Libertad Digital
En una anotación en su página oficial, Google señala que no espera que "todo el mundo esté de acuerdo" con cada una de las partes de las propuestas, si bien entiende que se trata de una iniciativa que ·representa un progreso real en un tema controvertido". Así, la compañía asegura que, con este comunicado, su intención es "separar claramente lo que es verdad, hechos reales, de la ficción". Para ello, desgrana una serie de lo que entiende por "mitos y realidades" respecto a determinadas afirmaciones.
Entre los mitos, además de descartar "haberse vendido" en este tema, reitera que la propuesta no eliminará la neutralidad, no permitirá "canibalizar" a la internet pública ni permitirá a dos corporaciones –en este caso, Google y Verizon– "legislar" el futuro de internet.
Por el contrario, apunta a "beneficios tangibles" de la nueva iniciativa tales como las prohibiciones de bloqueos o "degradamiento" del tráfico por internet; "transparencia absoluta" en las plataformas de cableado y banda ancha o la autoridad de un organismo para arbitrar en casos de quejas de consumidores.
"Es verdad que Google previamente había abogado para que ciertas salvaguardas de apertura se aplicaran de manera similar a como se aplicarían a los servicios inalámbricos. Sin embargo, y porque en todo debate es necesario ceder, hemos acordado una propuesta que permite que este mercado continúe libre de regulaciones por ahora, mientras que el Congreso de los Estados Unidos vigila la situación", explica la anotación.
En este sentido, el buscador reitera que se trata de una propuesta de marco legislativo que deberá ser analizada por el Congreso de Estados Unidos. "No somos tan presuntuosos como para asumir que dos corporaciones podrían decidir el futuro de este tema. Si los estadounidenses están de acuerdo o no, pueden hacer saber sus opiniones a los senadores y diputados", señala.
Google también lamenta que este tema ha sido imposible de tratar con la administración "dadas las realidades políticas", que han estancado el tema durante cinco años. "No estamos diciendo que es la solución perfecta, pero creemos que una propuesta como ésta es mejor que seguir sin ningún tipo de protección para los consumidores", concluye.
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