El polémico caso sobre la recolección masiva de datos telefónicos que realizó la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos se ha enredado un poco más tras dictaminar un juez federal que es legal.
Fue la Unión Americana de Libertades Civiles (‘ACLU’ son sus siglas en inglés) el organismo que presentó esta demanda el pasado mes de junio al destaparse estas prácticas de espionaje. Todas las revelaciones que realizó Edward Snowden y la consternación que provocó en la opinión pública, unidas al fallo que el juez federal de Washington Richard Leon emitió hace una semana (en el que afirmaba que este sistema de recopilación de llamadas “tenía altas probabilidades” de ser ilegal), hacían presagiar que la ACLU acabaría saliendo vencedora del contencioso. No ha sido así para sorpresa de casi todos.
William Pauley se ha convertido en un nuevo protagonista de este caso al dar validez a las prácticas de espionaje que ha realizado durante años la NSA. Este magistrado de Nueva York considera en que el polémico programa constituye un “contragolpe del Gobierno” al peligro que para Estados Unidos supuso (y todavía supone) la organización terrorista Al-Qaeda tras los tristemente recordados atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
El conflicto está servido ya que para lo que uno juez supone un programa completamente legítimo y legal, para el otro puede tratarse de una violación de la Cuarta Enmienda de la carta magna norteamericana, por la cual está prohibida la captación y búsqueda de información personal más allá de límites razonables.
Pauley ha reconocido, sin embargo, que entiende que este asunto es controvertido, e insta a que tanto el Congreso como la propia Casa Blanca se pronuncien y decidan si el programa debe mantenerse o no. Tras hacerse públicos ambos fallos, y a la vista de sus contradicciones, será el Tribunal Supremo el organismo que determine la constitucionalidad de este programa.
La ACLU, por su parte, recurrirá esta medida según informa The Guardian. “Estamos muy decepcionados con esta decisión, que malinterpreta las leyes pertinentes y subestima las implicaciones de la vigilancia del Gobierno en la privacidad”, afirmó Jameel Jaffer, director legal de la ACLU.
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