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Los ministros europeos de Transporte lograron este viernes un acuerdo político para implantar la tasa medioambiental para camiones conocida como "euroviñeta" que obligará a pagar por la contaminación atmosférica y acústica que producen estos vehículos.
Los Veintisiete lograron acordar la implantación de la medida después de casi dos años sin avances en las negociaciones y a base de rebajar el nivel de ambición del texto original propuesto por la Comisión Europea en 2008.
"España mantiene sus reservas al no compartir los términos finales del acuerdo", afirmó en un debate público el ministro español de Fomento, José Blanco. Sin embargo la oposición española, a la que también se sumó Italia por distintos motivos, no bastó para bloquear la propuesta que finalmente logró salir adelante.
Blanco destacó que la medida perjudica en especial a los países periféricos como España frente a los centrales, ya que sus transportistas han de recorrer distancias más largas, y solicitó que se permitiesen exenciones al pago por contaminación a los camiones más eficientes para reducir el impacto en el sector que ya acusa la crisis económica.
En concreto, España solicitó que las categorías "euro V" y "euro VI" no tuviesen que pagar la tasa ambiental hasta 2013 y 2020, una idea que respaldaron Portugal, Malta, Lituania, Bulgaria, Rumanía y Estonia. Sin embargo, la Presidencia de turno de la UE sólo aceptó que los camiones "euro V" queden excluidos hasta el 31 de diciembre de 2013 y los "euro VI" hasta finales de 2017.
En cuanto al pago por congestión que Bruselas propuso en su texto inicial, se aceptó finalmente una versión modificada que grava solamente por este motivo durante las horas puntas.
Opisición con éxito moderado
La Presidencia belga había propuesto que se permitiese un incremento máximo del 300% de las tasas actuales -que ya gravan por el uso de las infraestructuras- y que el número de horas extra fuese de seis como mucho. No obstante, varias delegaciones, entre ellas la española, se opusieron a esta idea y sólo aceptaron una variación del 175% y un máximo de cinco horas puntas.
"España ha logrado reducir al máximo el impacto de la medida propuesta", indicó al término del debate el secretario general de Relaciones Institucionales y Coordinación del Ministerio de Fomento, Fernando Puig de la Bellacasa.
Puig recalcó el avance logrado con respecto al texto original de la Comisión y recordó que España sigue estando en contra de la medida, pero que era consciente de que la última propuesta de la Presidencia contaba con un respaldo mayoritario.
Los ingresos que genere el cobro de esta tasa no tendrán que ser destinados obligatoriamente al desarrollo de un transporte sostenible como se planteó originalmente.
Muchos países se mostraron radicalmente en contra de ninguna imposición en este sentido por lo que la Presidencia belga acabó limitando su propuesta a una recomendación. Los países de la UE estuvieron también de acuerdo en que la nueva normativa sea aprobada mediante el procedimiento comunitario de codecisión en lugar de por comitología como estaba previsto, lo que reduce el papel del Ejecutivo comunitario.
Los países de la UE tendrán que negociar ahora esta legislación con el Parlamento Europeo.
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