La propuesta de fomentar el desarrollo del coche eléctrico en Europa promovida durante la presidencia española de la Unión Europea ha ganado el apoyo de más socios europeos en las últimas semanas.
La declaración conjunta firmada el 25 de mayo pasado por Alemania, Francia, Portugal y España ha recibido también el apoyo de Bélgica, Irlanda, Lituania, Eslovenia y Bulgaria, según un documento que será presentado de nuevo ante los ministros de Industria de los Veintisiete durante el Consejo de Competitividad que se celebrará en Bruselas mañana y pasado.
Estos nueve estados solicitan a la Comisión que financie proyectos piloto relacionados con la movilidad eléctrica y llaman a acelerar los trabajos para contar con un estándar de automóvil eléctrico europeo en 2011.
"Consideramos que el vehículo eléctrico tiene que ser colocado en el centro de las perspectivas de desarrollo y competitividad, uniendo la investigación y el desarrollo, la innovación, el desarrollo industrial y la sostenibilidad", dice el texto.
La promoción del coche eléctrico fue una de las prioridades de la presidencia española, el semestre pasado, y cuenta con el visto bueno de una mayoría de países, con excepción del Reino Unido y la República Checa, que prefieren un abanico más amplio de opciones, como por ejemplo el coche alimentado con hidrógeno.
Hasta ahora, la Comisión también ha evitado decantarse por ningún tipo concreto de vehículo, si bien ha reconocido que el desarrollo del eléctrico está más avanzado que otras modalidades.
Tampoco los fabricantes de coches han señalado claramente a su favorito y han pedido que se invierta paralelamente en el desarrollo de motores de explosión más verdes, por considerar que la demanda del coche eléctrico va a aumentar de manera más lenta de lo que desearía España.
La discusión sobre el coche eléctrico se enmarca dentro de la política industrial que la UE quiere promover durante la próxima década para favorecer un crecimiento sostenible y creador de empleo.
Las conclusiones del Consejo sobre este asunto se adoptarán en la reunión de ministros de Industria que se celebrará en Bruselas el 10 de diciembre.
Por otro lado, los ministros volverán a discutir mañana sobre la patente europea, enquistada durante años por falta de acuerdo sobre su régimen lingüístico.
España e Italia continúan oponiéndose a aceptar un régimen trilingüe basado en el inglés, el francés y el alemán.
Irlanda, Holanda, Eslovenia, Suecia y Reino Unido enviaron una carta con motivo de la anterior reunión de ministros en la que pidieron a la Comisión que explore la posibilidad de recurrir a una "cooperación reforzada", que permitiría a un grupo de países establecer la patente comunitaria dejando al margen a los que se opongan a ella.
Sin embargo, la Comisión explicó hoy que no puede ir más allá de los trabajos preliminares si no existe una conclusión formal del Consejo que constate la imposibilidad de llegar a un acuerdo, así como una petición formal de "cooperación reforzada" por parte de al menos nueve países, lo que no es el caso.
España considera que semejante posibilidad supondría "un fraude de ley" debido a que los asuntos lingüísticos requieren de consenso entre los estados miembros.
"No es normal que se pretenda reforzar el mercado interior a base de dividirlo", dijo hoy una fuente diplomática española.
Canarias7
La declaración conjunta firmada el 25 de mayo pasado por Alemania, Francia, Portugal y España ha recibido también el apoyo de Bélgica, Irlanda, Lituania, Eslovenia y Bulgaria, según un documento que será presentado de nuevo ante los ministros de Industria de los Veintisiete durante el Consejo de Competitividad que se celebrará en Bruselas mañana y pasado.
Estos nueve estados solicitan a la Comisión que financie proyectos piloto relacionados con la movilidad eléctrica y llaman a acelerar los trabajos para contar con un estándar de automóvil eléctrico europeo en 2011.
"Consideramos que el vehículo eléctrico tiene que ser colocado en el centro de las perspectivas de desarrollo y competitividad, uniendo la investigación y el desarrollo, la innovación, el desarrollo industrial y la sostenibilidad", dice el texto.
La promoción del coche eléctrico fue una de las prioridades de la presidencia española, el semestre pasado, y cuenta con el visto bueno de una mayoría de países, con excepción del Reino Unido y la República Checa, que prefieren un abanico más amplio de opciones, como por ejemplo el coche alimentado con hidrógeno.
Hasta ahora, la Comisión también ha evitado decantarse por ningún tipo concreto de vehículo, si bien ha reconocido que el desarrollo del eléctrico está más avanzado que otras modalidades.
Tampoco los fabricantes de coches han señalado claramente a su favorito y han pedido que se invierta paralelamente en el desarrollo de motores de explosión más verdes, por considerar que la demanda del coche eléctrico va a aumentar de manera más lenta de lo que desearía España.
La discusión sobre el coche eléctrico se enmarca dentro de la política industrial que la UE quiere promover durante la próxima década para favorecer un crecimiento sostenible y creador de empleo.
Las conclusiones del Consejo sobre este asunto se adoptarán en la reunión de ministros de Industria que se celebrará en Bruselas el 10 de diciembre.
Por otro lado, los ministros volverán a discutir mañana sobre la patente europea, enquistada durante años por falta de acuerdo sobre su régimen lingüístico.
España e Italia continúan oponiéndose a aceptar un régimen trilingüe basado en el inglés, el francés y el alemán.
Irlanda, Holanda, Eslovenia, Suecia y Reino Unido enviaron una carta con motivo de la anterior reunión de ministros en la que pidieron a la Comisión que explore la posibilidad de recurrir a una "cooperación reforzada", que permitiría a un grupo de países establecer la patente comunitaria dejando al margen a los que se opongan a ella.
Sin embargo, la Comisión explicó hoy que no puede ir más allá de los trabajos preliminares si no existe una conclusión formal del Consejo que constate la imposibilidad de llegar a un acuerdo, así como una petición formal de "cooperación reforzada" por parte de al menos nueve países, lo que no es el caso.
España considera que semejante posibilidad supondría "un fraude de ley" debido a que los asuntos lingüísticos requieren de consenso entre los estados miembros.
"No es normal que se pretenda reforzar el mercado interior a base de dividirlo", dijo hoy una fuente diplomática española.
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