El gobierno venezolano está planteando la posibilidad de controlar las ganancias que los empresarios e industriales obtienen sobre una variedad de productos.
La medida tiene por objeto combatir la especulación, a la que las autoridades achacan varios de los males que mantienen al país entre los más inflacionarios del planeta y entre los pocos de la región con crecimiento negativo.Lea: Venezuela fue el único país petrolero que no creció en 2010
En la presentación de su memoria y cuenta, el presidente Hugo Chávez mencionó la posibilidad de redactar una ley, en el marco de sus poderes habilitantes, para crear una superintendencia que estudiará la estructura de costos de los productos y, sobre esta base, establecerá márgenes de ganancia fijos para los diferentes rubros.
Desde entonces, economistas críticos y portavoces del sector empresarial han cuestionado la efectividad del mecanismo. Algunos alegan que busca "arrasar" el aparato productivo nacional.
Pero también señalan que no se trata de nada nuevo: en los años ochenta existió una Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios (Conacopresa), que - por razones que cada bando interpreta a través de su propio cristal político - fracasó en su intento por ponerle coto a los precios y terminó por desaparecer.
Regulación y eficiencia
Por ahora se ignora qué productos serían supervisados por una eventual Superintendencia de Precios y Costos. Algunos especialistas han indicado que eso implicaría el estudio y control de más de 15.000 ítems disponibles en el mercado local.Un documento de trabajo dado a conocer esta semana por un diario de circulación nacional señala que sólo actuaría sobre cinco áreas, las de mayor impacto inflacionario: alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, alquileres y precios de vivienda, restaurantes y hoteles.
El esquema habría sido diseñado por el ahora ex ministro de Comercio, Eduardo Samán. "Era sencillo: se limitaría la ganancia y no el precio del producto, porque este tendría que estar justificado y apegado a una estructura de costo sometida a constante fiscalización", explicó Samán, citado por el diario.
Hasta ahora se ha hablado de márgenes de ganancia de hasta el 20%. Pero algunos costos, como publicidad y propaganda, no serían considerados como parte legítima de la estructura, de acuerdo con palabras de Samán.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo Elías Jaua le manifestó a otro periódico local que la superintendencia "no será un organismo represivo". "Su objetivo es eliminar la especulación. No puede ser que lo que venden cueste cuatro veces lo que les costó", dijo.
Nelson Maldonado, ex presidente del gremio de los comerciantes, Consecomercio, y directivo de la patronal Fedecámaras, le dijo a BBC Mundo que, sean pocos o muchos los rubros incluidos, "el propósito es la destrucción de la economía del país", con el objeto de despejar el terreno para un proyecto político específico.
"A ver si la ganancia la puede determinar alguien. Eso hace que la gente compita menos. Si te obliga a que las ganancias sean iguales, a que tengan un límite, los gerentes no van a pensar en cómo ser más eficientes, en cómo producir más con los mismos recursos", señaló.
Maldonado no niega que los empresarios "no son santos, tenemos que someternos a las leyes", pero considera que el control debe ejercerse de otra manera.
"Lo que el gobierno tiene es un arma muy fuerte, una manera de compensación y redistribución de riqueza que es el impuesto. Si ganas mucho, te aplican más impuestos. Es el arma inteligente; no limitar la ganancia", señaló.
Distorsiones
Para Simón Escalona, ex vicepresidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y militante del gobiernista Partido Socialista Unido de Venezuela, el planteamiento de Maldonado no es suficiente."La especulación hay que detenerla. Si hay inflación, debe ser por sus causas naturales, por oferta y por demanda. Pero eso no es lo que ocurre en Venezuela. Créame, aquí lo que hay es un alto componente especulativo, que no es de origen económico sino político", le dijo a BBC Mundo.
Escalona es de la tesis de que los empresarios utilizan la renta como una forma de sabotear políticas económicas del gobierno y eso "necesita tener una aplicación de corrección".
Agregó que la diferencia entre una Superintendencia de Costos y Precios y la extinta Conacopresa estaría en la existencia de "políticas orientadas a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas". En su opinión, Conacopresa fracasó por la existencia de intereses mezquinos y la falta de un marco económico saneado, lo que no se repitiría en esta oportunidad.
"Esperemos que el equipo económico y financiero que integre la superintendencia saquen la propuesta, para que todo se normalice, para que se corrija. Aquí en Venezuela la revolución no es contemplativa, tiene que hacer los cambios en lugar de interpretar la realidad. Todo hay que corregirlo", afirmó.
BBC Mundo
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