La crisis atómica de Fukushima ya ha subrayado las graves deficiencias que Japón mantenía en su industria nuclear. Se trata de carencias que van desde sistemas de prevención hasta protocolos informativos, que Tokio reconoce ya abiertamente en un informe entregado al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Además, las autoridades reconocieron que la radiación liberada la primera semana de la crisis fue de 770.000 terabecquerelios, el doble de lo anunciado inicialmente, y que los núcleos de los reactores 1, 2 y 3 se fundieron por completo mucho antes de lo reconocido.
En su informe, el Gobierno de Naoto Kan asume, lisa y llanamente, que no estaba preparado para un accidente como el que tuvo lugar en la planta de Fukushima. Las autoridades confiesan que deben revisar por completo las medidas establecidas para hacer frente a eventos como el que se desató a partir del terremoto del 11 de marzo, que no se habían reexaminado en los últimos 20 años.
El accidente también ha probado que fallaron estrepitosamente las instituciones que debían vigilar la seguridad de las instalaciones atómicas. El Ejecutivo nipón reconoce que deberá fundar un nuevo organismo regulador que se pueda desenvolver con completa independencia frente a las instituciones dedicadas al fomento de la energía atómica. La actual Agencia Japonesa de Seguridad Nuclear depende jerárquicamente del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que se ocupaba de animar a las compañías eléctricas a invertir en energía atómica.
Japón admite que las instalaciones de la planta de Fukushima no estaban preparadas para hacer frente a un terremoto y un tsunami como los que golpearon la central. Las autoridades asumen que deberán mejorar también la comunicación en futuros incidentes, tanto para el público y la prensa como entre los distintos organismos dedicados a hacer frente a estos sucesos.
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