La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ha remitido un documento a la Comisión Europea en relación a una consulta pública sobre Internet abierta y neutralidad de red en Europa.
En este documento, la secretaría considera que el principio de "no discriminación" de la neutralidad de red es heredero de el objetivo histórico de la regulación de las telecomunicaciones para ofrecer una "plena garantía de intercomunicación mutua".
En este sentido, considera que este "nuevo paradigma" "no debe entenderse de modo estricto en el sentido de que todos los usuarios deban recibir idéntico tipo de servicio".
El documento precisa que tanto las redes tradicionales orientadas a servicios específicos como las modernas redes de datos multiservicio, incluida Internet, "ofrecen múltiples productos de acceso que difieren en características de capacidad o garantías de calidad (y consecuentemente de precio) para dar respuesta a la variada tipología de necesidades de los usuarios".
Así, Industria considera que debe existir una oferta de diferentes velocidades o precios dependiendo del servicio que utilice el usuario.
Discriminaciones indebidas
En el documento, la secretaría entiende que debe considerarse la neutralidad de red "como un principio que pretende evitar que se produzcan discriminaciones indebidas" por parte de los prestadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas ("Prácticas de bloqueo, restricción o gestión de tráfico que tengan resultados anticompetitivos").
De este modo, considera que las relaciones y conflictos que puedan surgir entre los operadores de comunicaciones y los prestadores de estos servicios de la sociedad de la información deben "regirse por la normativa horizontal sobre derecho de la competencia".
En el documento, la secretaría considera que actual marco regulador europeo "contiene instrumentos que, en principio, son adecuados para garantizar" los principios de neutralidad en la red. Emplaza, así, a que legisladores y reguladores "intenten agotar todo el recorrido de la regulación vigente ante los posibles problemas que surjan antes de emprender nuevas vías".
20minutos
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