Los escollos legales podrían dificultar que los fiscales estadounidenses persiguieran a los activistas informáticos favorables a WikiLeaks que la semana pasada atacaron las webs de Visa, MasterCard y PayPal, entre otras.
El fiscal general de EEUU, Eric Holder, declaró la semana pasada que estaba "estudiándolo" pero que había enormes retos a la hora de encontrar, trasladar, investigar y finalmente condenar a aquellas personas que Estados Unidos podría acusar.
Habitualmente el gobierno federal incluye la piratería informática bajo la Ley de Abusos y Fraude Informáticos, que prohíbe la "transmisión de un programa, información, código o comando" que "intencionalmente cause daños sin autorización a un ordenador protegido".Es una norma amplia y poderosa que se aplica cuando un delito informático se comete en el exterior, y puede acarrear penas de prisión y fuertes multas. Pero para utilizarlo, las autoridades tienen que localizar primero a los escurridizos hackers y llevarlos a Estados Unidos.
En este caso, un grupo de activistas de Internet que trabaja bajo la "operación payback (venganza)" se atribuyó la responsabilidad de los ataques, que durante un breve periodo cerraron las web de varias compañías que habían cortado el servicio a WikiLeaks después de que la organización hiciera públicos un enorme número de despachos diplomáticos de EEUU.
La policía de Países Bajos detuvo a dos adolescentes holandeses la semana pasada, y se cree que hay otros activistas informáticos implicados en todo el mundo. Si Estados Unidos pretendiera presentar cargos contra estos u otros que pudieran ser detenidos en el exterior, tendría que depender de que estos países los extraditen a EEUU. Las extradiciones a menudo se ven enredadas en política.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En la última década, la cooperación internacional en delitos cibernéticos ha aumentado. Desde 2004, decenas de países han ratificado la Convención sobre el Ciberdelito del Consejo de Europa, diseñada para armonizar la política en delitos informáticos e impulsar la cooperación internacional.
No obstante, algunos países como Rusia no han ratificado el tratado. Perseguir a los piratas informáticos en esos países puede resultar difícil. The Wall Street Journal publicó que el FBI trabajaba con las autoridades holandesas sobre las detenciones. La portavoz del Departamento de justicia Laura Sweeney declinó realizar comentarios sobre las detenciones en Holanda o hasta qué punto pueden estar cooperando ambos países.
Las compañías afectadas aparentemente sufrieron "ataques de denegación de servicio distribuidos" que cargaban las webs con tanto tráfico que las ralentizaban o conseguían que dejaran de funcionar. En tales ataques, los activistas infectan los ordenadores con un programa diseñado para inundar el servidor web del objetivo.
Para hallar a los responsables, el Gobierno de EEUU podría tener que usar agentes y cooperantes encubiertos, para ayudar a las organizaciones internacionales a rastrear las fuentes de virus y ciberarmas.
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