Con la aprobación por parte del Parlamento Europeo (PE) del proyecto de la patente única europea en 25 países miembros de la UE -con la excepción de España e Italia-, ésta podría ponerse en marcha el año que viene resucitando una polémica consecuencia: la posibilidad de patentar 'software' en Europa.
En virtud de este proyecto, una patente registrada en la Oficina Europea de Patentes (EPO) -un órgano que, recordemos, no está vinculado con ninguna institución comunitaria- será válida automáticamente en dichos países, sin necesidad como hasta ahora de comunicarlo a las diferentes oficinas nacionales de patentes, tal y como recuerda Marta Peirano en el Diario.es.
Por tanto, este proyecto vuelve de nuevo a abrir la posibilidad de patentar el 'software', con las consecuencias negativas que ello implica.
Hay que recordar que la EPO ha concedido en los últimos años decenas de miles de patentes de 'software', a pesar de que las normas europeas en vigor establecen que los programas de ordenador no son patentables (una posibilidad que ya se rechazó en 2005).
En el caso de España, la legislación excluye también de manera explícita la patentabilidad de los programas de ordenador. Los códigos se acogen a la protección de la Ley de la Propiedad Intelectual. Precisamente han sido los tribunales quienes han impedido la aplicación de muchas de las patentes de 'software' concedidas por la EPO.
Asisimo, la creación de un tribunal centralizado para rersolver los litigios de las patentes únicas recuerda además al polémico -y rechazado- Acuerdo Europeo sobre Litigios de Patentes, que provocó una importante movilización en la Red al considerarse un intento de legitimiar las patentes de 'software'
¿La posibilidad de que el 'software' pueda patentarse es positivo o negativo para los ciudadanos? Por un lado, las grandes empresas tecnológicas presionan desde hace años para que así sea (tal y como sucede en EEUU), y se justifican en la protección de la innovación europea.
Por otro lado, quienes están en contra de las patentes de 'software' llevan años alertando de la posibilidad de que su introducción perjudicaría claramente el desarrollo tecnológico local en beneficio de las grandes corporaciones, que tienen más medios para litigar en los tribunales en caso de conflicto.
La medida podría generar problemas de abuso de dominio del mercado en uno de los sectores claves, como es el las nuevas tecnologías de la comunicación. Además, iniciativas como el 'software' libre quedarían seriamente amenazadas si las grandes empresas patentan procedimientos y cierran las vías para su desarrollo.
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