En Argentina se caldea la polémica por la minería

En la última década, el número de proyectos mineros en Argentina creció en más de un 1.000% y el oro y el cobre se convirtieron en la cuarta exportación más importante del país.

El crecimiento del sector durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner (2003-2007), se dio a la par del alza en los precios internacionales de los metales, que en el caso del oro y el cobre casi duplicaron su valor desde el año 2000.

Pero con el desarrollo de los emprendimientos mineros, particularmente los proyectos a cielo abierto, también se multiplicaron las protestas sociales contra la llamada megaminería.
Muchos pobladores de zonas aledañas a las explotaciones rechazan esta actividad por considerar que contamina las capas de agua y desperdicia ese recurso, que para ellos “vale más que el oro”.
Si bien algunas de las protestas vecinales llevan años, en las últimas semanas estas manifestaciones cobraron notoriedad luego de que los residentes del pequeño pueblo de clic Famatina, en la provincia de La Rioja, lograron con éxito obligar al gobierno provincial a posponer un proyecto con una minera canadiense.
Lo sucedido en Famatina desencadenó una serie de movilizaciones tanto en contra como a favor de la minería y llevó a la presidenta Fernández a pronunciarse públicamente sobre el espinoso tema.
En su primer discurso tras retomar las actividades luego de una clic operación de tiroides, la jefa de Estado fustigó a los ambientalistas que criticaban la minería en Famatina, acusándolos de no ser igualmente vocales sobre la exploración de hidrocarburos que llevan a cabo empresas británicas en las islas Malvinas/Falklands.
Las palabras de la mandataria fueron consideradas como un aval a la actividad minera y para algunos mostraron un cambio de postura respecto al primer período presidencial, que se caracterizó por una alta tolerancia hacia las reivindicaciones sociales.

Choques en Catamarca

Poco después de lo ocurrido en La Rioja el conflicto minero se trasladó a la vecina provincia de Catamarca, donde vecinos de las localidades de Tinogasta, Andalgalá y Belén mantienen protestas en contra de la explotación de la mina Bajo de la Alumbrera, uno de los mayores yacimientos de oro y cobre del país.
La semana última la policía local usó la fuerza para desalojar a activistas que mantenían un bloqueo selectivo en una de las rutas que conducen a la mina, y que impedían el paso de camiones que abastecen a Bajo de la Alumbrera.
En tanto, los vecinos de Andalgalá denunciaron la presencia de “patotas pro mineras” que impiden el acceso de ambientalistas y otras personas consideradas “anti minería”.
El periodista Gabriel Levinas fue una de las personas a quien se le negó el acceso. Levinas, columnista de Radio Mitre y del portal PlazadeMayo.com, dijo a BBC Mundo que los hombres que le frenaron el paso contaban con la connivencia de la policía local.

“Antonio”

En medio de la polémica -denunciada ampliamente por los medios más críticos del gobierno, como los diarios Clarín y La Nación- la presidenta volvió a hacer referencia al tema de la minería en un discurso transmitido por cadena nacional.
En un contacto a través de videoconferencia con la ciudad de Olavarría, en Buenos Aires, la jefa de Estado conversó con un obrero, quien le dijo que “los trabajadores mineros queremos trabajar en paz. Y no que cuatro o cinco pseudoambientalistas nos corten la ruta”.
El hombre, a quien se identificó como “Antonio”, agregó: “Somos nosotros los que conocemos mejor el trabajo. Somos más ambientalistas que los propios ambientalistas. No somos suicidas, queremos vivir, entonces no nos vamos a meter en un lugar inseguro”.
La presidenta felicitó al obrero por sus palabras y aseguró que hablaba desde “la lógica implacable del pueblo”.
“Vos no sos ningún dirigente político, sos un trabajador que defiende su fuente de trabajo”, resaltó.
Sin embargo, poco después la prensa argentina reveló que “Antonio” era en realidad Armando Domínguez, vicepresidente del Partido Justicialista de Olavarría y dirigente del gremio minero.

El gobierno y la minería

Los detractores del gobierno aseguran que la aparición de grupos pro mineros y la mayor represión policial contra quienes protestan contra esta actividad son un indicio de que las autoridades nacionales han aumentado su presión para que avancen proyectos mineros que hasta ahora habían sido paralizados por los activistas.
Además de frenar temporariamente la exploración minera en Famatina, ese pueblo riojano ya había logrado expulsar a otra minera canadiense en 2006.
Por su parte, los pobladores de Andalgalá también pudieron poner freno en 2010 al proyecto minero Agua Rica, cerca de Bajo de la Alumbrera, aunque ese emprendimiento podría reactivarse tras el fallo de un juez de Catamarca que dio luz verde para reanudar parcialmente las actividades.
Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), la actividad minera es una importante generadora de recursos impositivos en Argentina y contribuye directamente al 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Algunos, como Gabriel Levinas, creen que las recientes expresiones “pro mineras” de la presidenta son un reflejo de la necesidad de generar más recursos, ante el creciente déficit financiero del país.
Otros sostienen que la mandataria siempre tuvo vínculos con empresas mineras.
El ex diputado Miguel Bonasso acusó a la jefa de Estado de tener lazos con la canadiense Barrick Gold, que desarrolla el proyecto minero más grande de Argentina, Pascua Lama.
Bonasso no es el único que critica a la mandataria por haberse reunido con Peter Munk, el CEO de Barrick.
Además, grupos ecologistas cuestionan la política ambiental de la presidenta, quien en 2008 vetó la Ley de Glaciares, una norma que limita la actividad minera.
A pesar de que una segunda versión de esa norma fue aprobada en 2010, su implementación ha sido demorada, lo que habría permitido el avance de proyectos controvertidos.