La Justicia paraliza las obras de la central de Belo Monte

La polémica central hidroeléctrica de Belo Monte, que el estado brasileño quiere construir sobre el río Xingu, en plena selva amazónica, sigue generando noticias. Esta vez, la Justicia Federal ha decidido suspender las obras, atendiendo a las quejas de los pueblos que viven de la pesca en el Xingu. De terminarse las obras, Belo Monte será la segunda mayor central hidroeléctrica de Brasil, por detrás sólo de la binacional Itaú en la frontera con Paraguay, y la tercera del mundo.
El juez del estado de Pará Carlos Eduardo Castro Martins prohibió el pasado miércoles que el Consorcio Norte Energía (NESA), adjudicatario de la obra, comience las obras para construir la represa. La decisión, que el consorcio puede recurrir ante el Tribunal Regional Federal de Brasilia, atiende a una acción legal de la Asociación de Criadores y Exportadores de Peces Ornamentales de Altamira (Acepoat), que argumentó que el desvío del río para la construcción de la presa podría perjudicar a más de mil familias que dependen de la pesca.
El juez no considera que las actividades de la hidroeléctrica y la pesca sean incompatibles, pero entiende que los pescadores sólo podrán retomar plenamente su actividad cuando la central esté lista, hacia 2020, un plazo que para el magistrado es inaceptable por tratarse de una actividad de subsistencia.

La multa por el incumplimiento del fallo fue fijada por el juez en 200.000 reales por día (unos 80.000 euros). Esta decisión, con todo, no afecta a la construcción, ya en curso, de la cantera y las residencias de los trabajadores. El juez entiende que esas obras preparatorias no interfieren en la navegación ni en la actividad pesquera en el Xingu. El Gobierno y la empresa adjudicataria ya han anunciado que recurrirán la decisión judicial.
La central hidroeléctrica de Belo Monte tendrá capacidad para generar 11.200 MW de energía, pero no operará con esa potencia. Según el Gobierno, la potencia máxima sólo puede ser obtenida en la época de lluvias; en la época seca, la generación de energía puede quedar por debajo de mil MW, dejando una media de 4.500. Esta es una de las críticas más fuertes al proyecto: no compensa el cálculo coste-beneficio. Norte Energía calcula en 25.000 millones de reales (unos 10.000 millones de euros) el coste total de Belo Monte, si bien algunas estimaciones hablan de 30.000 millones de reales.
Las críticas más incisivas, con todo, son de índole ambiental. Científicos y ecologistas alertan sobre las consecuencias imprevisibles de alterar el curso de uno de los principales ríos de la región amazónica, el Xingu, que alberga una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta.
La represa alterará el curso del río en cien kilómetros, lo que podría provocar una reducción drástica del agua en la región. Además, se estima que la construcción de la central de Belo Monte provocará la deforestación de entre 120 y 170 kilómetros cuadrados de selva amazónica.
El estado de Pará, en concreto, ya es donde más selva se destruye: el pasado junio, la deforestación aumentó un 82% en comparación con el mes anterior, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) brasileño, que, sin embargo, no estableció ninguna relación entre la deforestación y las obras de la central.
Los indios temen ser aislados por la represa y dudan si, después de la obra, conseguirán atravesar el río Xingu. Probablemente, el río dejará de ser navegable, lo que provocará cambios irreversibles para los pueblos indígenas que habitan en la ribera del río; de ahí la intensa movilización de los pueblos indígenas en los últimos meses. Además, unas 50.000 personas serán desalojadas para construir la central.

Política energética

Por todo ello, Belo Monte lleva ya todo un periplo jurídico, político y social que le ha valido varias suspensiones judiciales. El proyecto data de tiempos de la dictadura militar y fue retomado por el expresidente del país Luiz Inácio Lula da Silva. Pese a las críticas de científicos, ecologistas, indígenas e inclusive algunos expertos en energía, el Gobierno, antes con Lula y ahora con Dilma Rousseff, se empecina en su ejecución bajo el argumento de que la generación de energía es sustancial para el desarrollo económico del país.
Belo Monte es la mayor y más polémica obra del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), una de las principales banderas del Gobierno. Además, el proyecto forma parte de una política energética que Brasilia se toma muy en serio.
Según datos de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica brasileña (Aneel), la matriz hidroeléctrica supone más de un 70% de la energía que se genera en Brasil, pero el país utiliza apenas un 30% de todo su potencial energético. La mayor parte de esa capacidad no explotada está en la selva amazónica, donde el Ejecutivo planea construir unas 300 represas en las próximas décadas.
Brasilia argumenta que la demanda de energía eléctrica seguirá aumentando, tanto por el crecimiento económico como por programas gubernamentales como Luz para Todos, que intentará llevar electricidad a aldeas recónditas del Amazonas o del sertón (una amplia región semiárida) nordestino.
Sin embargo, movimientos sociales como el Movimiento de los Afectados por las Represas (MAB, en sus siglas en portugués) se cuestionan para quién serán los beneficios y señalan que, mientras indígenas y pequeños agricultores ven extinguir su modo de vida con la construcción de estas megapresas, la energía de proyectos como Belo Monte vendrá a satisfacer las necesidades de las grandes empresas, principalmente el agronegocio exportador.