La disputa que mantienen Ecuador y varias petroleras en organismos internacionales de arbitraje podría acabar costando al país millones de dólares y poner en riesgo su economía.
En medio de la política ecuatoriana de "defensa de la soberanía nacional" en su trato con las petroleras internacionales, compañías como Occidental, Chevron y Perenco, entre otras, han demandado indemnizaciones millonarias como compensación frente a decisiones del Estado en materia contractual.En lo más reciente de unos litigios que llevan varios años, este jueves, el Tribunal Arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial, con sede en Washington, efectuó la audiencia final en la demanda por US$3.370 millones planteada por Occidental contra el Estado ecuatoriano.
La empresa estadounidense exige una indemnización por la decisión de Ecuador, adoptada en 2006, de declarar la caducidad del contrato que mantenía la compañía para la explotación del bloque petrolero 15, en la Amazonía ecuatoriana.
Durante la audiencia, el procurador general del Estado ecuatoriano, Diego García, reiteró que el país declaró la caducidad porque Occidental transfirió a la canadiense Alberta Energy Company, ahora Encana, el 40% de sus derechos de explotación sobre el bloque 15, sin la autorización de Ecuador, violando la ley local y el contrato entre las partes.
La sentencia del Tribunal Arbitral se produciría para fines de año, mientras se analizan informes de peritos que establecieron una valoración del bloque 15 en unos US$2.300 millones, monto que es objetado por la Procuraduría.
"Grave riesgo para la economía nacional"
A la demanda planteada por Occidental se suman otras, también con cuantías millonarias, que afronta Ecuador.
Chevron ha presentado ante la Corte de La Haya dos demandas, una que establecería una compensación por US$700 millones por un retraso en el procesamiento de varios juicios en las cortes ecuatorianas; y otra, cuyo monto está por determinar, en la que se acusa al Estado de haber permitido la continuidad del proceso que por remediación ambiental siguen comunidades de la Amazonía ecuatoriana contra la petrolera.
Además de ello, las petroleras Perenco, Burlington y Murphy demandaron en 2008 a Ecuador ante el CIADI por la modificación de la legislación ecuatoriana sobre el reparto de los excedentes petroleros.
Frente a esta situación, la alerta la prendió días atrás el propio presidente Rafael Correa. "Ahí hay un grave riesgo para la economía nacional, para las finanzas públicas. Estamos hablando de miles de millones. Estamos haciendo lo que podemos, pero la lucha es David contra Goliat", dijo el mandatario.
Chevron ha presentado ante la Corte de La Haya dos demandas, una que establecería una compensación por US$700 millones por un retraso en el procesamiento de varios juicios en las cortes ecuatorianas; y otra, cuyo monto está por determinar, en la que se acusa al Estado de haber permitido la continuidad del proceso que por remediación ambiental siguen comunidades de la Amazonía ecuatoriana contra la petrolera.
Además de ello, las petroleras Perenco, Burlington y Murphy demandaron en 2008 a Ecuador ante el CIADI por la modificación de la legislación ecuatoriana sobre el reparto de los excedentes petroleros.
Frente a esta situación, la alerta la prendió días atrás el propio presidente Rafael Correa. "Ahí hay un grave riesgo para la economía nacional, para las finanzas públicas. Estamos hablando de miles de millones. Estamos haciendo lo que podemos, pero la lucha es David contra Goliat", dijo el mandatario.
¿Listo para asumir las demandas?
Consultado por BBC Mundo, el analista económico Walter Spurrier afirmó que en caso de producirse una sentencia contraria a Ecuador, con montos muy altos, en el caso Occidental, "no habría la liquidez para atender un fallo desfavorable, lo cual generaría un problema importante para la economía nacional".
El analista manifestó que Ecuador, de tener que asumir un pago millonario a la petrolera, podría plantear a la empresa un pago en bonos o buscar alguna otra medida de financiamiento. Esto, más allá de que en caso de producirse una sentencia negativa, el Estado ecuatoriano tendría 120 días para solicitar la anulación.
En cualquier caso, Spurrier señaló que la disputa con las petroleras se produce en un contexto en el que el gobierno ecuatoriano ha reiterado que en este tema lo que prima es la soberanía nacional, lo cual, afirmó el analista, tiene un costo para el país.
"Parece paradójico viniendo de un economista, pero el mandatario piensa que en la toma de decisiones lo primordial no es exclusivamente la parte económica sino los principios ideológicos", manifestó Spurrier.
El analista manifestó que Ecuador, de tener que asumir un pago millonario a la petrolera, podría plantear a la empresa un pago en bonos o buscar alguna otra medida de financiamiento. Esto, más allá de que en caso de producirse una sentencia negativa, el Estado ecuatoriano tendría 120 días para solicitar la anulación.
En cualquier caso, Spurrier señaló que la disputa con las petroleras se produce en un contexto en el que el gobierno ecuatoriano ha reiterado que en este tema lo que prima es la soberanía nacional, lo cual, afirmó el analista, tiene un costo para el país.
"Parece paradójico viniendo de un economista, pero el mandatario piensa que en la toma de decisiones lo primordial no es exclusivamente la parte económica sino los principios ideológicos", manifestó Spurrier.
Soberanía nacional
Para el ex ministro de Energía del gobierno de Rafael Correa, Alberto Acosta, "el problema de fondo" está en “haber aceptado tribunales internacionales de arbitraje que están mucho más allá de la soberanía nacional”.
Acosta recordó que en la Constitución ecuatoriana, vigente desde 2008, se señala que no se podrá celebrar instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, exceptuándose instancias arbitrales regionales.
"El aceptar tribunales internacionales de arbitraje es perder la soberanía nacional y no garantiza la seguridad jurídica como dicen algunas personas. Por el contrario, eso establece inequidad jurídica, porque solo protege a los inversionistas extranjeros y no a los nacionales", afirmó el ex ministro.
No obstante, Acosta señaló que mientras Ecuador deba afrontar las demandas interpuestas por las petroleras en el CIADI "hay que esperar que el gobierno tenga una actitud responsable y seria en la defensa de los intereses nacionales".
BBC Mundo
Acosta recordó que en la Constitución ecuatoriana, vigente desde 2008, se señala que no se podrá celebrar instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, exceptuándose instancias arbitrales regionales.
"El aceptar tribunales internacionales de arbitraje es perder la soberanía nacional y no garantiza la seguridad jurídica como dicen algunas personas. Por el contrario, eso establece inequidad jurídica, porque solo protege a los inversionistas extranjeros y no a los nacionales", afirmó el ex ministro.
No obstante, Acosta señaló que mientras Ecuador deba afrontar las demandas interpuestas por las petroleras en el CIADI "hay que esperar que el gobierno tenga una actitud responsable y seria en la defensa de los intereses nacionales".
BBC Mundo
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