Brasil comenzó a advertir que una serie de contratos que permiten a empresas extranjeras acceder a tierras indígenas en la Amazonía pueden servir para camuflar la biopiratería, una práctica que inquieta a la región.
La última alarma para el gobierno brasileño surgió con la noticia de que indios de la etnia mundurucú cedieron por US$120 millones los derechos sobre sus tierras a una empresa irlandesa del negocio de créditos de carbono.El acuerdo establece que por 30 años los indios estarán impedidos de plantar o extraer maderas de sus tierras, de una superficie similar a El Salvador, a las cuales la empresa tendrá acceso irrestricto, informó hace pocos días el diario "O Estado de Sao Paulo".
Las autoridades brasileñas advierten que este y otros contratos similares ofrecidos a etnias indígenas por empresas de créditos de carbono suponen un riesgo de explotación oculta de la biodiversidad del país.
La ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, dijo en el mismo diario que se debe evitar que las oportunidades para avanzar en la valorización de la biodiversidad "disfracen acciones de biopiratería".
"Es un nuevo canal que se abre para la biopiratería", indicó a su vez la asesoría de comunicación de la presidencia de la Fundación Nacional del Indio (Funai), una entidad estatal brasileña, en declaraciones a BBC Mundo.
"Libre acceso"
La biopiratería es comúnmente entendida como el uso con fines comerciales o científicos de recursos de la biodiversidad y conocimientos ancestrales de la misma sin una autorización o compensación adecuada.
Esta práctica para desarrollar productos medicinales, farmacéuticos, agroindustriales y de otro tipo ha provocado medidas preventivas de las Naciones Unidas y de países latinoamericanos en la región Amazónica.
Ecuador, por ejemplo, anunció hace pocos días que prepara un proyecto de ley para enfrentar el fenómeno en general.
Brasil ha tomado medidas contra la biopiratería desde hace años, pero las autoridades creen que los contratos de empresas que negocian con créditos de carbono en tierras indígenas muestran la necesidad de adaptar las normas.
"Algunas de las propuestas de contratos presentadas a las comunidades indígenas incluyen cláusulas de libre acceso a tierras indígenas y a todo el patrimonio biológico en ella contenido por parte de las empresas, lo que puede facilitar acciones de biopiratería", indicó la Funai.
"El pretexto para tal cláusula es la supervisión del área para que las empresas puedan acompañar la preservación de la selva. No obstante, la falta de reglamentación de ese mecanismo deja espacio para otras actividades e investigaciones no relacionadas con el comercio de carbono", agregó.
Contratos bajo la lupa
Más de 30 etnias brasileñas han sido abordadas por empresas o personas físicas que buscan negocios vinculados a los créditos de carbono, aunque no siempre se han cerrado contratos, precisó la Funai.
Se desconoce cuántos quilómetros cuadrados de tierras indígenas abarcan los contratos ya firmados, que fueron transferidos a la Procuraduría General de la Unión para que eventualmente tome medidas judiciales.
La Funai niega que los acuerdos tengan validez jurídica, "porque Brasil todavía no reglamentó el mecanismo de REDD, como se llama ese mecanismo de compras y ventas de créditos de carbono".
REDD es un método de pago a países en desarrollo o a comunidades dentro de ellos para que conserven sus bosques y puedan reducir así las emisiones de CO2 derivadas de la deforestación.
Las cantidades de carbono que se dejan de emitir se calculan en créditos, que pueden ser comprados por empresas contaminantes de Europa y otras regiones para delegar la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Las compañías que buscan contratos en tierras indígenas de la Amazonía se especializan en el desarrollo de ese mercado de créditos de carbono.
"Preocupación legítima"
Celestial Green Ventures, la empresa irlandesa que firmó el contrato con la etnia mundurucú, se define a sí misma como líder mundial en la materia.
Sólo en Brasil tiene 16 proyectos que suman 200 mil kilómetros cuadrados, según "O Estado de Sao Paulo", lo que supone un área mayor a la superficie de Uruguay.
Consultada por BBC Mundo en su sede en Dublín, la empresa declinó formular comentarios sobre la inquietud que generan sus actividades en Brasil e indicó que pronto hará una declaración al respecto.
"El gobierno tiene una preocupación legítima", evaluó Carlos Roberto Sanquetta, un especialista brasileño en ecología, cambio climático, proyectos forestales y de carbono, consultado por BBC Mundo.
A su juicio, con los contratos que dan derechos sobre tierras indígenas a empresas extranjeras "se corre el riesgo de que haya exportación clandestina de recursos genéticos y de valores culturales de las comunidades indígenas".
"Nuestro país debe tener directivas muy claras para que eso no ocurra y la legislación brasileña todavía deja brechas para que esas actividades irregulares puedan suceder", advirtió.
¿Reacción exagerada?
Sin embargo, Paulo Adario, director de la campaña amazónica de la organización no gubernamental Greenpeace, sostuvo que la reacción brasileña puede ser exagerada.
La venta de créditos de carbono "es un mecanismo que nosotros no necesariamente apoyamos, pero que existe en el mercado y no tiene nada (que ver) con la soberanía: creo que hay una confusión ahí", dijo Adario.
A su juicio, "siempre que hay una discusión sobre compañías extranjeras y la Amazonía hay una gran preocupación de Brasil con la cuestión de la soberanía y la biopiratería".
"Hay verdad en esto y hay una preocupación muy fuerte con cosas que no existen", indicó en declaraciones a BBC Mundo. "Por supuesto, es necesario verificar los contratos para ver lo que pueda haber detrás".
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