Gobierno argentino busca "más control" en empresas

El gobierno de Argentina defendió este jueves un polémico decreto que le da mayor injerencia al Estado en una treintena de empresas privadas.

El decreto ha causado un rechazo generalizado por parte de grupos empresariales y la mayoría de la oposición.

Desde 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner posee acciones en 42 empresas privadas, que heredó de las llamadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) después de que decidió disolverlas y estatizar el sistema previsional.
Dichos papeles pasaron a ser controlados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En algunas empresas, las acciones en manos de diversas AFJP llegaban a representar hasta el 30% de su portafolio. Sin embargo, una ley prohibía al Estado hacer valer más del 5% de sus títulos en cada compañía.
Eso cambió el martes tras la firma del nuevo decreto, que levanta esa limitación y le da al gobierno representación completa sobre el total de sus acciones heredadas.
En efecto, el Estado puede ahora nombrar a directores en las empresas en las que tiene un importante porcentaje de papeles, sin requerir el consentimiento de los accionistas privados.
En ocho compañías, la Anses posee el 25% o más de los papeles. Estas incluyen el Banco Macro (30,90%), Gas Natural BAN (26,63%) –de capitales españoles- y la empresa eléctrica Edenor (26,41%).

Un "acto de justicia"

El director de la Anses, Diego Bossio, admitió en declaraciones publicadas a través de su cuenta en el sitio Twitter que el Estado busca "ejercer un mayor control con más directores".
"Lo que se pretende (desde la Anses) es el pleno ejercicio de sus derechos. Es un acto de justicia", consideró, en declaraciones al canal estatal de televisión.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández –vocero del gobierno- señaló este jueves durante una entrevista con radio Continental que "cuando el Estado pone dinero, se convierte en socio y como tal tiene derechos".
"Lo que estamos haciendo es cuidar los dineros de los trabajadores que fueron prestados", aseguró, afirmando que si las empresas privadas quieren evitar tener directores nombrados por el Estado deben "devolver el dinero" de la Anses.
"No es una intervención", remarcó.

Preocupación empresarial

Las principales agrupaciones empresariales del país criticaron con dureza el decreto presidencial.

La Unión Industrial Argentina (UIA), expresó su "preocupación" y pidió a la Casa Rosada que "revea la medida adoptada".
En tanto, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), publicó un comunicado en el que afirmó que "para avanzar en el camino de un vigoroso desarrollo económico y social, es fundamental preservar la conducción empresaria de las empresas privadas, evitando por lo tanto el avance de la participación estatal en dicho ámbito que promueve el Decreto".
Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural Argentina –enfrentada con el gobierno- consideró la medida "un avance sobre la propiedad privada".
Por su parte, legisladores de la oposición y constitucionalistas cuestionaron que la iniciativa se hiciera efectiva por vía de un decreto "de necesidad y urgencia" y no por medio del Congreso.
El ministro de Economía, Amado Boudou, señaló que se optó por hacerlo por decreto para que la normativa estuviera cambiada antes de que se realicen la mayoría de las asambleas anuales de las compañías involucradas, previstas para los próximos días.

Poder limitado

¿Pero cual será el poder real del Estado en estas empresas, a partir de la nueva modificación?
El economista Nicolás Bridger, de la asesora financiera Prefinex, dijo a BBC Mundo que en las próximas asambleas de accionistas el Estado tendrá derecho a nombrar a un número de directores, que sea proporcional a la cantidad de acciones que posee.
Así, el gobierno (a través de la Anses) podría decidir el cuarto –y hasta el tercio- de la composición del directorio en algunas empresas.
No obstante, Bridger aclaró que la participación accionaria del Estado no lo habilitará a imponer decisiones por sí sólo.
"El planteo del gobierno no es incorrecto, porque tiene un derecho equivalente a la cantidad de acciones que posee. El problema es que este gobierno ha mostrado mucha arbitrariedad y no está claro el objetivo de los directores que quieren imponer", afirmó.
Según algunos medios, la presidenta estaría pensando en nombrar a jóvenes militantes de la agrupación peronista La Cámpora (creada por su hijo, Máximo Kirchner), para ocupar los nuevos cargos.

¿El enemigo interno?

Una curiosidad de la nueva disposición es que coloca al Estado como accionista de algunas de las empresas más enemistadas con el gobierno.
Tal es el caso del Grupo Clarín, donde la Anses pasará a controlar el 9% del paquete accionario.
Pero quizás más llamativa sea la situación de la acería Siderar, del grupo ítalo-argentino, asociado a la firma italiana Tenaris. A partir de ahora, el Estado será dueño del 25,97% de la empresa, con la que ha tenido roces.
Para Bridger, es "exagerado" pensar que la participación estatal supone un riesgo para esas y las otras compañías involucradas, aunque considera que sí puede impactar en sus decisiones.
"El director de la Anses ya declaró que pretende obtener más dividendos para su fondo de pensiones, y eso significaría que la empresa tendría menos flujos para invertir", observó.
El experto admitió que la medida del gobierno abre un cierto nivel de incertidumbre respecto al futuro, en un año dominado por la agenda electoral.
Los comicios generales son en octubre.

BBC Mundo