Al rescate de los vendedores ambulantes latinos en EE.UU.

Pasan el día empujando carritos o manejando camionetas convertidas en cocinas móviles, donde se consiguen tamales, antojitos, raspados y chicharrones como en cualquier ciudad latinoamericana. Sólo que ellos están en Nueva York, Los Ángeles, Chicago y otras grandes urbes de Estados Unidos.

Los vendedores ambulantes latinos constituyen el corazón de una industria alimenticia que mueve unosUS$1.300 millones, según datos de 2010 recolectados por la consultora Ibis World, y crece a un ritmo de 12% anual.
Pero, al tiempo que se multiplicando las órdenes de tacos y tamales, crecen también los controles que ponen a muchos comerciantes callejeros en la mira.
“Si no tengo los documentos a la vista (la policía) me para, y si se me olvidó un papel corro el riesgo de que me quiten todo, me den una multa, me tiren la mercancía”, relata Vilma, una hondureña que lleva una década detrás de su carrito de perros calientes del centro de Los Ángeles, con el que mantiene tres hijos.
“Aunque tengas licencia a veces te andan molestando. Ahora no sé qué se les dio, que hemos estado 18 o 20 años vendiendo y no había pasado esto de que nos mueven de lugar o nos dan multas”, le comenta a BBC Mundo Augusto Aquino, instalado en un barrio mexicano de Chicago.
Un estudio reciente del Instituto para la Justicia (IJ) -una organización defensora de las libertades civiles- reveló que las regulaciones en muchas grandes ciudades estadounidense hacen difícil la actividad callejera, con prohibiciones de trabajar en espacios públicos o de acceder a áreas céntricas en las que los negocios “de cemento” protestan por la competencia.

También registró limitaciones en el tiempo que se permite a un vendedor quedarse estacionado en un mismo lugar o la distancia que debe guardar de un restaurante u otro negocio que ofrezca productos parecidos.

Pequeña escala

Según Ibis World, el sector de la venta callejera emplea a al menos 13.000 personas, aunque otras fuentes suponen que el número es mayor. Se estima, por cierto, que por cada vendedor registrado existen dos o tres más sin licencia.
El modelo de negocio, dicen los expertos, es apropiado para los sectores de menos recursos. Y hoy casi 27% de la población hispana en Estados Unidos vive por debajo de la línea de pobreza, con lo cual necesita una actividad que requiera poco capital inicial para ganarse el sustento.
Para empezar, le cuenta la hondureña Vilma a BBC Mundo en Los Ángeles, hoy necesitaría US$5.000 en efectivo, además de los permisos comerciales, seguros y certificados de bromatología que entrega el Departamento de Salud estatal.
“Cada vez es más caro cumplir con los controles, las leyes van cambiando mucho y cada vez nos persiguen más”, reclama Reina Barrera, una guatemalteca, desde su camioneta-cocina en el barrio coreano de Los Ángeles.
Además de los controles de rutina, el gobierno tiene un sistema de reporte de irregularidades con el que busca identificar a vendedores sin licencia.
“Si no tiene su permiso a la vista, es posible que esté comercializando sus productos de manera ilegal y debe ser reportado, así como si no tienen el equipamiento adecuado para mantener los alimentos o no tienen baño disponible para quienes manejan la comida”, le dice un portavoz de la oficina de Salud californiana a BBC Mundo.

Los reclamos se hacen oír también desde los restaurantes y locales de golosinas o menudencias, que deben afrontar altos costos por mantener sus locales a la calle funcionando.
“No nos oponemos a la tendencia, pero queremos incentivos o por lo menos que se igualen las condiciones para la competencia. Porque lo cierto es que los días que hay un camión afuera las ventas bajan”, afirma Nancy García, a cargo de la casa de sándwiches La Soberana, en pleno centro angelino.

Al rescate

Para ayudar a los comerciantes de la calle, en los últimos tiempos se han multiplicado las iniciativas.
El Instituto de Justicia lanzó este año su “Programa para la Venta Callejera”, por el que denuncian condiciones que consideran extremas para este sector, débil por naturaleza y afectado por la crisis económica.
“Comenzamos en El Paso, Texas, donde los restaurantes habían conseguido leyes que dejaban casi completamente fuera de juego a los vendedores: no se permitía estar a menos de 300 metros de un restaurante y sólo podían detenerse a pedido de un cliente. Logramos interponer un recurso para que la ciudad modificara esta regulación”, explica a BBC Mundo Bob Ewing, representante del IJ.
En Los Ángeles, un grupo de 300 productores de comida mexicana optaron por auto-regularse y defender los intereses comunes mediante la organización Los Loncheros. Así, han peleado, con éxito, contra una ordenanza del condado que establecía límite de tiempo a los camiones estacionados.

“Las loncheras están establecidas en una zona y la gente sabe que están allí, si tienen que moverse y buscar nueva clientela cada 20 minutos se arruina el negocio”, señala Irene Glenn, portavoz del grupo.
En tanto, un acuerdo entre la Asociación de Vendedores Ambulantes y la Universidad de Chicago permite que los estudiantes de leyes den asesoramiento gratuito a los comerciantes de esa ciudad, en cuestiones que van desde cómo instalar un negocio y llevar la contabilidad a defenderse de detenciones o multas.
“La situación ha empeorado en algunas zonas y las leyes son tan estrictas que cualquier inspector puede encontrar irregularidades si quiere, como por ejemplo considerar que el producto que se ve en el carrito difiere del que está autorizado por escrito”, explica a BBC Mundo Elizabeth Milnikel, a cargo de las clínicas de asesoramiento.
Una multa, dice la abogada, puede costar unos US$1.500 y significa para muchos latinos la quiebra segura: el fin del negocio de empujar el carrito para ganarse la vida.