ataque de DDoS que sufrieron a lo largo del pasado miércoles las web del Ministerio de Cultura y de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) no es delito, pero podría conllevar sanciones económicas para los responsables del colapso en caso de que los afectados recurran a la vía civil.
Según explicó el abogado especializado en nuevas tecnologías David Bravo en declaraciones a Portaltic, la duda que podría surgir ante este ataque es "si se trata de un ilícito civil", lo que permitiría tanto a SGAE como a Cultura iniciar una acción judicial "por los daños causados". En caso de que el juez admitiera a trámite la demanda y encontrara culpables a los responsables del ataque, habría que establecer una "tasación indemnizatoria" que se basaría en los perjucios causados a la SGAE y Cultura por los gastos "extras" que conllevaría solucionar el bloqueo.
No obstante, en este apartado Bravo resalta que los demandantes se encontrarían con "un problema práctico": la identificación de los atacantes. En cualquier caso, insiste en que este proceso de reconocimiento no sería responsabilidad de la justicia, sino de "los propios atacados".
Respecto a las penas de cárcel, el abogado descarta esta posibilidad puesto que "todavía" no están contempladas penas por estas acciones en el código penal, si bien recuerda que la reforma que entrará en vigor a partir del próximo 23 de diciembre sí lo hará. "En la actualidad, el código penal exige que el ataque produzca un deterioro en los datos de la web dañada, algo que no ha ocurrido en este caso. Sin embargo, en la reforma del código penal la paralización temporal de cualquier espacio sí supondrá un delito", señaló.
Una vez puestos en marcha los cambios en el código, las penas de cárcel oscilarían entre seis meses y dos años. Más de 17 horas después del ataque (10:00 horas del jueves 7 de octubre), las webs del Ministerio de Cultura y de la SGAE seguían incaccesibles para los internautas.
No obstante, en este apartado Bravo resalta que los demandantes se encontrarían con "un problema práctico": la identificación de los atacantes. En cualquier caso, insiste en que este proceso de reconocimiento no sería responsabilidad de la justicia, sino de "los propios atacados".
Respecto a las penas de cárcel, el abogado descarta esta posibilidad puesto que "todavía" no están contempladas penas por estas acciones en el código penal, si bien recuerda que la reforma que entrará en vigor a partir del próximo 23 de diciembre sí lo hará. "En la actualidad, el código penal exige que el ataque produzca un deterioro en los datos de la web dañada, algo que no ha ocurrido en este caso. Sin embargo, en la reforma del código penal la paralización temporal de cualquier espacio sí supondrá un delito", señaló.
Una vez puestos en marcha los cambios en el código, las penas de cárcel oscilarían entre seis meses y dos años. Más de 17 horas después del ataque (10:00 horas del jueves 7 de octubre), las webs del Ministerio de Cultura y de la SGAE seguían incaccesibles para los internautas.
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