El presidente de ANEI, Miguel Errasti, advirtió ayer en rueda de prensa que el 90% de las compañías que dan servicios de hosting (alojamiento de webs) no están en España, por lo que la ley Sinde, si sale adelante tras el pacto entre Gobierno, PP y CiU resultaría "ineficaz". Esta organización, que incluye entre sus asociados a empresas como Arsys Internet y Acens Technologies, líderes del sector del alojamiento en España, alertó del riesgo de una migración hacia otros países de la industria del hosting, "lo cual provocaría cuantiosas pérdidas económicas".
El sector del alojamiento mueve en España entre 550 y 600 millones de euros anuales, según explican a este periódico fuentes de la citada asociación. Solo Arsys facturó el pasado año 40 millones de euros y Acens 33 millones. La primera, con 270 empleados, tiene 250.000 clientes, y la cartera de la segunda, con dos centros de datos y presencia en cuatro ciudades españolas, supera las 100.000 empresas cliente.
ANEI reconoce que no hay proyecciones de cuál puede ser el efecto de una hipotética aplicación de la ley Sinde y, sobre todo, del efecto de "inseguridad jurídica" de los clientes y potenciales usuarios que puedan migrar sus webs o servidores a alojadores en el extranjero. "Lo que sí podemos decir es que el sector está severamente preocupado y se siente dado de lado, olvidado, con este posible nuevo marco legal", señalan.
Exigencias al Gobierno
Esta critica que la aplicación de esta disposición, incluida en la Ley de Economía Sostenible, carga con una responsabilidad y unos costes agregados a las empresas de hosting españolas, pero no aclara quién se hace cargo de ellos. ¿La empresa alojadora?", se preguntan. Por esta razón, ANEI avanza que va a exigir al Gobierno que articule cómo se va a compensar a las empresas de hosting españolas los gastos derivados de intervenciones sobre webs fruto de esta llamada ley Sinde.
"Nuestras empresas se van a ver dañadas por una realidad que escasamente les atañe, porque un porcentaje mayoritario de las páginas que vulneran derechos de autor y, que sin duda deben ser perseguidos, no se encuentran alojados en compañías de hosting españolas", apunta Alberto Calvo, director de relaciones institucionales de Arsys. Calvo asegura que desde su empresa se defiende que se respete la propiedad intelectual y los derechos de autor, pero "esta ley no es la manera más adecuada. En internet, de hecho, ya están corriendo mensajes sobre cómo saltarse esta norma y se está aconsejando que una vía es llevarse las web a un host fuera de España, con lo que el problema de fondo seguiría".
El sector del alojamiento mueve en España entre 550 y 600 millones de euros anuales, según explican a este periódico fuentes de la citada asociación. Solo Arsys facturó el pasado año 40 millones de euros y Acens 33 millones. La primera, con 270 empleados, tiene 250.000 clientes, y la cartera de la segunda, con dos centros de datos y presencia en cuatro ciudades españolas, supera las 100.000 empresas cliente.
ANEI reconoce que no hay proyecciones de cuál puede ser el efecto de una hipotética aplicación de la ley Sinde y, sobre todo, del efecto de "inseguridad jurídica" de los clientes y potenciales usuarios que puedan migrar sus webs o servidores a alojadores en el extranjero. "Lo que sí podemos decir es que el sector está severamente preocupado y se siente dado de lado, olvidado, con este posible nuevo marco legal", señalan.
Exigencias al Gobierno
Esta critica que la aplicación de esta disposición, incluida en la Ley de Economía Sostenible, carga con una responsabilidad y unos costes agregados a las empresas de hosting españolas, pero no aclara quién se hace cargo de ellos. ¿La empresa alojadora?", se preguntan. Por esta razón, ANEI avanza que va a exigir al Gobierno que articule cómo se va a compensar a las empresas de hosting españolas los gastos derivados de intervenciones sobre webs fruto de esta llamada ley Sinde.
"Nuestras empresas se van a ver dañadas por una realidad que escasamente les atañe, porque un porcentaje mayoritario de las páginas que vulneran derechos de autor y, que sin duda deben ser perseguidos, no se encuentran alojados en compañías de hosting españolas", apunta Alberto Calvo, director de relaciones institucionales de Arsys. Calvo asegura que desde su empresa se defiende que se respete la propiedad intelectual y los derechos de autor, pero "esta ley no es la manera más adecuada. En internet, de hecho, ya están corriendo mensajes sobre cómo saltarse esta norma y se está aconsejando que una vía es llevarse las web a un host fuera de España, con lo que el problema de fondo seguiría".
Desde el sector tecnológico se exige más diálogo
Las 500 empresas asociadas en ANEI critican la actitud del Gobierno con la ley Sinde. "Se han reunido con personajes más o menos públicos para aparentar que había un diálogo, pero los informes desde las patronales de la industria de internet ya los tenían desde hace mucho tiempo y no los han tenido para nada en cuenta. Está claro que tenían una idea y la han ejecutado", dicen fuentes de algunas de las empresas asociadas.Tras una rueda de prensa en la sede de ANEI, con la participación de 30 asociaciones y colectivos relacionados con el sector TIC, una nota en el blog de ANEI señalaba que no logran entender cómo la ley no es rechazada y se replantea el problema sobre el marco del debate sobre la Ley de Propiedad Intelectual. "Habría que establecer una mesa donde se planteen las necesidades de todos los actores. Con ello se logrará un marco legal moderno y adecuado y no un parche legislativo que ni resuelve problemas ni satisface a nadie".
Cinco Dias
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