El Pais
La Unión Europea ha estado vigilando la política británica de protección de datos en Internet desde abril de 2009. Al final ha decido llevar Londres ante el Tribunal de Justicia Europeo. El origen del conflicto está en una serie de demandas de ciudadanos británicos descontentos con la desprotección que su Gobierno mantiene en este tema y la nula respuesta dada a sus protestas. A pesar de los avisos comunitarios, Londres no ha introducido correcciones legislativas para solventar algunos problemas como, por ejemplo, el rastreo de las conductas de los internautas en la Red para ajustar los mensajes publicitarios.
Bruselas recrimina a Londres que no haya creado una autoridad nacional para tratar estas reclamaciones y supervisar las conductas de las empresas en Internet. Otro punto conflictivo es que se pueden interceptar las comunicaciones no sólo cuando hay consentimiento del interesado. También cuando se supone razonablemente este consentimiento. La Unión Europea exige que la manifestación de este consentimiento sea voluntaria, libre y una decisión informada.
Esta semana, el Reino Unido ha visto como los datos de internautas que una empresa de abogados privada, especializada en perseguir las descargas de archivos protegidos en la Red, se filtraban en Internet.
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