La Asamblea Nacional de Venezuela sancionó este jueves una reforma legal, que permitirá al gobierno tomar en forma inmediata, mientras dure el proceso de expropiación, cualquier tipo de establecimiento comercial, si ha incurrido en prácticas como especular, remarcar precios, "u otro ilícito que restrinja la libre circulación de bienes y servicios".
El presidente Hugo Chávez había solicitado la modificación de la ley, a fin de "actuar con contundencia" frente a los especuladores, después de que una medida de ajuste cambiario elevara las expectativas de un incremento en los precios.
El gobierno sostiene que la devaluación del bolívar, de 2,15 bolívares por dólar a un sistema dual con tasas de 2,60 y 4,30 bolívares por dólar, no tendría por qué encarecer los productos y emprendió un operativo de fiscalización en locales comerciales.
Por "remarcaje de precios" el gobierno dice haber cerrado temporalmente unos 1.500 comercios. El caso más sonado fue el de hipermercados Éxito, una cadena de capital francés y colombiano tomada el martes y expropiada formalmente este miércoles.
Más que alimentos
Ahora "todos los bienes y servicios que se consideren esenciales e indispensables para garantizar el derecho a la vida y a la seguridad del Estado" podrán ser declarados de utilidad pública o interés social y ser susceptibles de las medidas preventivas y punitivas contempladas por la ley.
La acción del Estado se amplía así a "todo tipo de bienes y servicios relacionados con las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización", de acuerdo con la explicación que ofrece la exposición de motivos de la reforma.
Además, se eliminó el requisito de que la Asamblea Nacional apruebe la declaratoria de utilidad pública: con la reforma legal, podrá determinarlo directamente el Ejecutivo.
Tampoco contempla la apertura previa de un expediente o proceso judicial. En cuanto a indemnizaciones, el texto señala que "se podrá compensar y disminuir del monto (…) lo correspondiente a multas, sanciones y daños causados".
Apoyo y críticas
Mientras que los diputados oficialistas, que aprobaron la modificación, la defendieron a capa y espada, los representantes de la oposición la calificaron de, cuando menos, innecesaria.
"Actualmente la realidad económica está siendo desbordada por actividades especulativas, de acaparamiento, de remarcaje de precios, usura, ilícitos económicos y otros delitos conexos que afectan gravemente el derecho al pueblo en el acceso a los bienes y servicios", justifican en la exposición de motivos los miembros de la comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.
"No estamos violentando la propiedad privada", aseguró su presidente, el parlamentario oficialista Mario Isea.
"Éste es un Estado que ha fracasado en el ámbito financiero. Lo peor es que vienen aquí a perseguir a empresarios que han tenido éxito porque les tienen rabia", opinó el parlamentario del opositor partido Podemos, Ismael García.
De acuerdo con algunos comentaristas, la reforma viene a legalizar lo que ya venía siendo el procedimiento común aplicado por el gobierno en materia de expropiaciones, como era la ocupación inmediata y temporal, sin procedimientos previos. Fue lo que ocurrió el año pasado, por ejemplo, con procesadoras de arroz y café.
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