El Parlamento Europeo ha recibido una queja contra el acuerdo internacional antipiratería (ACTA) firmada por 2,5 millones de personas que temen que el pacto atente contra la libertad de los usuarios en Internet.
La presidenta de la comisión europarlamentaria de Peticiones, Erminia Mazzoni, ha confirmado en un comunicado que examinará la queja en su próxima sesión del 19 y 20 de marzo para contemplar las opciones posibles, ya que el Parlamento Europeo tiene la "responsabilidad" de atender una petición respaldada por un número tan alto de ciudadanos.
De ser admitida a trámite la petición, los firmantes tendrían derecho a intervenir ante los eurodiputados para explicar sus quejas y la comisión de Peticiones, a su vez, podría elevar el asunto al pleno del Parlamento Europeo y pedir a Bruselas que abra una investigación.
Para su entrada en vigor, el acuerdo ACTA necesita ser ratificado por al menos seis de las partes que lo han negociado, entre ellos EEUU, Australia, México, Marruecos, Japón y los países de la UE.
En el caso de la Unión Europea, deben firmarlo y ratificarlo cada uno de los Estados miembros y la UE por tratarse de un acuerdo que abarca competencias nacionales y comunitarias, y el proceso está en marcha sin una fecha de conclusión fijada.
De hecho, el Ejecutivo comunitario ha llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) con el objetivo de que se pronuncie sobre si el acuerdo internacional respeta los derechos fundamentales, en un intento por calmar las dudas y críticas que ha levantado entre los Internautas europeos.
La presidenta de la comisión europarlamentaria de Peticiones, Erminia Mazzoni, ha confirmado en un comunicado que examinará la queja en su próxima sesión del 19 y 20 de marzo para contemplar las opciones posibles, ya que el Parlamento Europeo tiene la "responsabilidad" de atender una petición respaldada por un número tan alto de ciudadanos.
De ser admitida a trámite la petición, los firmantes tendrían derecho a intervenir ante los eurodiputados para explicar sus quejas y la comisión de Peticiones, a su vez, podría elevar el asunto al pleno del Parlamento Europeo y pedir a Bruselas que abra una investigación.
Para su entrada en vigor, el acuerdo ACTA necesita ser ratificado por al menos seis de las partes que lo han negociado, entre ellos EEUU, Australia, México, Marruecos, Japón y los países de la UE.
En el caso de la Unión Europea, deben firmarlo y ratificarlo cada uno de los Estados miembros y la UE por tratarse de un acuerdo que abarca competencias nacionales y comunitarias, y el proceso está en marcha sin una fecha de conclusión fijada.
De hecho, el Ejecutivo comunitario ha llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) con el objetivo de que se pronuncie sobre si el acuerdo internacional respeta los derechos fundamentales, en un intento por calmar las dudas y críticas que ha levantado entre los Internautas europeos.
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