Google ha liberado un semestre más su Informe de Transparencia, un documento que la compañía lleva publicando desde hace tres años (esta es la séptima edición) y que muestra las solicitudes gubernamentales de censura y de adquisición de datos en todo el mundo.
Según muestra el documento, de julio a diciembre de 2012, la empresa de Mountain View recibió 2.285 peticiones de retirada de contenidos por parte de las autoridades, que afectarían a 24.179 elementos. Se trata de un aumento significativo desde las 1.811 solicitudes referentes a 18.070 ítems que Google recibió en los primeros seis meses del pasado ejercicio.
“A medida que acumulamos e informamos sobre más datos con el tiempo, cada vez se hace más patente que el ámbito de los intentos de los gobiernos de censurar contenido en los servicios de Google ha aumentado. En más sitios que nunca, los gobiernos nos han pedido que eliminemos contenido político que la gente publica en nuestros servicios”, explica la compañía en su blog en español. “En el periodo que analizamos ahora, hemos recibido órdenes judiciales de diversos países exigiendo la eliminación de entradas de blog que criticaban a miembros del gobierno o a personas asociadas”.
Google destaca tres casos llamativos y con un incremento notable de las actividades censoras en el primer semestre de 2012. El primero es Brasil, desde donde se recibieron 697 solicitudes frente a las 191 obtenidas de enero a junio. Las elecciones municipales y las quejas por infringir el Código electoral brasileño, que prohíbe la difamación contra los candidatos originaron muchas de las órdenes.
La entrada de una nueva ley en otoño también ha hecho que Rusia despunte en este aspecto, pasando de seis solicitudes en el primer semestre a 114 en el segundo. Solo 3 no se referían a esta nueva normativa.
La empresa de Mountain View también destaca las quejas por vídeos que contenían clips de la película “La inocencia de los musulmanes”. Google explica que se vio obligada a restringir su reproducción en varios territorios porque, aunque respetaban sus normas de la comunidad, contravenían algunas legislaciones locales.
En cuanto a España, solo se cita una orden judicial emitida por un juez de la rama provincial que afectaba a una entrada en la que presuntamente se difamaba a otro juez de la misma rama
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