Telefónica crea su propia SGAE

Telefónica España ha creado su propia SGAE, la Editorial Musical de Movistar para, según la empresa "potenciar repertorios nacionales e internacionales, promover el talento y difundir las obras de sus autores utilizando las herramientas musicales propias de la compañía".
Telefónica ya ha llegado a un acuerdo con la compañía Na na ná, propiedad de Miguel Bosé, un acuerdo de coedición y gestión de talento para generar repertorio y trabajar en su desarrollo, así como para encargarse de toda la gestión administrativa de la editora de Telefónica a través de Peer Music.

'Público' implica a Ramoncín en el escándalo de la SGAE

  Dura doble página la del periódico de Roures contra Ramoncín, en la que se detalla su relación con dos de las entidades implicadas en el escándalo de la SGAE: SDAE y Arteria, a cuyos consejos de administración el cantante habría pertenecido hasta 2009, dos años después de haber abandonado, tal y como pregona a los cuatro vientos la Junta Directiva de la propia SGAE.
Según señala Público, se da la circunstancia de que Ramoncín era, junto con el propio Teddy Bautista y de su mano derecha, Pablo Hernández, el único miembro que formaba parte de los órganos de dirección de ambas compañías. Además, como miembro de estos consejos de administración Ramoncín firmó las cuentas de ambas firmas, entre ellas las del 2009, las últimas entregadas en el Registro Mercantil.
Así que el periódico no se cree que Ramoncín no se enterase de nada lo que pasó en la asociación: "Tuvo que ver languidecer a SDAE y Arteria, consumidas por las pérdidas (...). Debió ver las constantes inyecciones de capital desde SGAE para equilibrar las compañías que él representaba (SDAE y Arteria) (...)".
"Debió notar – prosigue el reportaje – que SDAE pasaba de contratar por menos de un millón de euros hasta el año 2007, a triplicar esa cantidad, gastando alrededor de tres millones al año siguiente y otro tanto en 2009, que iban a parar mayoritariamente a Microgénesis, sociedad controlada por el entorno de Neri".
El propio Ramoncín se explica: "Cada vez que se producía un debate [sobre las cuentas], como no estaba en el ajo firmaba", porque "si el resto de la gente lo tenía clarísimo, yo pensaba que no podía saber más que esos señores", aunque el cantante reconoce que algunos consejeros "se abstenían y no firmaban", eso sí: "No porque pensasen que había algo turbio, sino porque consideraban que era mucho gasto".

Libertad Digital

Un exinspector de la SGAE: "Es verdad, roban"

  El pianista malagueño José Antonio Prieto, socio y antiguo inspector de la Sociedad General de Autores y Editores, dice conocer muy bien la casa. Se afilió en 1973, el mismo año que Teddy Bautista, contra quien tiene interpuesta una demanda por apropiación indebida.
Entre 1990 y 1995, incluso recaudó dinero para la sociedad, hasta que vio lo que hacían, "cómo robaban a la gente", empezando –siempre según su testimonio- por él mismo. Según asegura ha sido testigo de casos realmente flagrantes. Después de un concierto de UB40 en Málaga, en el que se cobraron 3 millones de pesetas en derechos de autor, se tiraron a la basura las hojas de cobro originales, sin las cuales no se puede pagar a ningún artista. Su conclusión: ese dinero no iba a llegar a los autores, iba a otro sitio.
En declaraciones al diario El Mundo, Prieto desvela –además- uno de los trucos de la SGAE para hacer desaparecer el dinero de los autores. Incitaban a los locales de conciertos a que hicieran contratos mixtos (como si pusieran una parte de la música grabada y la otra se tocara en directo). El motivo: que la música "tocada" la cobra el autor, mientras que la grabada va a un fondo que nadie sabe a qué se destina.
Entre 1997 y 1999, Prieto presentó una querella contra la SGAE por fraude generalizado y también una demanda civil por apropiación indebida, ya que le debía un millón de euros de actuaciones que no había cobrado. Algo curioso es que, en 2004, durante uno de los procesos judiciales, el juez tuvo que requerir documentos sobre los pagos al artista malagueño, porque la sociedad le había enviado papeles corregidos con Típex, fotocopias en lugar de originales (para que no aparecieran ciertos números), etc.
En definitiva, para Prieto, en la SGAE lo que ha hay es mucho descontrol y un "golferío" que lleva denunciando años, incluso ante los tribunales.

Libertad Digital

La SGAE prestó 2,5 millones a la filial investigada como epicentro del delito para asegurar su continuidad

Todas las miradas están puestas en la Sociedad Digital de Autores y Editores, la filial de la SGAE que el juez señala como entidad a través de la cual se desviaban fondos del organismo de gestión de derechos en la investigación que está abierta contra estas compañías.
Esta sociedad, constituida en 1999 para gestionar los derechos de autor en internet y explorar las nuevas tecnologías, tiene un historial de problemas financieros continuados, según los informes anuales depositados en el Registro Mercantil. En 2009, por ejemplo, tuvo pérdidas de casi 100.000 euros y el ejercicio anterior habían sido de más de 300.000 euros.
Estos números rojos provocaron que los fondos propios de la SDAE se redujeran a cierre de 2009 por debajo de los dos tercios del capital social, una situación contemplada en la ley mercantil y que exige tomar medidas para asegurar la continuidad de una compañía.
Y lo que hizo la SDAE fue apelar a su matriz, la SGAE, dueña del 100% del capital. Así, un día antes del cierre del ejercicio de 2009 "y con el objetivo de restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad", dice el informe anual, la matriz le concedió "un préstamo participativo por importe de 2,53 millones de euros". Esta inyección permitió a la SDAE mantenerse como empresa en funcionamiento.
La filial dedicada al mundo digital obtuvo dos años de carencia para repagar el principal de este préstamo, así que no debía comenzar a abonarlo hasta el 1 de enero de 2012. Pero ese momento no llegará, ya que la SGAE ha decidido cerrar su participada con fecha 30 de junio de este año, según asegura el diario El País. Esta disolución todavía no figura en el Registro Mercantil.
A pesar de sus pérdidas y de la necesidad de recurrir a su matriz para financiarse, la SDAE asegura en su informe de gestión de 2009 que su evolución durante ese año "fue satisfactoria y que se ajustó "a los planes y presupuestos que fueron definidos previamente, habiéndose alcanzado razonablemente los objetivos marcados", afirma.
La SDAE había sido reacia a depositar sus cuentas anuales en el registro, pero entre mayo y junio de este año registró de un golpe las de los últimos tres años.

Cinco Dias

¿Por qué la gente odia a la SGAE? Historial de abusos

  Cada año, la SGAE repite como una de las instituciones más odiadas de España, malestar que se evidencia especialmente en la red, campo de batalla entre los internautas y la entidad. Sus responsables y portavoces se han afanado en explicar que esta mala imagen era debida al "desconocimiento" y, por supuesto, responsabilidad de la prensa que "mancha" su imagen con una "oleada de mentiras y estupideces que se escriben". Teddy Bautista ha llegado a achacar las críticas al "bajo nivel cultural de los españoles".
Pero lo cierto es que la SGAE ha acumulado más de uno y más de cien motivos para granjearse el desafecto y la desaprobación de la mayoría de los españoles. Su historial de abusos es largo:
A lo largo de su trayectoria, la entidad dirigida de Teddy Bautista ha saltado a la actualidad por no poner freno a su voracidad recaudadora, cobrando incluso en conciertos benéficos. La última tropelía en conocerse ha sido la perpetrada contra un concierto por las víctimas del terremoto de Lorca, al que cobró mil euros, costumbre que la SGAE arrastra desde hace años. También lo ha hecho con conciertos benéficos en TV3, con festivales de teatro de colegios, e, incluso con un concierto dado para salvar la vida de un niño con síndrome de Alexander. Éste último fue un caso especialmente sangrante, porque incluso los propios artistas del concierto exigieron a la entidad que renunciaban a cobrar por el concierto.
Pero la SGAE no cedía, por muy noble que fuera el fin. En algunas ocasiones, como en una verbena celebrada para recaudar fondos por Haití, la presión social le hizo dar marcha atrás y devolver el dinero; pero siempre han encontrado una nueva víctima a la que hacerle desembolsar cantidades muy cuestionables. Incluso, aunque se haya demostrado que la SGAE no era propietaria de los derechos por los que estaba cobrando. Ni la tuna se libra de su terremoto recaudador, y no es un decir. Tampoco las obras benéficas de la Iglesia. Incluso, el "tarareo" es motivo más que suficiente para que te señale el dedo recaudador, como le pasó a Izquierda Unida. La muerte o el cierre del negocio no han sido obstáculo para que un inspector de la SGAE se presentase exigiendo pagos.
Otro de los capítulos de escándalos que más han deteriorado la imagen de la entidad ha sido sus ‘asaltos’ a particulares reclamándoles pagos. Sus responsables cobran a las residencias de ancianos por tener la televisión encendida, a las peluquerías por escuchar la radio, a las carnicerías y tiendas de ropa. Histórica ha sido la batalla de Padawan, la tienda a la que la SGAE le obligó a pagar el gravamen por el canon digital.
Pero, sin lugar a dudas, lo más vergonzoso ha sido su actitud casi gangsteril en las bodas. Inspectores disfrazados de invitados se colaron en estas celebraciones privadas, para descubrir si se bailaba al ritmo de las canciones protegidas, y grabaron la celebración en vídeo, ilegalmente. Otras veces, en lugar de emplear a un detective, empleaban a un familiar de uno de los novios, para que grabara la ceremonia y después poder pasarle la factura.
También ha mostrado un gran desprecio a las leyes al registrar domicilios privados sin orden judicial. Haciéndose pasar por personas del "juzgado" cinco inspectores se personaron en el domicilio de un particular, y registraron su casa sin ningún tipo de autorización, buscando material ilegal.
Pero es que, recaudar un millón al día es una ardua tarea. Y eso que 2010 fue un "mal año", según Bautista.

Libertad Digital

En Twitter: «Es gratificante verle cantando y que tenga que pagar»

La red social Twitter está que arde tras el anuncio del registro de la SGAE por su supuesta desviación de fondos. Las bromas y chistes tienen un único objetivo: el presidente de la entidad, Teddy Bautista, quien es probable que tenga que declarar ante el juez en las próximas horas. Su nombre ya es «trending topic» mundial.

Muchos de los usuarios hacen hincapié en la persecución que ha ejercido la SGAE en los últimos años sobre los derechos de autor. Así, el usuario @Khrissbliss asegura «Si al final va a ser que era Teddy Bautista el que robaba y no los internautas...vueltas que da la vida». El «tweet» de @kurioso también contiene trazas de venganza «No hay paradoja más gratificante que ver a Teddy Bautista cantando ante las autoridades y que tenga que pagar por ello». La lista de alusiones a la «falsa moralidad» de Bautista son infinitas. @TuristaEnTuPelo asegura lo siguiente: «Han detenido a Teddy Bautista por un delito de estafa y malversación de fondos. ¿Y este se permite juzgarnos moralmente e insultarnos?».

También hay citas sobre el polémico cobro de derechos de la SGAE. «Lo malo de detener a Teddy Bautista es que te cobra si le lees sus derechos», afirma David Gistau. Por otro lado, @atooca asegura: Espero que a Teddy Bautista le borren el copyright en la cárcel, y bien borrado además...».

Pero, Twitter no es el único lugar de la Red que se ha hecho eco de forma inmediata de los sucedido. La Wikipedia, alrededor de unos 30 minutos después de conocerse la noticia, ha añadido un párrafo sobre la detención a la biografía del músico que comienza así: «El 1 de julio de 2011 fue puesto a disposición judicial por apropiación indebida y desvío de fondos...».

Registro en la SGAE

La Guardia Civil ha registrado desde primera hora de la mañana registrando la sede central de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en la calle Fernando VI de Madrid en busca de documentación incriminatoria.

Los agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) investigan un delito de malversación de fondos y apropiación indebida, cometido presuntamente por la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), dependiente de la primera.

Se sospecha que desde esta sociedad se desviaba dinero público para cometidos distintos a los que estaban destinados e, incluso, que algunos responsables se apropiaban presuntamente de ese dinero.

ABC 

La SGAE, denunciada por la Fiscalía Anticorrupción por supuesto desvío de fondos

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional una denuncia dirigida contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por un supuesto desvío de fondos en sus actividades, según informaron fuentes jurídicas.
El escrito del Ministerio Público, que fue presentado hace unas semanas ante el Decanato de la Audiencia Nacional, responde a unas diligencias previas abiertas por este departamento a raíz de una denuncia que presentaron en noviembre de 2007 la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE).

La denuncia se basaba en la aparición en varios medios de comunicación de varias "supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE".
Los internautas denunciaban que los directivos de la entidad habían formado una trama societaria de empresas filiales en torno a la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) en las que las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se invertían en actividades lucrativas para las mismas.
Según estas asociaciones, la entidad denunciada incumplía, de esta forma, "el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, que no son de sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley".
A su juicio, estas actividades podrían ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones que serían achacables a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo la "malversación" de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, como "principal fiscalizador de este tipo de asociaciones".

20minutos

La SGAE pretende plantar cara a Wikipedia e IMDB con un diccionario de cine en papel

  En un encuentro con la prensa, los directores de la publicación en España, Carlos F. Heredero y Eduardo Rodríguez Merchán, han destacado el espíritu divulgativo de la obra, que conforma una "radiografía poliédrica" del conjunto de la historia del cine en 22 países, desde España a Puerto Rico, pasando por Brasil, Portugal, Argentina o México. 
"Con Wikipedia compite en autoridad. En Wikipedia, puedo poner yo mañana que hice dos películas y casi gané un Oscar. El diccionario y etta web son dos herramientas totalmente distintas, lo nuestro está hecho desde una perspectiva académica", asegura Eduardo Rodríguez Merchán, interrumpido por Carlos F. Heredero, que subraya los "enormes agujeros" que aún hay en internet y en sus enciclopedias más populares.
"Hay que tener en cuenta que en Wikipedia puede escribir cualquiera y está llena de errores, de cosas absolutamente inenarrables. Es una herramienta útil y que hay que saber filtrar. IMDB también tiene agujeros como los agujeros de las galaxias. Es algo que yo utilizo, pero que se debe filtrar", explica Heredero, director a la sazón de Cahiers du Cinéma España.
De Buñuel a Almodóvar
La obra, que nace bajo el paraguas de la SGAE y tras diez años de investigación y documentación, recopila, de la A a la Z, la historia de los forjadores del cine en España, Portugal y el resto de Iberoamérica. De Almodóvar a Buñuel, de Carlos Rinaldi a Lola Branch o de García Berlanga a Fernando Trueba, formando un mapa temático para todos aquellos aficionados, periodistas e historiadores cansados de bucear en la incertidumbre, asegura Europa Press.
Apoyada en más de 400 especialistas en la materia, la obra enciclopédica está compuesta por unas 16.000 entradas, que se reparten en ocho tomos de voces biográficas y temáticas y otros dos tomos dedicados a películas españolas, portuguesas y americanas, registrando, de esta forma, la historia del cine iberoamericano hasta enero de 2008. Los primeros ocho tomos se venderán conjuntamente a 725 euros y los dos dedicados a las películas 225 euros.
"Los actores, lógicamente, son quienes tienen más entradas, aunque en conjunto hay más estudios sobre directores, guionistas y músicos. En desarrollo, priman los directores. En número, los actores. Luego hay una voz dedicada a cada país y cada autonomía. Es difícil que haya algo del cine de estos países que no se encuentre en la obra. Incluso hay voces de creadores de terceros países, por ejemplo de Orson Welles y toda su relación con España, o de una estrella estadounidense que hizo cine en Argentina", ha precisado Heredero.
Harán una "web 3.0" en un par de años
Según el editor de la publicación, Emilio Casares Rodicio, la versión digital del diccionario estará disponible en "un par de años". "Será a través de una 'web 3.0 semántica', se está investigando en ello. Nosotros vamos a lanzar una web 'inteligente'. Cuando buscas sobre Mozart en una enciclopedia digital, te salen 8.000 resultados, la información te apabulla. Nosotros intentaremos que, cuando busques sobre Falla, el diccionario te pregunte qué quieres sobre él, bibliografía, historiografía", subraya.
"Será una edición creativa", añade, "que se va a estar arreglando. El espíritu de esto es que sea tan barato que nadie tenga tentaciones de piratearlo. Se da el diccionario por 30 euros al año, junto a los diccionarios de la Música y de la Zarzuela. Serán 30 euros, lo que te cuestan dos vermús con sus aceitunas. No se pretende hacer negocio, se pretende hacer cultura". Cabe preguntarse dónde se toma Casares sus vermús. Y como pretende competir con las gratuitas IMDB y Wikipedia cobrando 1.000 euros por la edición en papel y 30 al año en un internet repleto de información gratuita.

Libertad Digital

Las SGAE tendrán que devolver a Nokia y Dell el dinero del canon

  La decisión de los juzgados de lo mercantil número seis y siete de Madrid supone una nueva derrota de las entidades de gestión de derechos en la batalla por recaudar el canon. Anteriormente, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo había confirmado que las empresas privadas no tenían que pagar las tasas relacionadas con esta medida compensatoria. El precedente más cercano sobre el asunto se produjo la semana pasada cuando la Audiencia Nacional anuló la normativa por un defecto de forma.
Nokia y Dell han sido dos de las compañías que han mantenido batallas legales con las entidades de gestión. Las dos empresas consideran que se trata de un impuesto que no debería afectar a las compañías privadas ya que sus equipos y soportes no están destinados a copias de material de autor.
En este sentido, la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), la asociación Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE) y de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) presentaron una demanda contra Nokia por el impago del canon  el 12 de marzo de 2009. Estas entidades reclamaban a la finlandesa el pago de 5.132.237 euros. En una vista posterior la cantidad se rebajó a los 4.516.007 euros.
Nokia, en espera de la resolución judicial, había ido ingresando  el importe del canon pero sin hacerlo accesible a las compañías de derechos, como medida preventiva. Ahora, el fallo del juzgado número seis de Madrid exime a Nokia de tener que pagar el canon, informa Europa Press.
En la sentencia del tribunal se explica que el canon "es contrario al principio de jerarquía normativa, contraria al Derecho comunitario y nacional". El juez encargado del caso de Nokia ha tenido en cuenta la sentencia de Luxemburgo y la cancelación del canon efectuada por la Audiencia Nacional. Además de eximir a Nokia del pago, la sentencia abre la puerta a que las empresas privadas puedan solicitar la devolución de las tasas en concepto de canon.
Dell también gana en los tribunales
El caso de Dell ha sido similar al de Nokia. En este caso, el juzgado de lo mercantil número siete de Madrid ha fallado a favor de la compañía en una demanda interpuesta por las entidades de gestión de derechos Cedro y Vegap. En este caso del fabricante de ordenadores, se había negado a pagar el canon sobre equipos de impresión para uso propio.
Cedro y Vegap reclamaban a Dell 661.519,11 euros en concepto de canon sobre impresoras que utilizaba para sus actividades. La compañía declaró en el proceso que ya "ha pagado mucho más de lo que debería pues entiende que no tiene que declarar ni liquidar por todos los equipos sino sólo por los vendidos a particulares".
En este caso, el juez encargado del caso también se ha amparado en las directrices europeas para dar la razón a Dell. La demanda de Cedro y Vegap ha sido denegada y ambas compañías tendrán que hacer frente a las costas del proceso. El juez ha dejado abierta la posibilidad de que Cedro y Vegap presenten apelaciones ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Libertad Digital

La SGAE se querella contra los internautas por "calumnias"

La guerra abierta que desde hace tiempo mantienen los internautas y las entidades de gestión de derechos de autor, encabezadas por la SGAE, tras la aprobación del denominado canon digital sube un poco más de tono y llega a los juzgados.
Destacados miembros de la plataforma Todoscontraelcanon han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a dichas entidades de gestión por "posibles delitos de Fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos privados y públicos y apropiación indebida". Entre otros aspectos, acusan a estas organizaciones de violar la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) por apropiarse indebidamente de cerca de 50 millones de euros provenientes del canon digital de 2008 y 2009 que deberían haber sido abonados a los autores o bien devueltos, en base a diversos informes de cuentas y documentos públicos.
La reacción de la SGAE ante tales acusaciones no se ha hecho esperar. La organización que preside Teddy Bautista, junto al resto de entidades denunciadas, acaba de anunciar que interpondrán una querella criminal contra los denunciantes por calumnias.
A continuación, la nota difundida por la SGAE:

Ante el anuncio público de una denuncia presentada por la plataforma todoscontraelcanon.com, ante la Fiscalía Anticorrupción, contra las Entidades de Gestión colectiva, queremos manifestar lo siguiente:
 1. La denuncia formulada es enteramente falsa y calumniosa, sustentada en datos tendenciosa y erróneamente interpretados, y atribuye gravísimos delitos que afectan a la honorabilidad de los responsables de las Entidades de Gestión.
 2. Las entidades interpondrán una querella criminal por calumnias contra los firmantes del escrito.
3. Las Entidades de Gestión solicitamos al Fiscal Anticorrupción la más rápida tramitación de la denuncia formulada, su archivo inmediato y la deducción de testimonio de dicha denuncia al Juzgado de Guardia competente por la comisión de un presunto delito de denuncia falsa.
4. Las Entidades de Gestión queremos expresar que nuestra actuación se ajusta escrupulosamente al marco legal que la regula, en particular en el relativo a todos sus sistemas de reparto, avalados en 2008 y 2010 por los informes de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

Libertad Digital

Denuncian a la SGAE por fraude y apropiación indebida

Miguel Pérez Subías, en representación de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Víctor Domingo, en representación de la Asociación de Internautas (AI), y Ana María Méndez, en representación de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit), miembros de la plataforma Todoscontraelcanon, denuncian este martes ante la Fiscalía Anticorrupción a las entidades de gestión de derechos de autor (incluida la SGAE) por los "posibles delitos de Fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos privados y públicos y apropiación indebida".
En concreto, los denunciantes acusan a los Consejos de Administración o Juntas de Gobierno de las diversas entidades de gestión de apropiarse indebidamente de cerca de 50 millones de euros provenientes del canon digital que deberían haber sido abonados a los autores o bien devueltos, según la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).
Y es que, las entidades tan sólo se pueden deducir de la recaudación por copia privada (canon digital) un 20% (10% para obra social, 10% para fomento de la cultura), aparte de los costes de administración o gestión de cobro, mientras que el resto debería ser repartido entre los autores. Sin embargo, según la documentación aportada a la Fiscalía, las entidades repartieron en 2008 y 2009 un porcentaje muy inferior al debido.
En concreto, las entidades retuvieron un 37,5% de lo recaudado por copia privada en 2009 y un 14,07% en 2008. Es decir, unos 50 millones de euros en dos años que, según los denunciantes, supone una "capitalización extra que debería haber sido dedicada al fin por que fue recaudada y si no lo ha sido, retornada.
Según la denuncia, "se ha vulnerado el Real Decreto 1434/1992 (art. 39) al no repartir a autores, productores y ejecutantes y apropiarse, (sin devolverlo a quien lo abonó originariamente) lo que la ley establece por importe total de MÁS DE CINCUENTA MILLONES DE EUROS, MÁS DE OCHO MIL MILLONES DE LAS ANTIGUAS PESETAS, sólo en estos dos años; se ha incurrido en falsedad documental ya que las cuentas presentadas a los asociados y a la administración no coinciden; posible Fraude a la Hacienda Pública al declarar ante la administración pública una cantidad inferior para así obtener una mayor subvención; posible fraude a los asociados, autores, productores y artistas, al no coincidir lo declarado con lo cobrado".

Libertad Digital

La SGAE promete no demandar a los internautas que descarguen música

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tendrá un código de buenas prácticas, nombrará un defensor del cliente y no realizará acción alguna de carácter penal contra usuarios individuales o personas físicas en el ámbito digital. "Únicamente se actuará contra estructuras empresariales organizadas y donde el nivel de infracción resulte masivo".
Estos son algunos de los puntos de su programa diseñado para 2011, según ha anunciado este lunes el presidente del Consejo de Dirección de la entidad de gestión, Eduardo Bautista en el desayuno informativo del Foro de la Nueva Cultura. Asimismo, Bautista advierte que la entidad está en un "proceso de cambio total".
Bautista ha explicado que el citado código de buenas prácticas estará en línea con las principales recomendaciones de la Comisión Nacional de Competencia en lo que se refiere a las relaciones con los empresarios que usan su repertorio.
Por otra parte, propondrá a la Administración del Estado una reforma de las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual para reforzar su papel de intermediario y regulador de conflictos con la intención de que se produzca una reducción importante "en la litigiosidad que todavía existe".
Junto a estos asuntos, la SGAE solicitará y propondrá que la Administración Pública, a través de agencia especializada AEVAL, continúe en el examen de la eficacia de sus órganos administrativos y mantenga la línea de auditorías de su gestión del año. Esta auditoria se añadirá a la que ya se realiza por auditores independientes anualmente y a la que anualmente realiza AENOR.
En ese decálogo de intenciones, la SGAE pretende intensificar la información (o transparencia) de sus sistemas de reparto con una explicación detallada de las reglas que se aplican para garantizar que el dinero que se cobra por el uso de las obras llegue a sus dueños, los autores.
Junto al resto de entidades de gestión colectiva propondrá constituir "una entidad única que aligere los trámites y trabaje de común acuerdo en los términos de las modificaciones que se lleven a cabo para adaptarnos al nuevo marco legislativo que resulte de la aplicación de la sentencia del año pasado", apunta Bautista.

Libertad Digital

La SGAE cobrará 45.000 euros por una gala benéfica en TV3

Según informa La Vanguardia, la entidad cobrará 45.000 euros por derechos de las actuaciones en la gala benéfica La Marató y por los discos que edita la cadena para recaudar fondos para este mismo fin.
El diario afirma que los artistas no cobraron ni para la elaboración de los discos ni por las actuaciones de la gala. La entidad, sin embargo, no va a renunciar a los pagos por derechos. Tampoco lo harán otras entidades que también gestionan estos cobros.
Fuentes de la cadena citadas por el diario indican que "no tienen en cuenta que se trata de un acto benéfico" y no ha habido, pues, un "trato de favor". Desde la SGAE alegan que han cobrado por todos los discos "que ha sacado La Marató".

Libertad Digital

Competencia expedienta a la SGAE por tarifas abusivas en las bodas

Competencia está investigando a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por cobrar posibles tarifas abusivas en las bodas. Según ha anunciado el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer, en el Congreso de los Diputados, el organismo que dirige ha incoado un expediente sancionador contra la SGAE por supuesto abuso de posición dominante a la hora de fijar el precio de los derechos de autor en en los tradicionales bailes que acompañan a este tipo de celebraciones.
La SGAE asegura que no existe razón alguna para la apertura de este expediente sancionador y se han mostrado convencidos de que la CNC acabará archivando el expediente porque ya hubo un precedente sobre el mismo tema en 2005. El Caserón denunció a la Sociedad de Autores por las tarifas de la música en las bodas ante el Servicio de Defensa de la Competencia, que archivó el caso. El Caserón recurrió y ese expediente también "terminó en resolución de 27 de octubre de 2006 dictada por el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia, que confirmó el archivo definitivo, concluyendo que las tarifas eran "legales", tenían un carácter "razonable y equitativo" y había sido pactada entre la entidad de gestión y la asociacion empresarial a la que pertenecía El Caserón".
El proceso actual responde a la denuncia efectuada el pasado 25 de enero de 2010 por tres restaurantes contra la asociación por este motivo, tras lo que la Dirección de Investigación de la CNC ha acordado con fecha del 29 de noviembre la apertura de un expediente por posibles prácticas restrictivas de la competencia.
En concreto, señala que están prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea la aplicación de tarifas abusivas en relación a la autorización de la comunicación pública de obras musicales en bailes celebrados con motivo de bodas, bautizos y comuniones en los que el acceso del personal se realice a través de invitación personal.
La incoación del expediente contra la SGAE, que en 2008 fue multada por haber grabado una boda sin permiso para demostrar que el establecimiento no pagaba derechos de autor, no prejuzga el resultado final de la investigación, ya que ahora sea abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.


El Pais

La SGAE acudirá al mayor foro de cultura libre

Barcelona acogerá del 29 al 31 de octubre la segunda edición del FCForum, el mayor evento celebrado en España sobre cultura libre, y que este año abordará los nuevos modelos de negocio que puede originar internet.
Organizado por el colectivo eXgae, el FCForum contará con la presencia de la SGAE. Un abogado de esta asociación acudirá a la reunión como observador, es decir, podrá "aportar propuestas si no es para polarizar el debate", según la organización. "El FCForum está abierto a todo el mundo que esté interesado en encarar seriamente cómo modificar la actual situación. No tenemos prejuicios, ni cerramos la puerta a nadie", declara Simona Levi, miembro de eXgae. La presencia de la SGAE en el debate resulta especialmente llamativa al haber anunciado en septiembre una demanda contra eXgae por competencia desleal y conducta ilícita.
Esta edición del FCForum tendrá como fin crear un manual en el que se defina, según sus organizadores, "cómo la cultura libre puede ser sostenible antes de que se cierre el debate y la legislación sólo refleje el interés de los gobiernos, las industrias y los lobbies". Uno de los pilares de este FCForum será el activista David Bollier, que basa su trabajo en cómo "las tecnologías digitales están cambiando la cultura democrática, luchando contra los excesos de las leyes de propiedad intelectual".
Entre los más de 50 participantes destacan Peter Sunde, creador del buscador de descargas The Pirate Bay, o Jeremie Zimmermann, portavoz de la organización activista Quadrature du Net. A ellos se suma la Fundación Fronteras Electrónicas, una de las mayores organizaciones que defienden la privacidad en internet.
Algunos de los participantes de esta edición ya contribuyeron el año pasado a la redacción de la Carta por la innovación, creatividad y acceso al conocimiento que, entre otros puntos, reivindica el derecho de cita y la copia privada entre iguales mientras no se obtenga un beneficio económico. La carta ha recibido este año el apoyo de Richard Stallman, el padre del movimiento del software libre.

España: La SGAE ya trabaja en un nuevo canon digital

Libertad Digital

Revolución en el ámbito de los derechos de autor y, por consiguiente, también en la industria tecnológica. La sentencia del TJUE publicada el jueves obliga a modificar el actual sistema de "compensación equitativa por copia privada", el conocido comúnmente como "canon digital", unatasa legal por la que los autores permiten a los particulares copiar sus obras sin necesidad de consentimiento expreso a cambio de una determinada cantidad con el fin de paliar un hipotético daño a sus derechos de autor.
Hasta ahora, el canon se cobraba de forma indiscriminada a todos aquellos agentes (personas físicas y jurídicas) que adquirieran los soportes y equipos susceptibles de almacenar contenidos protegidos, según el listado oficial aprobado por el Gobierno socialista en 2008. Sin embargo, la sentencia modifica de forma radical el actual sistema vigente en España, ya que establece que no se puede aplicar de forma "indiscriminada". Así, empresas, profesionales y administraciones públicas quedarían exentos del pago de dicha tasa.
El problema es que, según la orden aprobada por el Ejecutivo, las entidades de gestión (cuyo máximo exponente es la SGAE) tienen derecho a cobrar unos 110 millones de euros al año mediante el cobro del canon digital. Una parte sustancial de esta cifra provenía de la tasa a aplicada a soportes y equipos adquiridos por personas jurídicas, justo las que ahora excluye el Tribunal de Luxemburgo.
Así pues, ¿cómo compensar esta diferencia? Las entidades de gestión ya trabajan a pleno rendimiento en la elaboración de un nuevo modelo de canon digital que, una vez discutido y negociado con la patronal tecnológica (Asimelec), será presentado al Ministerio de Cultura.
El director general de Asimelec, José Pérez, señala que "esta sentencia va a tener un enorme calado ya que va a exigir cambiar la normativa española que define actualmente el modelo de canon digital para adecuarlo a la legislación europea". Asimismo, el portavoz de las entidades de gestión, Rafael Sánchez, coincide en que el actual modelo "deberá ser modificado. Industria tecnológica y entidades tendremos que negociar un nuevo sistema" para cumplir con los preceptos que establece la ley, ya que el Gobierno está ahora obligado a incluir nuevas "excepciones" al pago del canon digital (personas jurídicas).
Tanto en 2003, pero sobre todo en 2008, años en los que se modificaron las tarifas a aplicar y el listado de productos gravados con el canon, industria tecnológica y entidades de gestión negociaron un determinado modelo, consistente en tratar de reducir al máximo las tarifas a cambio de repartir la factura entre todos los agentes obligados por ley a compensar a los autores por la copia de sus obras (tanto personas físicas como jurídicas), según fuentes del sector. Luxemburgo acaba de señalar que este modelo indiscriminado es contrario al Derecho Comunitario. Según la sentencia, el canon digital tan sólo se puede aplicar a las personas físicas (particulares).
Nueva negociación
Por el momento, ya hay encima de la mesa dos posibles vías para establecer un nuevo canon y cubrir así los citados 110 millones:o bien subir las tarifas a los particulares o bien repercutir directamente parte del canon a los fabricantes, proveedores e importadores de productos tecnológicos. Ésta es, precisamente, una de las propuestas que se han barajado en la Comisión de Cultura en el Congreso, encargada de estudiar la legislación relativa a derechos de autor en España.
La cuestión aquí es que, según el TJUE, si bien el canon se aplica a los fabricantes, éstos pueden repercutir legítimamente dicha tasa al usuario final incluyéndola en el precio de los productos. Pese a ello, las grandes empresas tecnológicas denuncian que el canon digital daña a la industria y lastra su competitividad internacional, ya que encarece el precio de sus productos.
En definitiva, se prepara una nueva negociación entre patronal tecnológica y entidades. Los autores ya trabajan en una propuesta para modificar el canon digital en España. Pero este proceso coincide en el tiempo con una nueva negociación a nivel comunitario para adaptar la normativa sobre derechos de autor -vigente desde 2001- al ámbito de internet y el mundo digital, con lo que el nuevo canon podría quedar en suspenso y no llegar a aplicarse a la espera de lo que suceda en Bruselas, según fuentes del sector empresarial.
"Sin carácter retroactivo"
Por otro lado, Sánchez explica aLibertad Digital que la sentencia del TJUE "no tendrá efectos con carácter retroactivo", es decir, que las entidades de gestión no tendrán que devolver el dinero del canon a empresas y entes públicos, tal y como asevera el abogado que ha llevado el caso, Josep Jover. Según este letrado, las empresas podrán exigir hasta 500 millones de euros tras la sentencia, en base al canon cobrado de forma ilegal a personas jurídicas durante los últimos años.
"Imposible", según Sánchez, ya que la recaudación del canon ha sido muy inferior a 100 millones anuales desde 2003, pero es que, además, "la sentencia no dice nada acerca del carácter retroactivo".
Jover, por el contrario, declara a LD que "ya hay tres ayuntamientos dispuestos a reclamar en los tribunales la devolución del canon digital pagado en los últimos años". Así, una oleada de reclamaciones por parte de empresas y entes públicos amenaza con reproducir este tipo de casos en los juzgados de España.
Además, recuerda que la sentencia califica de ilegal la exigencia del canon a las empresas comercializadoras (tiendas) con efectos retroactivos, como es el caso de todos los procedimiento vigentes –y el de Padawan, artífice de la sentencia del TJUE–, "sin que éstas hayan tenido la posibilidad real de trasladar ese importe a los consumidores finales (por ejemplo, porque la ley no exigía la aplicación del canon en determinados productos en concreto)". Además, "se abre la puerta a solicitar que se anulen todas las sentencias que obligaban a personas no físicas a pagar el canon".
Por último, Jover advierte de que el Estado español tiene la obligación de dejar de aplicar el canon "inmediatamente tal y como lo hace ahora, asumiendo la responsabilidad de lo indebidamente hecho".
"Cuando el Estado construye un puente... y éste se cae por su mal diseño, el Estado paga los daños y desperfectos a los damnificados. Si ha diseñado una ley equivocada... y ésta se ha caído, ha de pagar los daños y desperfectos ocasionados; y el que recaudó indebidamente devolver lo irregularmente adquirido", concluye el abogado.

Golpe a la SGAE: el canon digital a empresas y profesionales es ilegal

Libertad Digital

Tras años de lucha judicial, una pequeña tienda de informática española se ha llevado el gato al agua después de vencer en los tribunales a la todopoderosa SGAE y a las restantes entidades de gestión también personadas en el procedimiento en Luxemburgo (AIE, AGEDI, CEDRO y EGEDA).
El caso se remonta a 2004, año en el que Ana María Méndez, la propietaria de la empresa barcelonesa Traxtore (nombre con el que opera Padawan), recibe la primera comunicación oficial de la SGAE. En la misiva, la entidad de gestión que preside Teddy Bautista comunica a dicha empresaria que vaya preparando toda la documentación pertinente para llevar a cabo una auditoría interna, con el objetivo de verificar las "operaciones sometidas a remuneración".
Es decir, los equipos y soportes informáticos vendidos por la tienda y sujetos al pago del denominado canon digital, una tasa destinada a gravar todos aquellos productos susceptibles de poder reproducir y almacenar obras protegidas por los derechos de autor -desde CDs y DVDs, hasta MP3 e impresoras-.
La SGAE reclamaba así el cobro del canon a esta tienda por los productos digitales comercializados entre 2002 y 2004. Es decir, tanto antes como después de septiembre de 2003, fecha en la que la patronal tecnológica (Asimelec) y las entidades de gestión acuerdan las tarifas del canon a aplicar sobre determinados soportes y equipos. Sin embargo, las tarifas sobre CD y DVD no se incluyen en el texto de la Ley de Propiedad  Intelectual (LPI) hasta mediados de 2006 con carácter provisional, y no es hasta mediados de 2008 cuando se publican las tarifas definitivas así como el listado de productos gravados con el canon digital.
Desde entonces, la empresa inicia una dura y larga lucha en los tribunales de España enfrentándose al cobro indiscriminado del canon por parte de la SGAE. Tras diversas resoluciones y recursos, el caso, defendido por el abogado Josep Jover, presidente de Apemit (Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías), acaba finalmente en manos del Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo en 2008, después de que la Audiencia Provincial de Barcelona trasladase el caso al máximo órgano jurisdiccional de la UE, paralizando así numerosos procedimientos a la espera de sus pronunciamiento.
Y es que, los sistemas de canon digital (conocidos técnicamente como "compensación equitativa por copia privada") existentes en Europa derivan de una directiva comunitaria  que debía haberse transpuesto al derecho español antes del 22 de diciembre de 2002, aunque no se transpuso, y además se hizo mal -tal como acreditan los órganos jurisdiccionales comunitarios-, hasta mediados de 2006. De ahí, precisamente, que sea Luxemburgo, en última instancia, el encargado de interpretar si la aplicación de esta normativa en los distintos países se ajusta o no a derecho.
Pues bien. Tras meses de espera, el TJUE ha emitido este jueves su sentencia. Y el resultado no es, desde luego, favorable a la pretensiones de la SGAE y el resto de entidades de gestión personadas en el caso (AIE, AGEDI, CEDRO y EGEDA, las más importantes del país tras la entidad de Baustista).
La conclusión de Luxemburgo es clara: la aplicación del "canon por copia privada" a los dispositivos no adquiridos por personas físicas, sino adquiridos por empresas, profesionales y administraciones públicas, para fines distintos de la copia privada, no es conforme con el Derecho de la Unión Europea.
Dicho de un modo más comprensible, las empresas, profesionales y entes públicos quedan exentos de pagar el canon digital que, hoy por hoy, se aplica de forma indiscriminada a la lista de soportes y equipos informáticos elaborada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
A continuación, las claves de la sentencia:
1. Es legítimo que los fabricantes, importadores o distribuidores abonen a las entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual una compensación única, determinada para cada medio de reproducción, bajo la forma de canon por copia privada, en la medida en que dichas empresas tengan la posibilidad de repercutir la carga real de tal financiación sobre los usuarios privados.
2. El canon nace para compensar el perjuicio sufrido por el autor tras la reproducción privada de su obra protegida y, por lo tanto, el criterio para aplicar el importe de esta tasa vendrá determinado por dicho "perjuicio", teniendo en cuenta que no hay obligación de compensar en aquellos casos en que el perjuicio sea mínimo.
3. Sin embargo, la Directiva europea señala que este sistema de "compensación por copia privada" mantenga un "justo equilibrio" entre los titulares de los derechos (autores) y los usuarios de prestaciones protegidas (particulares). Por lo tanto, "la persona que realiza tal reproducción para su uso privado es quien, en principio, debe reparar el perjuicio, financiando la compensación que se abonará al titular" (canon digital).
4. Puesto que resulta muy complicado verificar quién realiza o no copias de obras protegidas, "los Estados miembros tienen la facultad de establecer un canon por copia privada que grava a las personas que disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital".
5. Ahora bien, según el Tribunal, un sistema de canon "sólo es compatible con dicho justo equilibrio en caso de que los equipos, aparatos y soportes puedan utilizarse para realizar copias privadas y, por lo tanto, puedan causar un perjuicio a los autores de obras protegidas". De este modo, el Tribunal considera que existe una "necesaria vinculación entre la aplicación del canon y la utilización para realizar reproducciones privadas".
6. Así pues, y éste es el punto clave, "la aplicación indiscriminada del canon en relación con todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, incluido el supuesto de que éstos sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resulta conforme con la Directiva".
¿Qué significa esto? Simplemente, que el cobro del canon digital a empresas y profesionales ("personas distintas a personas físicas") es ilegal. Todos ellos, deben quedar exentos del canon que grava productos y soportes tecnológicos, tal y como se venía aplicando en España. Lo mismo cabe decir respecto a las compras hechas por la Administración Pública, que también venían pagando canon.
7. Por otro lado, "nada impide que el importe del canon se repercuta en el precio de los soportes de reproducción o en el del servicio de reproducción, de modo que, en definitiva, los usuarios privados asumen la carga".
El problema es que la LPI establece que deben ser los fabricantes, y no el usuario final, quienes paguen el canon digital, tal y como ha reiterado la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. La UE determina ahora que dicha afirmación carece de todo fundamento, tal y como avanzó Libertad Digital, lo cual evidencia su incultura respecto al canon. Y es que, el Tribunal de Luxemburgo señala sin género de dudas que los fabricantes pueden repercutir legítimamente el canon al consumidor final, incluyendo esta tasa en el precio del producto.
8. Por último, el Tribunal de Justicia recuerda que corresponde al juez nacional apreciar, a la vista de las respuestas facilitadas, si el sistema español del canon digital es compatible o no con la Directiva comunitaria. La cuestión es que, si bien la Audiencia de Barcelona tiene la última palabra sobre esta cuestión, el Tribunal de la UE deja muy claro que el canon que se cobra a profesionales, empresas y entes públicos es contrario al Derecho Comunitario y, por tanto, ilegal.
De hecho, en esencia, el Tribunal viene a dar la razón a la abogacía de la UE, encargada de llevar el caso en Luxemburgo, y tumba la perspectiva indiscriminada de la SGAE a este respecto.
Además, la Audiencia de Barcelona ya dictó en su día que las empresas u organismo públicos no paguen el canon digital. Se trata, pues, de un gran golpe a la SGAE y demás entidades de gestión y al sistema "indiscriminado" de canon digital impuesto por el Gobierno socialista en España.
Hasta ahora, todos, particulares, empresas y Administración Pública, estaban obligados por ley a pagar dicha tasa que, en teoría, sirve para compensar a los autores. Luxemburgo tacha este modelo de ilegal y contrario a Derecho, ya que tan sólo se puede aplicar a particulares, y que además en este caso la tarifa aplicable se debe basar en el daño causado.
De este modo, abre una vía de agua muy sustancial para que empresas y profesionales inicien acciones legales con el fin de solicitar la devolución del canon pagado en los últimos años mediante la compra de productos tecnológicos.
Así pues, Padawan, una pequeña tienda de informática barcelonesa, ha ganado la guerra a la todopoderosa SGAE y al resto de entidades de gestión, pero su victoria favorece a miles de empresas y profesionales, así como a todos los niveles de Administración Pública (Ayuntamientos, Administración Autonómica y Administración del Estado) y, por lo tanto, a los contribuyentes, ya que obliga a cambiar el actual sistema, tal y como reconoce la propia Sinde. Gran golpe a la SGAE, gran golpe al Gobierno de Zapatero.

El ataque a las web de SGAE y Cultura podría conllevar sanciones

La Vanguardia

ataque de DDoS que sufrieron a lo largo del pasado miércoles las web del Ministerio de Cultura y de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) no es delito, pero podría conllevar sanciones económicas para los responsables del colapso en caso de que los afectados recurran a la vía civil.

Según explicó el abogado especializado en nuevas tecnologías David Bravo en declaraciones a Portaltic, la duda que podría surgir ante este ataque es "si se trata de un ilícito civil", lo que permitiría tanto a SGAE como a Cultura iniciar una acción judicial "por los daños causados". En caso de que el juez admitiera a trámite la demanda y encontrara culpables a los responsables del ataque, habría que establecer una "tasación indemnizatoria" que se basaría en los perjucios causados a la SGAE y Cultura por los gastos "extras" que conllevaría solucionar el bloqueo.

No obstante, en este apartado Bravo resalta que los demandantes se encontrarían con "un problema práctico": la identificación de los atacantes. En cualquier caso, insiste en que este proceso de reconocimiento no sería responsabilidad de la justicia, sino de "los propios atacados".

Respecto a las penas de cárcel, el abogado descarta esta posibilidad puesto que "todavía" no están contempladas penas por estas acciones en el código penal, si bien recuerda que la reforma que entrará en vigor a partir del próximo 23 de diciembre sí lo hará. "En la actualidad, el código penal exige que el ataque produzca un deterioro en los datos de la web dañada, algo que no ha ocurrido en este caso. Sin embargo, en la reforma del código penal la paralización temporal de cualquier espacio sí supondrá un delito", señaló.

Una vez puestos en marcha los cambios en el código, las penas de cárcel oscilarían entre seis meses y dos años. Más de 17 horas después del ataque (10:00 horas del jueves 7 de octubre), las webs del Ministerio de Cultura y de la SGAE seguían incaccesibles para los internautas.

Foros de EE UU y Suecia incitan a seguir el ataque contra la SGAE y Cultura

El Pais

La SGAE ha publicado un comunicado en el que da por superado el ataque que ha padecido su web desde ayer por la tarde. Esta mañana, el sitio, al igual que el del Ministerio de Cultura eran accesibles de forma intermitente. Al mediodía, el sitio de la sociedad de gestión estaba totalmente operativo.La SGAE explica en su nota que "lamenta la actuación de quienes han tratado de impedir la actividad de una entidad que defiende la creación y lucha para que los autores reciban una justa remuneración por el trabajo que realizan. La web del ministerio estaba activa a primera hora de la tarde. Sin embargo, el ataque no ha cesado y desde foros en Estados Unidos y Suecia se incita a proseguirlo. Y de hecho, con menos reiteración, los sitios quedan bloqueados episódicamente.
José Neri, director de sistemas de información de la SGAE, ha explicado a este diario que el ataque era muy sofisticado ya que utilizaba nueve tipos distintos de progarma. Las dos caídas más largas de la web se produjeron en la tarde del miércoles y por la noche con una duración cada una de sesenta minutos. La SGAE tiene el registro de las direcciones de Internet (IP) atacantes.
"Brutal". Con este adjetivo calificó ayer un portavoz de la SGAE el ataque que desde la tarde sufría su web. Según fuentes de la SGAE, el ataque no ha afectado a la intranet de la entidad ni a servicios como el correo electrónico.
Tanto el sitio de la sociedad de gestión como el del Ministerio de Cultura en Internet han sido el objetivo de un ataque de denegación de servicio convocado por el grupo ciberactivista internacional Anonymous, desde el sitio 4Chan, en protesta por su política contra las descargas de obras protegidas y el canon digital. El portavoz de la SGAE comentó que la entidad había padecido ataques con anterioridad, pero nunca de la dimensión del iniciado ayer.
El ataque estaba convocado para que se iniciara a las 0.00 de hoy. En algunas páginas había un contador que mostraba el tiempo que faltaba para el inicio oficial del mismo, que, finalmente, se anticipó. Muchos internautas se adelantaron y por la tarde las dos webs citadas estaban bloqueadas. La de la SGAE sufrió, en un plazo de tres horas, 20 caídas.
Luis Corrons, de Panda Labs, comentó que un ataque de este tipo, basado en multiplicar por parte de internautas las peticiones de acceso a una web hasta provocar la saturación del servidor, es muy difícil de combatir. "A los atacantes les basta con descargar una herramienta que se encuentra en Internet. El sitio atacado puede contratar más ancho de banda, pero ni este recurso garantiza que, al final, si el ataque es masivo, la web resista".
El ataque al sitio de Internet de la SGAE se enmarca dentro de una campaña internacional del citado grupo. "Todo comenzó cuando una serie de empresas norteamericanas contrató una firma india para que persiguiera a los más destacados sitios de descargas de contenidos protegidos. La citada firma, enviaba un aviso al sitio advirtiéndole de que si no cesaba su actividad lo sometería a un ataque de denegación de servicio para bloquearla. La respuesta de Anonymous ha sido la de acudir a la misma táctica", comenta Corrons.
El éxito de un ataque de este tipo depende del número de internautas que participen en él y del servidor del sitio atacado. "De todas formas es muy difícil, y caro, responder técnicamente al mismo porque la solución es ampliar el ancho de banda, un aumento por el que hay que pagar a la operadora. Y ni eso garantiza quedar inmune al mismo".
En la página donde se convoca la Operación Payback se argumenta que el espíritu de la revolución tecnológica basado en el espíritu anárquico de compartir ideas está siendo aplastado. Por la tarde, colgaron un texto en el que critican el canon digital y señalan a la SGAE y al Ministerio de Cultura como sus promotores o beneficiarios. En el texto se afirma que el canon ha encarecido el precio de la música sin que el artista cobre más por ello. La SGAE, afirman, tiene como lema "Cree en la Cultura" pero persiguen el intercambio de la misma.
En la actualidad, un ataque a una web que no suponga daños de datos no es perseguible por la vía penal. Sin embargo, cuando en diciembre entre en vigor la reforma del Código Penal, el ataque a un sitio de Internet, aunque la única consecuencia sea impedir el acceso de los internautas, podrá ser castigado.
También en Reino Unido
Un ataque similar, lanzado por el mismo grupo se vivió esta semana en el Reino Unido. Su objetivo fueron una firma de abogados, Gallant Macmillan, que reclama ante los juzgados la identidad de cientos de direcciones de Internet donde han detectado descargas. La otra víctima ha sido, precisamente, su cliente, la compañía de música Ministry of Sound.

Las páginas de la SGAE y el Ministerio de Cultura vuelven a funcionar con normalidad

El Mundo

Las páginas web del Ministerio de Cultura y de la Asociación General de Autores y Editores han vuelto a funcionar con normalidad tras el ataque de denegación de servicio, o DDoS, sufrido ayer.
Ambas páginas permanecieron inactivas durante más de 20 horas después de que el grupo 'Anonymous' convocase a los internautas a través de 4chan para realizar este ataque en su 'Operation payback' ('Operación Venganza'). Esta operación ya había afectado anteriormente a las páginas de la Asociación Americana de la Industria Musical (RIAA), la Asociación Americana Cinematográfica (MPAA), la firma de abogados ACS:Law o Ministry of Sound, entre otras.
De hecho, el ataque contra la firma ACS:Law resultó en la publicación de de miles de usuarios de banda ancha en Reino Unido.
Anonymous justificó este ataque alegando que "pagar a los gobiernos por los medios digitales es ridículo. El artista que hace música quiere ser pagado. Los sellos musicales quieren su porcentaje justo por producir, los organismos de control quieren su porcentaje y, gracias al Ministerio de Cultura, el Gobierno asume un beneficio adicional".
El resultado de esta situación, según la organización es pagar "un precio extraordinariamente alto por la música" así como "un pago mínimo para el artista", que es quien debería ver su esfuerzo recompensado.
Asimismo, critican el eslogan de la SGAE, "creemos en la cultura", pues, aseguran, esta organización "restringe la nueva creatividad al evitar que esta sea compartida". Además, también se refieren al canon digital, "un peligro a la libertad de expresión, pues cualquier sitio puede ser eliminado con la excusa de que hospeda propiedad intelectual".
Por todo ello, consideraban que el Ministerio debía "recibir el mensaje de que su rumbo actual sólo llevará a una mayor controversia y protesta".
La página web de Promusicae, que también se vio afectada por el ataque, todavía no funciona correctamente.