Venezuela: gobierno avanza hacia la "soberanía alimentaria"

BBC Mundo

Portavoces oficiales lo llaman política de "soberanía alimentaria", críticos lo consideran planes para crear un "monopolio estatal" de los alimentos. De una forma u otra, parece claro que el gobierno está avanzando en dirección a ejercer un mayor control sobre lo que los venezolanos llevan a su mesa.

Desde los frijoles "Venezuela socialista", el "arroz del Alba", el aceite "Diana", hasta los lácteos "Los Andes", cifras del Ministerio de Comercio señalan que el gobierno maneja la distribución de casi un tercio de todos los productos básicos al consumidor, según difundió recientemente la prensa nacional.
Sin embargo, el sector privado dice que hay que hilar fino en las cifras, y asegura que todavía tiene una participación importante.

Primario privado

"El Estado no ha podido con la parte primaria (agricultura y ganadería). El 80% de la producción del país lo tiene el sector privado", le dice a BBC Mundo el directivo de la Federación de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Antonio Pestana.
Pestana, como otros portavoces gremiales privados, argumenta que en buena parte de las tierras expropiadas o recuperadas –más de tres millones de hectáreas han pasado a manos estatales desde 2005, según el gremio de los empresarios, Fedecámaras– los niveles de producción se han visto afectados negativamente. El gobierno disputa esta afirmación.
Otro asunto es el acceso de los privados a ciertos insumos o servicios indispensables para ejercer su actividad. En este sentido, se espera que la reciente expropiación de la empresa Agroisleña tenga un impacto considerable: se trata de la principal proveedora de fertilizantes y suministros agrícolas, así como importante almacenadora de las cosechas.
Agroisleña, ahora rebautizada "Agropatria", fue intervenida por el gobierno con el argumento de que ejercía un oligopolio y explotaba a los agricultores con precios exorbitantes.
"Con esto garantizamos que el 51% de la producción nacional sea recibida para la red de distribución social del Estado y los productores y productoras sean tratados con justicia", dijo recientemente el vicepresidente Elías Jaua.
Pestana avizora un peligro en esta afirmación: "El Estado cometería el error más garrafal si obliga a esa red tan importante a atender exclusivamente los programas de financiamiento público (a los productores patrocinados por el gobierno)", señaló. Según el productor, ya esta semana hubo "discriminación" en este sentido.

Importaciones e industria

De todas maneras, y según señalan los mismos agricultores nacionales, la producción local ha mermado en detrimento de las importaciones. Y sobre éstas el gobierno tiene un control total, a través de mecanismos como el otorgamiento de dólares para efectuar las compras en el extranjero. ¿Cuánta materia prima produce el Estado y cuánto trae de afuera? Es una pregunta que algunos consideran sin respuesta clara.
Más visible ha sido el efecto de la política de expropiaciones, ya no en la producción primaria, sino en el procesamiento de alimentos o sector agroindustrial.
Entre empresas creadas o compradas y aquellas que ha expropiado, el gobierno maneja al menos 8 procesadoras de leche, 11 de carne, 5 torrefactoras (café), 9 de harina de maíz, 11 molinos de arroz y 8 centrales azucareros, entre otros.
Según le dijera en septiembre pasado el titular de la estatal Corporación Venezolana de Alimentos, Juan Carlos Jiménez, al canal oficial Venezolana de Televisión, el Estado tiene en sus manos 75 fincas y unidades de producción, que elaboran unos 185 productos de 22 rubros alimenticios.
Cifras de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) difundidas en mayo pasado señalan que la participación del gobierno en ciertos rubros, como el café, alcanza hasta el 75% del total nacional.

Matices

Sin embargo, para el diputado opositor electo y ex presidente de Cavidea, Eduardo Gómez Sigala, esto también tiene sus matices.
"Ciertamente, el gobierno ha tomado buena parte del aparato productivo en términos nominales, pero en términos reales sigue siendo importante el sector privado, porque la mayoría de las empresas tomadas han reducido su producción o están debilitadas", le dijo a BBC Mundo.
Otro tanto puede decirse de las redes de distribución. Según Gómez Sigala, el gobierno las controla en más de un 50%. "Pero eso no quiere decir que produzca", señaló.
"Ahora: la tendencia del gobierno, por la velocidad que esta queriendo imprimir, es a tener un mayor control", añade el ex presidente de Cavidea.
Una afirmación que parece confirmada por palabras, esta semana, del ministro de Alimentación Carlos Osorio, quien manifestó que "todas las estructuras que participan en el sistema agroalimentario, de una u otra manera, todos los que allí trabajan, aún siendo una empresa privada, son funcionarios públicos y deben considerarse funcionarios públicos porque el trabajo que realizan es para servir a la población".
Sin embargo, añadió, el gobierno no está en guerra con la empresa privada. Sólo declarará de utilidad pública aquellas que cometan irregularidades. Pero, según ha dicho el propio presidente Hugo Chávez, nadie es intocable.