La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha instado al Parlamento Europeo a volver a examinar el Acuerdo Comercial contra las Falsificaciones (ACTA), un pacto internacional para combatir la piratería, con el fin de salvaguardar la libertad de expresión.
La representante de la OSCE para la Libertad de Prensa, Dunja Mijatovic, ha enviado una carta al presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, en la que le pide que se tenga en cuenta la libertad de expresión en los debates sobre el borrador del ACTA.
El mes pasado, Mijatovic difundió un comunicado sobre el ACTA y los proyectos de ley estadounidenses conocidos como SOPA y PIPA (Ley para Detener la Piratería y Ley para Proteger la Propiedad Intelectual) en el que advirtió de los riesgos de situar ciertos intereses por delante de dos derechos fundamentales, a la libertad expresión y a la intimidad.
En la carta enviada a Schulz, la representante ha recordado que el ACTA autorizaría a los proveedores de acceso a Internet a revelar información personal sobre las personas que supuestamente han atentado contra los derechos de autor.
Para ello no sería necesaria una orden judicial, los afectados no podrían apelar y la decisión sobre la legalidad o ilegalidad de los contenidos se toma fuera del marco judicial establecido, ha destacado Mijatovic, que también ha criticado la ausencia de garantías sobre el derecho a la intimidad o la libre circulación de la información.
La representante de la OSCE para la Libertad de Prensa, Dunja Mijatovic, ha enviado una carta al presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, en la que le pide que se tenga en cuenta la libertad de expresión en los debates sobre el borrador del ACTA.
El mes pasado, Mijatovic difundió un comunicado sobre el ACTA y los proyectos de ley estadounidenses conocidos como SOPA y PIPA (Ley para Detener la Piratería y Ley para Proteger la Propiedad Intelectual) en el que advirtió de los riesgos de situar ciertos intereses por delante de dos derechos fundamentales, a la libertad expresión y a la intimidad.
En la carta enviada a Schulz, la representante ha recordado que el ACTA autorizaría a los proveedores de acceso a Internet a revelar información personal sobre las personas que supuestamente han atentado contra los derechos de autor.
Para ello no sería necesaria una orden judicial, los afectados no podrían apelar y la decisión sobre la legalidad o ilegalidad de los contenidos se toma fuera del marco judicial establecido, ha destacado Mijatovic, que también ha criticado la ausencia de garantías sobre el derecho a la intimidad o la libre circulación de la información.
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