Algo que hasta hace unos días parecía casi impensable: un acuerdo del gobierno de España con el principal partido de la oposición permitirá reformar la Constitución española por segunda vez en su historia para mostrar que el país es económicamente fiable.
Pero la modificación, que establecerá un límite de endeudamiento a las administraciones públicas, ha levantado las críticas de muchos españoles.Los mayores sindicatos del país, el movimiento de los "indignados" y la mayoría de los grupos parlamentarios minoritarios denuncian que supondrá una "amenaza permanente" para el estado del bienestar. Por ello, han convocado varias protestas esta semana y una marcha multitudinaria el próximo día 6.
España tiene la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea (21%), y una deuda que equivale al 9,2% de su Producto Interno Bruto (PIB) anual, por lo que a las autoridades les parece una medida necesaria para evitar una situación "insostenible".
Pero lo que para el gobierno es una decisión que "fortalecerá la solvencia del país" y garantizará que haya fondos para las prestaciones sociales, y el principal partido de la oposición, el Partido Popular, respalda como un acto de "responsabilidad", para muchos tiene un contenido ideológico más profundo.
"Soberanía financiera"
Como dijo el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, esta modificación -que se tramitará con carácter de urgencia para concluirla antes del cierre del parlamento previo a las elecciones generales de noviembre- es la muestra más obvia de que la soberanía pasa de ser del pueblo a ser una "soberanía financiera".Por eso, en el pleno parlamentario donde se aprobó por 318 votos a favor y 16 en contra tramitar la reforma, Llamazares reclamó, al igual que otros partidos minoritarios la celebración de un referéndum, que considera "ineludible" para dar voz a los ciudadanos.
Por otro lado, el anuncio llegó sólo unos días después de que dos de los pesos pesados europeos, Alemania y Francia, sugiriesen que debe haber un gobierno para la zona euro y que todos los países de la Unión Europea deben incluir un tope de deuda pública en sus Cartas Magnas.
El editor en asuntos europeos de la BBC, Gavin Hewitt, señala que "estos cambios implicarán que los países cedan soberanía y será interesante si los votantes son consultados".
España ha sido el primero en hacer los deberes y sin consultar.
El "peaje" del BCE
El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Joan Ridao, dijo que la reforma es una imposición del Banco Central Europeo."Este es el honroso peaje que pagan a cambio del rescate público", aseguró.
Como Ridao, muchos sugieren que esta sorpresiva medida es el precio que paga el país tras la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo a principios de mes.
Algunos analistas ven los cambios en el texto de la Carta Magna, que no fijan un techo concreto de déficit y que no entrarán en vigor hasta el año 2020, como una forma de contentar las directrices comunitarias.
Y muchas voces de la izquierda española apuntan que todo ese discurso viene de una Europa liderada por conservadores, donde el de España es el único gobierno socialista que queda.
Pero otras lo niegan. El ex presidente Felipe González, escribió en un artículo de opinión publicado en el diario El País este martes: "Tenemos que acabar con el inconsistente argumento de que nos obligan los mercados, o de que obedecemos a Bruselas o a la presión de Francia y Alemania. La estabilidad presupuestaria es una condición necesaria para garantizar, a medio y largo plazo, un crecimiento económico sostenido".
Y añade que "el mayor límite (a las políticas sociales) está en el endeudamiento excesivo, que nos obliga a destinar al servicio de la deuda el dinero que necesitamos para educación y salud para todos".
De urgencia y sin consenso
Pero, como el propio González señala, el objetivo de contención del déficit no requería de una reforma constitucional. Algo con un peso psicológico especialmente fuerte en el país.La Carta Magna, un símbolo de la reconciliación de la España de la transición franquista, sólo se ha reformado una vez desde su promulgación en 1978. Fue en 1992 para adaptarse al Tratado de Maastrich. Y ésta será la primera en que los cambios no tengan el consenso de todos los grupos parlamentarios.
Hasta ahora, otros intentos, como el planteado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 para anular la ley sálica -que da prioridad a los varones frente a las mujeres en el acceso a la corona- se habían quedado siempre en papel mojado.
El Partido Popular, que ahora apoya la modificación urgente, era uno de los más reacios. El portavoz de Convergencia i Unió, Josep Antoni Durán i Lleida, señaló: "Formamos parte del consenso que desgraciadamente hoy no existe".
"La España que ustedes defienden empieza y acaba en el PP y el PSOE. El resto no contamos", lamentó.
