EE UU da la espalda a Wikileaks

El Pais

El Pentágono y la Casa Blanca han rechazado la solicitud de los gestores de Wikileaks de colaborar para revisar los 15.000 informes militares de Estados Unidos que todavía obran en poder de los gestores de ese portal que publica documentos clasificados y evitar que se vuelvan a difundir en Internet datos sobre colaboradores civiles del Ejército estadounidense en Afganistán. El Departamento de Defensa, que ha iniciado una investigación junto al FBI, ha exigido que se le devuelvan todos los textos que aún no hayan sido publicados. Mientras el fundador de Wikileaks, Julian Assange, asegura ser víctima de una campaña de desprestigio, varios medios de comunicación de Estados Unidos le exigen la misma transparencia que pide en su propia web.
El viernes, el Gobierno sueco dictó una orden para detener a Assange por dos demandas relacionadas con un acoso sexual, aunque luego la retiró. Según anunció ayer la fiscalía, el abogado que trabaja en el caso temía que Assange, que no es residente sueco, pudiera abandonar el país. "Creía que existía el riesgo de que se fuera antes de que le interrogáramos", dijo la fiscalía en un comunicado. La investigación seguía abierta ayer.
En julio, Assange publicó en Wikileaks 76.000 documentos secretos sobre la guerra de Afganistán. Recientemente anunció la difusión de otros 15.000, provocando indignación en el Pentágono. En una entrevista con el canal Al Yazira el domingo, Assange opinó que existe una "campaña de desprestigio" en su contra. Aunque añadió: "No puedo acusar a nadie directamente".
En Estados Unidos, Assange se enfrenta a una investigación en la que ya trabajan la división de investigaciones criminales del Pentágono y el FBI. La idea de qué resultado pueden tener esas pesquisas la ha dado el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Mike Mullen, que ha acusado a Assange de tener "sangre en sus manos" por delatar a confidentes afganos. En los documentos publicados en julio había nombres de colaboradores de EE UU que ahora están a merced de las represalias de los talibanes y Al Qaeda. Para evitar que se repita la misma acusación, los gestores de Wikileaks quieren editar los 15.000 documentos restantes, pero, según sus cálculos, eso costaría 700.000 dólares (550.000 euros). No han explicado en concepto de qué. Simplemente han dicho que, o bien reciben ese dinero y lo hacen en solitario, o bien les ayuda en esa labor el propio Pentágono.
El Pentágono ha sido tajante: "No queremos negociar", ha dicho en su perfil de Twitter. Un portavoz, Bryan Whitman, añadió: "Esos documentos son propiedad del Gobierno. Su publicación, no autorizada, amenaza las vidas de los soldados de la coalición y de los civiles afganos".
Los gestores de Wikileaks han respondido a esas denuncias en su red de Twitter: "El almirante Mike sangre en las manos Mullen se cena un buen filete con la conciencia tranquila. El Pentágono busca la censura total sin que le importen los afganos. Necesitamos 700.000 dólares para corregir los documentos [eliminar los datos comprometedores para la seguridad de los colaboradores afganos, entre otros] y reducir riesgos. El Pentágono no ayuda. Los medios tampoco, pero sí que quieren aprovecharse".
Ahí, Wikileaks ha topado con otra gran muralla de oposición. Al retratarse como un medio de comunicación (en Suecia la organización está dada de alta así), ha despertado el recelo de varias cabeceras tradicionales. Ayer, el Wall Street Journal analizaba en un reportaje la oscura financiación de la web: "La falta de transparencia de Wikileaks contrasta con la total transparencia que exige a los Gobiernos y las empresas". El columnista Marc A. Thiessen, del Washington Post, fue más lejos: "Es una empresa criminal". El New York Post le cambió el nombre a la organización por el de Wikikills (un juego de palabras, sustituyendo el término leaks, filtraciones, por el de kills, muertes), y dijo en su editorial: "Ayuda a los talibanes a matar en Afganistán".
El Journal ha tratado de analizar el complejo entramado de financiación de esa institución. En cada país donde tiene representación, se manifiesta como algo distinto. En Alemania y en Francia es una fundación. En Australia es una biblioteca virtual. Y en EE UU se divide en dos organizaciones no gubernamentales.
Julian Assange ha estimado, en diversas entrevistas, que el coste de mantener a Wikileaks en marcha es de 200.000 dólares (157.000 euros) anuales. Fundamentalmente, el portal se nutre de donaciones privadas que pueden ser anónimas. Aunque la media de donaciones suele ser de 20 euros, después de la publicación de los documentos de Afganistán, un donante les envió 10.000.