MADRID.- Los ministerios de Cultura e Industria están a punto de aprobar la orden ministerial en la que se recogerá la lista definitiva de los soportes digitales sujetos al pago de derechos de autor. Entre esos dispositivos, los teléfonos móviles serán los que más sufran el impacto de la compensación por copia privada -conocida como canon digital-, debido al fuerte aumento del negocio de las descargas musicales, según admiten fuentes del sector y de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
La medida implica que cuando un usuario descargue legalmente una canción de su artista favorito, estará pagando dos veces: una por la obra y otra por el móvil, que traerá incorporado en el precio el nuevo impuesto y que irá a parar a las entidades de gestión de los derechos de autor.
Tanto la industria como las sociedades de gestión ya tienen en sus manos el borrador del nuevo cuadro tarifario pactado entre los departamentos de César Antonio Molina y Joan Clos. Y en éste, los teléfonos móviles se llevan parte del castigo.
El colectivo de autores considera que es un "arma perfecta" para la copia ilegal de obras protegidas por la ley de propiedad intelectual. Y la industria, contraria hasta ahora al nuevo canon, estaría dispuesta a aceptarlo, siempre que no supere un porcentaje limitado del precio del terminal. Para la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (Aetic), ese porcentaje se movería entre el 2% y el 5%.
La orden ministerial, que lleva un retraso de seis meses, desatascará en cualquier caso un conflicto que no hace más que generar inseguridad jurídica entre las empresas y el colectivo de consumidores, motivada por la incertidumbre de las cuantías del canon digital.
Movilizaciones
La falta de acuerdo entre las sociedades de gestión de derechos de autor y la industria, así como las movilizaciones ciudadanas —la plataforma todoscontraelcanon recogió más de un millón de firmas en contra de la propuesta— hizo que ni los propios Ministerios se pusiesen de acuerdo en los soportes que serían gravados ni en la cuantía de éstos.
De momento, hay intención de enterrar el hacha de guerra. Máxime cuando el Gobierno se comprometió a a establecer los flecos pendientes tras la reforma de la ley de propiedad intelectual.
La propia SGAE admite ahora que es "positivo" el acuerdo alcanzado entre Cultura e Industria. Pero, en cambio, considera que el pacto impide que se apliquen las tarifas deseadas por esta asociación. "Son más bajas de lo que creíamos", indican desde la entidad.
Las empresas tecnológicas consideraron a comienzos de este año que el canon propuesto por las entidades de derechos de autor duplicaría el precio de productos cotidianos, ralentizaría el avance en el sector e impactaría, de lleno, en la evolución del Indice de Precios al Consumo (IPC).
La patronal Aetic advirtió que los consumidores tendrían que pagar hasta 2.000 millones de euros anuales si el canon que exigían las entidades de gestión hubiese salido adelante. En concreto, detalló que el precio de un reproductor MP3 se elevaría un 70% más o el de un ordenador portátil hasta un 25%.
En un principio, el nuevo impuesto iba a gravar productos como los CD, los DVD, los reproductores de MP3 y DVD, ordenadores portátiles, tarjetas de memoria para teléfonos móviles o cámaras de foto digitales.
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