La Comisión Europea sufrió ayer un duro revés en su empeño por flexibilizar el cultivo de productos transgénicos en la Unión Europea. Una mayoría de países se opusieron de nuevo a la iniciativa del comisario de Salud, John Dalli, que quiere permitir a cada Estado que prohíba el cultivo en su país atendiendo a razones "culturales o socioeconómicas", pero dé carta blanca a los demás para cultivar nuevas variedades que llevan años esperando a ser autorizadas.
La ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa, aseguró que "nadie", ni siquiera "aquellos que quieren más agilidad en la autorización de transgénicos", apoyan al Ejecutivo comunitario, cuya propuesta sólo contenta a la industria. Para los países tradicionalmente contrarios a los organismos genéticamente modificados (OGM), como Francia, Dalli se equivoca de prioridad y debería purgar el funcionamiento de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que suele autorizar nuevos cultivos que luego bloquean sistemáticamente los ministros. Para otros, la propuesta no tiene fundamento jurídico, ya que de ser aprobada podría violar las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre barreras comerciales.
Para España, uno de los países líderes en el cultivo del maíz MON 810, "el procedimiento actual de autorización de OGM es lento y poco efectivo", pero lo que propone la Comisión "sigue sin ser una garantía de que los procesos se vayan a agilizar".
Dalli recibió un descontento insólitamente unánime prometiendo que la propuesta "no es definitiva". La organización Greenpeace se vio respaldada por el consejo de ministros y advirtió de que "hasta que las preocupaciones sobre seguridad de los transgénicos no se recojan en la proposición de la Comisión, los ministros deberían mantener su posición y pedir una suspensión de nuevas autorizaciones", en palabras de Marco Contiero, responsable de transgénicos de la oficina comunitaria.
La ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa, aseguró que "nadie", ni siquiera "aquellos que quieren más agilidad en la autorización de transgénicos", apoyan al Ejecutivo comunitario, cuya propuesta sólo contenta a la industria. Para los países tradicionalmente contrarios a los organismos genéticamente modificados (OGM), como Francia, Dalli se equivoca de prioridad y debería purgar el funcionamiento de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que suele autorizar nuevos cultivos que luego bloquean sistemáticamente los ministros. Para otros, la propuesta no tiene fundamento jurídico, ya que de ser aprobada podría violar las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre barreras comerciales.
Para España, uno de los países líderes en el cultivo del maíz MON 810, "el procedimiento actual de autorización de OGM es lento y poco efectivo", pero lo que propone la Comisión "sigue sin ser una garantía de que los procesos se vayan a agilizar".
Dalli recibió un descontento insólitamente unánime prometiendo que la propuesta "no es definitiva". La organización Greenpeace se vio respaldada por el consejo de ministros y advirtió de que "hasta que las preocupaciones sobre seguridad de los transgénicos no se recojan en la proposición de la Comisión, los ministros deberían mantener su posición y pedir una suspensión de nuevas autorizaciones", en palabras de Marco Contiero, responsable de transgénicos de la oficina comunitaria.
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