El acuerdo entre los dos países fijaba que España recobraría los residuos, procedentes de la central tarraconense Vandellós I, desmantelada en 1989 tras un incendio, a partir del 31 de diciembre de 2010. Pero no hay donde meterlos, tras el fracaso de la búsqueda de un pueblo en el que instalar un Almacén Temporal Centralizado (ATC) que custodie el combustible gastado en los reactores españoles.
El proceso, que arrancó en 2004 tras la victoria en las elecciones de José Luis Rodríguez Zapatero, está todavía a la espera de lo que diga el nuevo presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, según admitió la semana pasada el ministro de Industria, Miguel Sebastián, señalando a Ascó (Tarragona) como posible sede.
Un retraso de varios años
Los residuos nucleares españoles, almacenados en un centro de La Hague (Normandía) gestionado por el gigante público Areva, se reducen ahora a 13 metros cúbicos altamente radiactivos (que caben en una furgoneta) y 666 metros cúbicos de media actividad, tras ser reprocesados.El objetivo de Industria era tener listo el ATC en 2012, pero ya es imposible. Con los plazos que constan en el proyecto de construcción, el almacén se retrasaría hasta 2015. La factura a pagar entonces, a 64.900 euros el día durante cuatro años, rondaría los 95 millones de euros, el presupuesto anual de una universidad pequeña.
Sin embargo, el cheque será mayor, ya que la cifra a pagar se revisa al alza mediante una fórmula de actualización. El acuerdo firmado el 18 de mayo de 2001 entre la empresa hispanofrancesa Hifrensa, antigua propietaria de Vandellós I, y la francesa Cogema, hoy Areva, establecía una penalización de 50.000 euros por día de retraso a contar desde el 31 de diciembre de 2010. En 2005, la sanción económica ya alcanzaba los 60.000 euros. Y hoy roza los 65.000, según fuentes de Enresa. "Esta penalización será más alta cuanto más tiempo transcurra", explican. Fuentes de Industria aseguran que Francia devolverá "la mayor parte" cuando España asuma sus desechos atómicos.
El dinero de la penalización saldrá de un fondo para la gestión de residuos radiactivos administrado por Enresa, que contaba con 2.532 millones de euros a 31 de diciembre de 2009. La hucha se alimenta de las empresas eléctricas propietarias de los reactores Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico que pagan aproximadamente 0,3 céntimos de euro por cada kilovatio hora nuclear que generan.
España ya gasta 300.000 libras (unos 350.000 euros) cada año por guardar 600 kilogramos de plutonio y 100 toneladas de uranio, procedentes del reactor burgalés de Garoña, en la planta inglesa de Sellafield.
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