Dos investigadores de EEUU acaban de escribir el último capítulo en la historia del fraude científico, tras falsear durante más de siete años los resultados de sus estudios. Los expertos amañaron sus experimentos sobre trasplantes de riñón en macacos y llegaron a publicar datos falsos hasta en 16 ocasiones, según investigaciones del Gobierno estadounidense y la Universidad de Alabama (UAB), donde trabajaban ambos.
Hasta el momento de descubrirse sus manejos, los investigadores, Judith Thomas y Juan Luis Contreras, habían recibido más de 20 millones de dólares (14 millones de euros) de las arcas públicas para financiar su trabajo, según la revista The Scientist. Ambos han renunciado a sus puestos en el Departamento de Cirugía de la UAB. Además, sus nombres figurarán en la lista negra de científicos vetados para recibir dinero público. "Este comportamiento es absolutamente inaceptable y no será tolerado en la Universidad", señalaba el vicepresidente de Investigación de la UAB en un comunicado de prensa.
Thomas y Contreras estaban probando en monos la efectividad de varios medicamentos para evitar el rechazo después de un trasplante de riñón. Los investigadores debían extirpar primero un riñón, trasplantar uno nuevo, administrar después los medicamentos y retirar por último el otro riñón sano para ver si el mono podía hacer frente al trasplante. Pero hasta en 32 casos los expertos no retiraron uno de los riñones sanos, lo que habría exagerado las bondades de los medicamentos.
Los investigadores han aceptado ser responsables de los hechos, pero niegan haberlo hecho intencionadamente, según el informe de la Oficina para la Integridad de la Investigación (ORI). Esta organización, dependiente del Departamento de Salud de EEUU, se encarga de estudiar denuncias de fraude en la ciencia financiado con dinero público.
Responsables por igual
La ORI fue alertada por expertos de la UAB que creían haber detectado irregularidades en 2008. En un principio, Thomas, la líder del equipo, le echó las culpas a Contreras. Pero la investigación de la ORI ha concluido que ambos expertos han sido responsables del engaño. Según el informe, los dos científicos publicaron datos falsos desde 1998 a 2005 en revistas como Transplantation o Journal of Inmunology, así como en solicitudes para ayudas públicas del Instituto Nacional de Salud de EEUU.
Thomas ha aceptado una sanción que le prohibirá recibir fondos públicos durante diez años. En el caso de Contreras serán tres. Estos y otros expertos acusados de fraude no sólo se exponen a la inhabilitación y el descrédito ante la comunidad científica. Conseguir becas públicas para la investigación con datos falsos constituye un delito penado con hasta cinco años de cárcel en EEUU. Este fue el caso de Eric Poehlman, un experto en obesidad que fue condenado en 2006 a un año de cárcel por mentir en 17 solicitudes.
"Este es un caso grave y como tal se ha tratado" , opina Pere Puigdomènech, que dirige el Comité de Ética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cálculos no oficiales indican que el porcentaje de artículos fraudulentos no supera el 1% de los casos. Pero en EEUU, uno de los líderes en producción científica mundial, ese 1% supone muchos más fraudes que en un país como España, señala Puigdomènech.
No obstante, cada vez son más las instituciones que están implantando sistemas para detectar y castigar a aquellos que se dejan llevar por la tentación, señala el experto. En España, se espera que la Ley de la Ciencia cree un Comité de Ética que regule estos casos.
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