La Comisión Europea ha acusado formalmente a varios fabricantes de chips para tarjetas utilizadas en el documento nacional de identidad, tarjetas de crédito o el teléfono móvil, de participar en un acuerdo ilegal con el objetivo de mantener los precios elevados.
Las acusaciones están contenidas en un pliego de cargos remitido a las compañías, que ahora deberán presentar sus alegaciones.
Si se confirman, el Ejecutivo comunitario podría imponerles una multa de hasta el 10% de su volumen de negocios.
Bruselas ha eludido identificar a las empresas implicadas, su número o el país de procedencia.
"La Comisión considera que algunos proveedores de chips podrían haber pactado o coordinado su comportamiento en el espacio económico europeo con el fin de mantener los precios altos", ha explicado en un comunicado, citado por la agencia Reuters.
La maniobra vulneraría el artículo del tratado que prohíbe los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas.
El Ejecutivo comunitario había acordado inicialmente explorar la posibilidad de una solución negociada con las empresas implicadas, pero ha interrumpido las conversaciones por "falta de progresos".
"La esencia de una solución negociada es beneficiarse de un procedimiento más rápido y eficiente y alcanzar un entendimiento común sobre la existencia y las características del cártel.
Si ello no es posible, la Comisión volvería al procedimiento normal y perseguir la presunta infracción", ha dicho el comisario de Competencia, Joaquín Almunia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario