, exdirector del Banco Central de Venezuela, la ley es inaplicable y ni siquiera sirve para combatir la inflación, opinión compartida por Casique.
"Una cadena de supermercados puede tener 13.000 productos distintos, entonces hay que hacer una estructura de costos para esos 13.000 productos. O una estructura de costos para cada tipo de pizza que venda una pizzería. Cambio un ingrediente y me cambia la estructura de costos".
"Se van a tener que concentrar en algunos productos básicos", indica Guerra, para quien esta "jugada del gobierno para contener la inflación" es "muy engorrosa".

¿Por qué Chávez quiere todo el oro?

El oro a casa y las reservas internacionales a los amigos. Así lo anunciaron las autoridades de Venezuela este miércoles.

El presidente Hugo Chávez anunció además la nacionalización de la industria aurífera y reveló que las reservas internacionales respaldadas en oro en otros países, unos US$11.000 millones, serán traídas al Banco Central.

Los anuncios llegaron un día después de que la oposición denunciara que el mandatario planeaba mover reservas en dólares a países aliados como China, Rusia y Brasil.
El miércoles el propio Chávez aseguró: "Vamos a empezar a traer nuestro oro al Banco Central... Ya está bueno, chico. Estoy de acuerdo con que se traiga ese oro a nuestras bóvedas, al Banco Central. Lo guardamos allí".
"Llegó el momento, se están hundiendo las economías de Europa y Estados Unidos", dijo Chávez a casi dos semanas de que una calificadora de riesgo rebajó la calificación de la deuda estadounidense desatando una tormenta en los mercados mundiales.
"Ahora hay que ver cómo están de sólidas las economías de China, Rusia y Brasil", agregó.
El ministro de Finanzas, Jorge Giordani, señaló que se busca diversificar los activos hacia esos países.
El Estado posee en reservas internacionales US$29.900 millones, de los que US$18.349 millones (el 60%) están en oro.

El gobierno defiende la medida al asegurar que se trata de diversificar las carteras de las reservas internacionales, tema que será debatido en sesión extraordinaria por la Asamblea Nacional este jueves, y proteger los recursos.
De no hacerlo, argumentan las autoridades, Venezuela podría haber perdido parte de sus reservas por la crisis financiera mundial.
"Queremos una protección de nuestros activos que son de todo el pueblo venezolano: lo vamos hacer progresivamente", señaló el presidente del BCV, Nelson Merentes.
Para la oposición se trata de una maniobra que no redunda en beneficios.
"El hecho de que lo haga ahora, ciertamente pareciera una manera de asegurar ese dinero junto con sus aliados políticos, o de asegurarles a estos que los compromisos que asuman con ellos van a ser satisfechos", aseguró en un comunicado la Mesa de la Unidad Democrática, el bloque que agrupa a los partidos de oposición.

El manual de Chávez

Pero, ¿puede tratarse de una medida inteligente en términos financieros?
Para el columnista de la agencia Reuters Martin Hutchinson "seguir el manual de Chávez rara vez es una buena idea".
Sin embargo, "en este caso los inversores podrían tomar el ejemplo de la transferencia de activos".
"Teniendo en cuenta –dice Hutchinson– los males presupuestarios y bancarios que afligen a Estados Unidos y la Unión Europea, Chávez podría no estar solo en la búsqueda de alternativas".
Aunque, acota este analista, la mayoría de los inversores no se sentirían tentados a colocar sus reservas en los países mencionados por Chávez.
El exministro de Industria y Minería de Venezuela (2005-2007), Víctor Álvarez, considera que podría ser una medida "precursora y pionera. Otros países del Alba (bloque integrado por Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Cuba y Bolivia, entre otros países) podrían dar pasos similares".
No todos piensan igual.
"Esto va contra todo criterio técnico, no tiene sentido. Es una decisión política, no económica. Sólo sirve para aumentar la percepción de riesgo en los mercados", le dice a BBC Mundo el economista Jesús Casique, presidente de la firma Capital Market Finance.
Casique no considera recomendable liquidar las colocaciones de bonos en divisas para invertir en rublos o reales.
Y opina que la medida del gobierno tiene un trasfondo.

"Parece que el petróleo ya no es garantía para nuestros grandes acreedores, China y Rusia. Y si llega a haber algún incumplimiento en los planes de financiamiento, ellos podrían bloquear las reservas", indica.
Con China, por ejemplo, Venezuela mantiene más de US$30.000 millones en diversos instrumentos de crédito que se cubren con envíos de petróleo.
"Creemos que el mercado miraría esta transferencia de activos de forma negativa, porque podría debilitar la confianza en cuento al respaldo de futuros pagos de deuda externa", señala el analista de Credit Suisse, Casey Reckman, citado por la agencia Reuters.
El exministro de Industria y Minería de Venezuela (2005-2007), Víctor Álvarez, desestima cualquier tipo de desconfianza motivada por esta medida.
"Un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo nunca tendrá dificultad en su capacidad de pago o en honrar sus compromisos de deuda soberana", le dice a BBC Mundo.
Para el economista Álvarez la acción del gobierno era una medida "largamente esperada por quienes planteaban la necesidad de proteger las reservas. Están custodiadas por países cuyas economías se están descalabrando. Había un riesgo".

Oro a casa

Este miércoles el presidente también anunció que nacionalizará los yacimientos de oro del país –en momentos en que el metal tiene una cotización que roza el máximo histórico– y que usará el mineral para su conversión en reservas internacionales.

Según el mandatario la producción del país se encuentra en 11 toneladas y en otras tantas que salen del país de forma ilegal.
Con 368,5 toneladas de oro en reservas, Venezuela ostenta el 15º lugar en la lista de los países con mayor cantidad y el primero entre las naciones de América Latina.
De acuerdo a una normativa local, al menos el 70% del oro extraído debe destinarse al mercado interno –las dos terceras partes de esa cantidad debe ir a las bóvedas del BCV– y el 30% puede exportarse.
La legislación ha generado la molestia de la única exportadora que opera en el país, la ruso-canadiense Rusoro.
Consultada por la agencia Dow Jones, la compañía Rusoro dijo no temer por el anuncio de Chávez, pues creía que estaba dirigida a las explotaciones mineras ilegales.

Venezuela: expropiaciones en números rojos

"¡Exprópiese!". Poco tiempo atrás no era raro ver a Hugo Chávez en televisión nacional decretando la toma por parte del Estado de alguna empresa u edificio.

Las expropiaciones han sido una de las constantes en el gobierno del presidente venezolano, aunque antes de llegar al poder, en 1999, insistiera en que no tenía ninguna intención de llevar a cabo nacionalizaciones.

Lo cierto es que con la declaración de utilidad pública y en aras de construir un modelo de desarrollo productivo socialista, el gobierno lleva desde hace años una política de expropiaciones.
El resultado, argumentan tres economistas en el libro de reciente publicación, "Gestión en rojo”, deja que desear pues no han cumplido los objetivos trazados.

Dificultades

Richard Obuchi, Anabella Abadi y Bárbara Lira, del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), evaluaron 16 empresas que fueron intervenidas, absorbidas o creadas por el Estado en los últimos diez años.

No se centraron en el estudio de los casos más conocidos, como la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) o la Compañía Nacional de Teléfonos (Cantv), sino en los que han sido menos divulgados.
"Hay dificultad para cumplir las metas, algunas incluso producen menos que antes de ser expropiadas. No son autosustentables, tienen a ser deficitarias, requieren subsidios y en algunos casos no tienen suficientes ingresos para pagar la nómina completa", le dice Obuchi a BBC Mundo.
"Hay poca claridad acerca de los medios para lograr los objetivos, no de los fines. Por muy loable que sea vender a precios bajos, el tema es cómo hacer para que la producción se mantenga, de dónde van a venir los recursos", agrega.
El gobierno destinó, entre 2007 y 2009, más fondos para pagar expropiaciones y nacionalizaciones que para la producción de la petrolera estatal Pdvsa (US$23.377 millones contra US$21.931 millones),
Se trata de más recursos que los que destinó Pdvsa a gasto social entre 2001 y 2009.
Sin embargo, al menos las empresas evaluadas en "Gestión en rojo" dejan ejemplos de casos emblemáticos en el peculiar manejo de las compañías.

Lejos de la meta

Obuchi destaca el caso de Venirauto, una empresa mixta creada en 2006 entre Venezuela e Irán con el objetivo inicial de producir dos años después unos 26.000 automóviles, una cifra que luego fue revisada a la baja.

El economista destaca que hasta 2009 apenas se habían adjudicado 2.000 unidades.
Y está la situación de Cargill, cuya planta procesadora de arroz fue expropiada en marzo de 2009 pues el 70% de su producción no era del tipo de arroz paddy, tal cual establecía la ley, sino del parboiled.
De hecho la planta estaba equipaba solamente para procesar este último tipo de arroz.
Tras ser expropiada sigue produciendo arroz parboiled.
Otro de los ejemplos que brinda el libro es el de la planta procesadora de cítricos Roberto Bastardo, inaugurada en 2009 tras la expropiación de la empresa Frutícola Caripe, que entre los 70' y los 90' procesaba 13.000 toneladas de naranja en una zafra.
La nueva compañía comenzó con una producción que llegaba al 13% de lo generado en la antigua firma.

Objetivos

"Hay una clara intención del gobierno de tener un control directo e indirecto en la actividad económica", dice Obuchi.
"Sin embargo –agrega– a veces parece obedecer a cosas coyunturales. Entre 2002 y 2005, el principal argumento era la estabilidad laboral, la idea de proteger al trabajo. Luego fue el de la soberanía alimentaria, que coincidió con el momento de la escasez. Y también se habló del desarrollo endógeno".
Otras de las razones esgrimidas por el gobierno han sido las del uso inadecuado de los medios de producción o el estímulo a la producción nacional.
Y si esos fueron los argumentos, la puesta en práctica, resaltan los autores, se vio facilitada por la disponibilidad de recursos financieros y por el control institucional.

De acuerdo al Plan Socialista de la Nación, que comprende los años 2007 a 2013, el Estado debe conservar "el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país (…) Esto conlleva identificar cuál modo de propiedad de los medios de producción está mayormente al servicio de los ciudadanos y quiénes la tendrán bajo su pertenencia".
"Es una política económica que encaja con el desarrollo productivo del país, con el crecimiento económico fortaleciendo a la vez los programas sociales", explica Simón Escalona, militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ex vicepresidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
"Se busca una economía sana, transparente, no especulativa y con precios justos", agrega.
"La mayor parte (de las expropiaciones) ha sido positiva. Son empresas que se están reactivando y están aportando mucho al Producto Interno Bruto", señala.
Escalona destaca algunos casos de empresas nacionalizadas que sí han dado beneficios como Cantv, Sidor o Corpoelec, la estatal eléctrica.
Aunque reconoce que "algunas están un poco rezagadas".
Y asegura que la política de expropiaciones no está en contra de la propiedad privada, que -aclara- está protegida por la Constitución y por las leyes, sino que se busca acabar con la especulación.
Aunque desde el gobierno se defiendan las medidas tomadas, Obuchi opina que los resultados de algunas de las empresas expropiadas "son una alerta de la necesidad de tomar correctivos, que muestra los riesgos inherentes a la propiedad pública de las empresas".
El economista hace hincapié en los peligros de que no haya claridad en las reglas de juego pues, asegura, "el proceso de expropiaciones crea un espacio muy grande de incertidumbre para un potencial inversionista".