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Pathma Krishnan ha investigado las condiciones laborales de industrias de nuevas tecnologías en Malasia. En este país tienen fábricas numerosas compañías que se dedican a la producción de partes de equipos informáticos. Así, multinacionales como HP, Nokia, Siemens o Apple utilizan mano de obra barata para la fabricación de piezas de ordenadores u otros dispositivos.
Según ha dicho la investigadora, miembro de la ONG malaya Monitoring Sustainability of Globalisation y que hoy ha estado en Madrid durante la presentación de la Plataforma Derechos para las Personas, Reglas para los Negocios, “la estructura laboral en Malasia funciona a través de agentes de contratación”, es decir, a través de empresas que se encargan de contratar trabajadores de baja cualificación para otras empresas.
Pathma, ha denunciado en su comparecencia la retención de pasaportes por parte de estos agentes de contratación y empresarios “si los trabajadores, en su mayor parte inmigrantes, reclaman el pasaporte, se les pide una fianza de entre 120 y 800 euros”.
Los contratos que firman en el país del que proceden (en ocasiones se trata de la firma de 3 o 4 hojas en blanco o escritos en inglés, idioma que no comprenden) distan mucho de la realidad que se encuentran en Malasia. Así, si en el contrato figura que trabajarán durante una jornada de 8 horas, al llegar a Malasia esta jornada se amplia a 12 horas.
Por si fuera poco, los trabajadores tienen que pagar tasas (ilegales, por supuesto) y claves para poder acceder a un trabajo, que pueden llegar a los 2.800 euros y cuyo pago supone en muchas ocasiones el endeudamiento de familias enteras y en el caso de las mujeres, la obligación de prostituirse para poder pagar la cantidad solicitada.
Las condiciones insalubres en las que viven los trabajadores, la reducción ilegal de los salarios y las cláusulas que prohíben unirse a sindicatos a los mismos han sido algunos de los puntos que ha puesto sobre la mesa la investigadora malaya, Pathma Krishnan.
Ha abogado por la necesidad de control y de políticas de apoyo a los trabajadores, así como la rendición de cuentas por parte de los Gobiernos y las multinacionales implicadas, siendo un deber irrenunciable de las mismas el respeto por los derechos humanos. De igual forma ha subrayado la obligación de “una conducta ética por parte de los ciudadanos a la hora de adquirir un ordenador”.
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