Las redes municipales de internet tienen una corta vida, pero muy azarosa. Su infancia ha estado plagada de polémicas y sobresaltos, de ataques de las operadoras tradicionales, que las consideran una rivalidad desleal, y de intentos externos de restricción. Pero desde que en 2010 la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) reguló en una circular la fórmula para que los Ayuntamientos dieran el servicio sin afectar a la competencia de las telecos de toda la vida, la paz ha reinado en sus caminos.
Hasta que una sentencia de la Audiencia Nacional ha disparado las alarmas. El tribunal se limita a rechazar el recurso del Ayuntamiento de Málaga contra la multa de 300.000 euros que le había impuesto la CMT y le dice que debe pagarla, pero las interpretaciones sobre una posible restricción de este servicio nada más conocerse el dictamen de principios de mes se han disparado.
Es cierto que Málaga incumplió la normativa del regulador y comenzó a dar un servicio de wifi gratis sin cumplir las condiciones. La CMT impuso una multa al consistorio, que ahora se ha confirmado. Pero Málaga ya cumple la legislación, se ha inscrito como operador (que es lo que reclamaba la comisión), paga sus tasas, da tranquilamente su servicio y puede seguir haciéndolo, al igual que centenares de otros municipios en España.
Las condiciones para ello siguen siendo las mismas desde 2010, porque la Audiencia Nacional lo único que hace es respaldar a la CMT en todo su argumentario. Así que todo municipio que quiera dar internet gratis a sus vecinos sabe lo que tiene que hacer. En primer lugar, inscribirse como operador ante la comisión. Segundo, llevar un registro separado de las cuentas. Tercero, decidir qué tipo de servicio quiere dar. Si no es muy rápido, 256 Kbps como máximo, puede darlo gratis sin ningún problema. Si es más veloz, lo que se llama banda ancha, entonces tiene que buscar una forma de financiarlo, ya sea con publicidad, con un patrocinador o cobrando a los vecinos.
¿Limitaciones? La red no puede estar orientada a edificios privados. Es decir, no puede enfocarse directamente a ellos, aunque siempre habrá alguno que caiga en su camino. A partir de ahí, puede cubrir parques, piscinas, helipuertos..., todo lo que se quiera. Por supuesto, debe cumplir la legislación general, así como los principios de transparencia y no discriminación. Y ya está. El wifi municipal sigue estando dentro de la ley.
Hasta que una sentencia de la Audiencia Nacional ha disparado las alarmas. El tribunal se limita a rechazar el recurso del Ayuntamiento de Málaga contra la multa de 300.000 euros que le había impuesto la CMT y le dice que debe pagarla, pero las interpretaciones sobre una posible restricción de este servicio nada más conocerse el dictamen de principios de mes se han disparado.
Es cierto que Málaga incumplió la normativa del regulador y comenzó a dar un servicio de wifi gratis sin cumplir las condiciones. La CMT impuso una multa al consistorio, que ahora se ha confirmado. Pero Málaga ya cumple la legislación, se ha inscrito como operador (que es lo que reclamaba la comisión), paga sus tasas, da tranquilamente su servicio y puede seguir haciéndolo, al igual que centenares de otros municipios en España.
Las condiciones para ello siguen siendo las mismas desde 2010, porque la Audiencia Nacional lo único que hace es respaldar a la CMT en todo su argumentario. Así que todo municipio que quiera dar internet gratis a sus vecinos sabe lo que tiene que hacer. En primer lugar, inscribirse como operador ante la comisión. Segundo, llevar un registro separado de las cuentas. Tercero, decidir qué tipo de servicio quiere dar. Si no es muy rápido, 256 Kbps como máximo, puede darlo gratis sin ningún problema. Si es más veloz, lo que se llama banda ancha, entonces tiene que buscar una forma de financiarlo, ya sea con publicidad, con un patrocinador o cobrando a los vecinos.
¿Limitaciones? La red no puede estar orientada a edificios privados. Es decir, no puede enfocarse directamente a ellos, aunque siempre habrá alguno que caiga en su camino. A partir de ahí, puede cubrir parques, piscinas, helipuertos..., todo lo que se quiera. Por supuesto, debe cumplir la legislación general, así como los principios de transparencia y no discriminación. Y ya está. El wifi municipal sigue estando dentro de la ley.
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